Un tribunal ‘endurece’ la condena al líder indígena maya Bernardo Caal Xol, sentenciado a más de 7 años de cárcel tras oponerse a grandes hidroeléctricas.
El pasado 7 de septiembre, tras casi dos años de espera a un recurso de apelación, una nueva decisión judicial ‘endurece’ la condena judicial del líder indígena ambiental Bernardo Caal Xol, defensor de derechos humanos y ambiental en Guatemala frente a grandes hidroléctricas. La apelación por parte de la defensa se presentó para que el fallo fuera anulado por estar ‘viciado’ en forma y fondo, pero los magistrados de la sala VI de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, desestimaron las tres apelaciones de forma y siete de fondo que interpusieron los abogados defensores al fallo, lo que no puede entenderse si no es en un contexto de criminalización y persecución judicial hacia este dirigente maya q’eqchi’.
Caal Xol fue condenado en noviembre de 2018 a una pena de siete años y cuatro meses de prisión, tras ser acusado por cuatro trabajadores de una empresa subsidiaria de la hidroeléctrica OXEC S.A., por delitos de robo agravado y detenciones ilegales que, según la denuncia, tuvieron lugar en el 2015. Las pruebas que implicaban personalmente al líder en ambos delitos fueron exclusivamente las declaraciones de las supuestas víctimas, cuyos testimonios cambiaron en el proceso según se desmentían fehacientemente algunas de sus afirmaciones.
Cabe señalar que Bernardo Caal ha sido declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, el primero en Guatemala tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
Durante los dos años que Caal Xol ha permanecido en la cárcel a la espera de que se resolvieran sus apelaciones, numerosos magistrados suplentes han denegado y/o excusado su participación en el proceso, provocando que se alargara en el tiempo. Finalmente, esta semana se comunicó que ninguna de las apelaciones habían sido aceptadas, salvo la del Ministerio Público que solicitaba la eliminación de conmutación de una parte de la pena por una cantidad económica. Por tanto, deberá pasar los siete años y cuatro meses en la cárcel, donde está desde enero de 2018.
Para el Colectivo Madre Selva, de Guatemala, y Alianza por la Solidaridad-ActionAid se trata de un claro caso de criminalización de un líder que se ha enfrentado a empresas poderosas, al igual que hizo en Honduras la fallecida Berta Cáceres. OXEC se suma a otro proyecto hidroeléctrico, RENACE, en Alta Verapaz, construido en parte por la empresa española Grupo Cobra-ACS, el cual ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 indígenas.
En el caso de OXEC S.A., Caal Xol había denunciado la no realización de una consulta previa y obligatoria a los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica, la apropiación indebida de territorios de propiedad indígena y la tala de bosques.
“Quieren acallar la lucha indígena y dar un escarmiento con el caso de Bernardo para que no haya más protestas. OXEC S.A. ya ha sido condenada por talar el bosque y no ha cumplido la sentencia, pero no pasa nada. En este país la Justicia está coptada, así que pueden condenar a los líderes del pueblo sin pruebas mientras que las empresas no hacen caso de las resoluciones judiciales”, denuncia Julio González, del Colectivo MadreSelva.
Las condiciones en el penal de Cobán donde está preso este defensor de los ríos son infrahumanas. Construido para 180 plazas, hoy acoge a unas 500 personas, muchas de las cuales duermen en el suelo. Pese a que Caal Xol es persona de riesgo en caso de contagio de COVID19, se le ha negado la posibilidad de que sea atendido por un médico externo a la prisión, según informa su abogado Edgar Efraín de León.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid relanza hoy su campaña de recogida de firmas en su web, con objeto de dar visibilidad y aumentar la presión para la liberación del líder. Ya hay más de 13.000, recogidas con el apoyo de otras organizaciones internacionales, como Greenpeace y la campaña Derechos a la Tierra Ya, pero se necesitan muchas más.
En 2019, en Guatemala hubo 15 asesinatos de líderes sociales y se contabilizaron 494 agresiones en contra de personas, comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, según los últimos datos recabados por UDEFEGUA. Esta situación está empeorando en el contexto COVID19 con la declaración del estado de sitio en varios departamentos del país.