Bien puede decirse que, al iniciar abril, el Perú ingresa a la recta final en lo que se refiere a los comicios nacionales del 2016. Las encuestas traen algunas sorpresas, pero el escenario está más bien marcado por el retiro de varios candidatos que declinaron su participación luego de reparar que no tendrían opción electoral […]
Bien puede decirse que, al iniciar abril, el Perú ingresa a la recta final en lo que se refiere a los comicios nacionales del 2016. Las encuestas traen algunas sorpresas, pero el escenario está más bien marcado por el retiro de varios candidatos que declinaron su participación luego de reparar que no tendrían opción electoral alguna.
De alguna manera, y por la naturaleza de la contienda, en ella se entremezclan dos elementos: la opción ciudadana en procura de un nuevo gobierno, y el peligro que la Mafia recupere posiciones de Poder de las que se viera privada a partir del 2011.Por esta segunda consideración la campaña de unos y otros candidatos se ha medido también por su actitud ante la corrupción y la impunidad, que preocupan a los peruanos.
En Lima y en otras ciudades del país, la necesidad de cerrar filas contra estos elementos, ha tomado la forma de un deslinde claro con relación a la Mafia que, electoralmente, representan Keiko Fujimori y Alan García. Millares de peruanos de toda condición social, en Arequipa, Cusco, Ayacucho, Tacna, Huancayo, Chimbote y otras ciudades; han tomado parte en esta tarea.
En verdad, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, profesionales y técnicos, obreros y empleados, pobladores urbanos y rurales; todos, se han visto urgidos a una movilización constante que ha puesto una nota de alerta en la conciencia de los peruanos.
Recientemente, en la Plaza San Martin, el pasado 30 de marzo, tuvo lugar una nueva -la tercera- movilización en rechazo a la opción mafiosa en marcha. Una muy nutrida concurrencia, expuso claramente su voluntad unitaria y su decisión de expresarla incluso en una dimensión mayor el próximo martes 5 de abril.
En la circunstancia, invitado a hacer uso de la palabra por los organizadores del evento, tuve la posibilidad de decir, entre otras cosas que «esta lucha por la dignidad y la justicia se nutre de la historia de nuestra patria. Viene de nuestros antepasados, de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru, de los libertadores de la Independencia, de José Carlos Mariátegui -que nos dio conciencia y sentimiento se clase-; y se nutre con el ejemplo de quienes ofrendaron su vida por nuestra causa, como Pedro Huilca, o supieron enarbolar la invicta bandera de los trabajadores, como Isidoro Gamarra. Y ella exige la más amplia unidad. Debemos sumar fuerzas y juntarnos todos, independientemente de nuestras ideas políticas, filiaciones partidarias o creencias religiosas. Porque la lucha contra la Impunidad y la Corrupción, nos convoca a todos».
Y es, en efecto, así. La herencia fujimorista, servilmente servida por Alan García en el periodo 2006-2011 afectó en primer lugar a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores; pero además, envileció la sociedad peruana enseñoreando la corrupción y la impunidad como forma de gestión del Estado.
A los jóvenes les quitó virtualmente el derecho a una educación de calidad abriendo las puertas al capital privado para que conviertan la educación en una empresa comercial con fines de lucro. El deterioro de la educación pública, el abandono de la lucha por la calidad docente y la desregularización de los programas de estudio fueron los elementos claves de una política que llevó al piso el nivel educativo de los jóvenes peruanos.
Las mujeres, particularmente en las regiones alto-andinas, fueron masivamente esterilizadas en lo que constituyó una verdadera política de exterminio contra las poblaciones originarias, diezmadas, a su vez, por una violencia demencial, atribuida a la estructura terrorista Sendero Luminoso pero en lo fundamental ejecutada por un Estado Terrorista.
Y los trabajadores, cuyas conquistas sociales y laborales fueron absolutamente desconocidas. Contra este segmento de la sociedad, el «modelo» neo liberal impuesto desde 1990 y cuya esencia se mantiene aún a la luz de la Constitución írrita de 1993, descargó toda su furia. Se eliminaron más de 800 mil plazas de trabajo, bloquearon los salarios, redujeron las pensiones, eliminaron programas sociales, desaparecieron beneficios legalmente creados y se hirió mortalmente la negociación colectiva.
El Secretario General de la Central Obrera, Pedro Huilca Tecse fue vilmente asesinado, pero también lo fueron oros dirigentes sindicales y trabajadores en nuestro país.
Todo esto, en el marco de una ofensiva global orientada a borras de la cabeza de la gente las ideas políticas, reduciendo a los peruanos a la calidad de zombis intelectualmente nutridos por la «prensa chicha» y la «televisión basura», cuya tarea principal fue desconocer y denigrar la historia del Perú
Los métodos usados para la aplicación de esta política, fueron en extremo perversos. Con dineros públicos fueron pagados los medios de comunicación para asegurar su conformidad con este derrotero. Y para escarnio de todos, los videos mostrando la compra y venta de periódicos, revistas, parlamentarios, periodistas y políticos, fueron mostrados luego a peruanos atónitos. No todos, sin embargo, evaluaron ni asumieron la gravead de lo ocurrido.
Y es que, como contraparte, al gobierno de la Mafia, y a la luz de las orientaciones de los servicios secretos de los Estados Unidos -la CIA, en particular- se alzó una ofensiva supuestamente «terrorista» atribuida a Sendero Luminoso, quien se hizo «responsable» de la comisión de horrendos delitos.
Para enfrentar esta violencia, así artificialmente creada, el Terrorismo de Estado generó un clima de intimidación que paralizó a la ciudadanía. A la sombra de él, se institucionalizó la tortura y pusieron en marcha Centros Clandestinos de Reclusión.
Fueron creados Tribunales Especiales, con Jueces sin Rostro que, en audiencias secretas, dictaron sentencias anónimas condenando a numerosas personas a «Cadena Perpetua». Muchos otros, además, fueron secuestrados primero, y ejecutados extra judicialmente después; abriendo un abismo de sangre y muerte que generó un abismo inmenso que aún separa los peruanos.
Es verdad que hay aún una parte de la ciudadanía que sufre de una suerte de amnesia colectiva y que está dispuesta a borrar el pasado o atribuir las desdichas del país al «terrorismo» sin reparar siquiera en su origen; pero es verdad también que millones de peruanos repudian vigorosamente la restauración de la Mafia en el Poder.
Por eso es que el 78% de los peruanos considera que Alan García es, de los candidatos actuales, personalmente el más corrupto; en tanto que el 65% cree que Alberto Fujmori, está bien preso, y debe cumplir su condena; en tanto que más de la mitad del electorado se niega en redondo a votar por Keiko, considerándola la personificación de la Mafia.
Por iniciativa de los Colectivos Juveniles, las redes sociales, las organizaciones femeninas y los trabajadores; la movilización contra la Corrupción y la Impunidad se proyecta de modo creciente en el escenario electoral.
Hoy, en la recta final del proceso, los peruanos tenemos un deber que cumplir.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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