Todo indica que estamos viviendo el escenario de la tercera guerra mundial, misma que ya había sido iniciada mucho antes de la llegada del coronavirus al mundo. Esta tercera guerra mundial no es una guerra convencional, sino una guerra económica y (geo) financiera. Hace unos meses se ha añadido a esta ofensiva el componente biológico. […]
Todo indica que estamos viviendo el escenario de la tercera guerra mundial, misma que ya había sido iniciada mucho antes de la llegada del coronavirus al mundo. Esta tercera guerra mundial no es una guerra convencional, sino una guerra económica y (geo) financiera. Hace unos meses se ha añadido a esta ofensiva el componente biológico. No es casual que los analistas anti-sistema como Alfredo Jalife, por un lado, y que magnates multimillonarios como Bill Gates, por el otro, hayan advertido esta situación hace más de un lustro.
Mientras Estados Unidos y China se culpan mutuamente por la emergencia del COVID-19 la confusión, la muerte y la ambición de los poderosos magnates se disputan el control del mundo.
Los grandes ganadores, es decir, los organismos supranacionales y las grandes corporaciones farmacéuticas intervienen en el escenario cual grandes filántropos y actores neutrales. Sin duda carecen de lo que ostentan.
Años atrás los más altos ejecutivos del FMI manifestaron su “gran preocupación” por el incremento de la población mundial adulta mayor. Es más, consideraron esta situación como un problema, en tanto que implicaría un mayor gasto económico para los gobiernos, empresas y aseguradoras. Los economistas acuñaron una expresión más sutil: “riesgo de longevidad”, visto como una amenaza para las finanzas públicas.
El capitalismo siempre ha priorizado el crecimiento económico por encima de la vida humana. Eso no es nuevo. Y no es casual que los principales afectados por la pandemia del COVID-19 sean los adultos mayores. ¿Qué está pasando? Nos estamos enfrentando a la implementación de medidas neomalthusianas drásticas de control de la población, mismas que favorecen las aspiraciones del FMI y de los poderes fácticos “supranacionales” del mundo. La reducción intencional de la población adulta mayor en el mundo viene combinada con ganancias millonarias aseguradas para las farmacéuticas con la venta de la Hidroxicloroquina y la vacuna (una vez que sea aprobada y difundida).
Los planes obscuros de quienes manejan la plandemia distan de priorizar la salud pública de la población y se conducen a un objetivo más ambicioso: establecer un nuevo orden político y económico a nivel mundial donde los derechos humanos van perdiendo valor y donde la autoridad de los Estados pesa cada vez menos.
La cuarentena es necesaria (no cabe duda), sin embargo dista de ser la mejor solución si no viene acompañada de medidas complementarias para evitar el avance de los focos de contagio. Aplicar otras medidas es un imperativo y sabemos bien qué medidas son más urgentes: las miles de pruebas que deben realizarse; el equipamiento adecuado de los hospitales y otros centros destinados a tratar a los contagiados; y la adecuada administración de la ayuda internacional.
El aislamiento (encarcelamiento) extendido de la población y el estado de incertidumbre continuo, no hacen más que sustraer las libertades civiles y políticas de la mayoría de la población obligándola a aceptar cualquier imposición de los gobiernos, algunos de ellos ahora en crisis de legitimidad (como sucede en Chile, Brasil y Bolivia).
Esta situación no podrá permanecer de manera indefinida en América Latina, donde la realidad cotidiana y las luchas de los pueblos distan siquiera de parecerse a las de Europa o Norteamérica.
Esther Calderón. Politóloga, filósofa y escritora.