La situación en Perú es crítica. El golpe se ha consolidado. Las fuerzas armadas y los grupos económicos reconocen a Manuel Merino como presidente, mientras las plataformas nacionales indígenas, sindicatos y plataformas feministas lo rechazan y los gobiernos regionales del sur del país han decidido desconocer al nuevo presidente.
Manuel Merino, un diputado opositor que ganó su escaño con apenas 5,000 votos, asumió como presidente de Perú después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra tras un proceso constitucional controvertido que aboca al país a una inevitable inestabilidad en medio de la pandemia del COVID-19.
Merino, quien era y seguirá siendo titular del Poder Legislativo de forma paralela a detentar la jefatura del Estado, asumió como el tercer presidente de Perú en cuatro años mientras en todo el país se sucedían protestas que clamaban contra la destitución de Vizcarra y el Congreso “usurpador”.
El nuevo mandatario, del partido de derecha Acción Popular (AP), prometió que convocará un “gabinete de consenso y unidad nacional”, integrado por profesionales “de las más altas calificaciones” y sin colores políticos. Varios partidos políticos denunciaron que la destitución se debió a una “repartija” de cargos y promesas entre quienes votaron a favor de la misma para defender intereses particulares.
En marzo de 2020 Merino fue elegido miembro del Congreso con unos 5.000 votos por Acción Popular en representación del estado de Tumbes. La elección tuvo 24,7 millones de votantes habilitados, y AP se llevó 1.518.000 votos, un 10% de la votación general, por lo que el partido obtuvo la mayoría y la presidencia del Congreso, tras derrotar a Rocío Silva Santiesteban del partido Frente Amplio. Fue impulsor de las dos ociones de censura contra el presidente Martín Vizcarra.
Mientras, ya convertido en civil, Vizcarra retomó sus actividades privadas y expresó su “preocupación” por autoimpuesto presidente, pues se trata de una autoridad que carece de dos condiciones básicas, legalidad y legitimidad. “La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó, y la legitimidad, ¿quién la da? El pueblo. Entonces, una autoridad que no tenga legalidad definida y legitimidad de respaldo genera preocupación”, concluyó.
Las del martes y miércoles fueron jornadas durísimas, llenas de brutalidad policial y arrestos arbitrarios en diferentes ciudades. Las organizaciones humanitarias no saben cuántas personas han sido detenidas ni dónde están. Pese a la represión la ciudadanía continuó protestando en Lima y regiones para manifestarse en contra del golpe de Estado.
Vizcarra fue acusado de presuntos sobornos que habría recibido cuando era gobernador en la sureña región de Moquegua. Lo paradojal es que 68 de los congresistas cuentan con investigaciones por colusión y sobornos en la Fisalía. Los depositantes de estas coimas a Vizcarra serían consorcios de empresas que la Fiscalía viene investigando en el caso conocido como Club de la Construcción, sobornos de grandes constructoras –entre ellas la trasnacional brasileña Odebrech- para asegurarse obras viales.
Con masivas manifestaciones de protesta en las calles de distintas regiones del país -: Lima, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Iquitos, entre otras-, miles de peruanos expresaron su rechazo a la asunción de Manuel Merino como presidente, tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra aprobada por el Congreso.
La respuesta inmediata del nuevo gobierno fue una violenta represión policial contra los manifestantes, que dejó varios detenidos y heridos con disparos de perdigones, golpes y bombas lacrimógenas. “Merino, escucha, el pueblo te repudia”, “Fuera Merino”, “Merino no es mi presidente”, fueron algunas de las arengas que gritaban los manifestantes..
Ningún país ha enviado felicitaciones al nuevo mandatario. La Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación por la crisis política en Perú, a cinco meses de los comicios.
Primer ministro represor
La movilización tiene una nueva razón: la elección como primer ministro, sin gabinete, del abogado y político conservador Ántero Flores-Aráoz, quien fue titular de la cartera de Defensa en la gestión de Alan García durante El Baguazo, ocurrido en el 2009, que acabó con la muerte de 10 nativos amazónicos y 24 policías.
Los indígenas rechazaban dos decretos aprobados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permitían que empresas privadas perforaran los suelos de las comunidades en busca de petróleo y gas. Tras la matanza los decretos fueron derogados.
En una ceremonia de menos de tres minutos sin acceso a periodistas en el palacio presidencial, Merino tomó juramento a Flores-Aráoz, de 78 años, quien dijo que buscará dejar un país ordenado para enfrentar la crisis económica causada por el coronavirus y que el gobierno no adoptará medidas populistas..
La caída de la figura presidencial golpea aún más a la ya maltrecha institucionalidad peruana e instala un escenario marcado por la incertidumbre. Con Vizcarra fuera de juego, la crisis político-institucional se vuelve más grave y profunda. El escenario queda viciado de cara a las elecciones y vuelve a aparecer la posibilidad de que la vacancia se institucionalice de aquí en más como mecanismo destituyente de las minorías parlamentarias.
Electos para un período especial de apenas más de un año, las múltiples bancadas parlamentarias demostraron que legislan en función de su agenda de negocios e intereses políticos, en el tercer país del mundo con más muertos cada 100 mil habitantes por Covid-19. La desconexión de la clase política con las preocupaciones de la ciudadanía parece haberse vuelto común en un país que sufre su peor crisis en décadas.
De bajo perfil, pidió disculpas públicas en septiembre después de que dos altos jefes militares informaran al Ministerio de Defensa que Merino, un empresario ganadero, los había llamado para procurar el aval de ambos al proceso de vacancia que estaba por debatir el Congreso y del que Vizcarra saldría airoso. Rechazó la acusación de Vizcarra de que había conspirado para destituirlo y sucederlo.
A seis meses de las programadas elecciones, quien pueda capitalizar el descontento social y proponer salidas de fondo a las demandas concretas de la población, ocupará un lugar protagónico en un Perú que en 2021 celebrará su bicentenario entre destituciones, corrupción generalizada. crisis económica, social y sanitaria… y luchas populares.
La famosa institucionalidad democrática
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación acerca de la delicada situación política que se vive en el país, luego de que el Congreso logre la vacancia presidencial de Martín Vizcarra e hizo un llamado al nuevo Estado a fin de que se garantice la “institucionalidad democrática”, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y la realización de las elecciones generales el año próximo.
Por su parte Manuel Merino, afirmó que las elecciones generales 2021 no serán postergadas, y se llegarán a realizar el 11 de abril del 2021 tal y como estaba establecido.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades deben enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
Indicó, asimismo, su preocupación por algunas declaraciones de congresistas que han sugerido una enmienda de la Constitución y la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “para restablecer la pena de muerte para todos estos presidentes corruptos y altos funcionarios”, yt demandó a las autoridades a detener inmediatamente la represión de las manifestaciones y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Polarización y golpe
El sociólogo Alberto Adrianzén señaló que ¨lo sucedido en el Congreso ahonda la crisis en el país” que entra a “una etapa de crispación y de polarización, que se va a reflejar en las próximas elecciones. Es difícil decir ahora quién puede sacar mayor provecho de esto, pero creo que el radicalismo va a ganar terreno”»
“Lo que ha sucedido es terrible para la democracia. Lo que ha primado en el Congreso es una ambición por el poder. El gobierno de Merino puede ser un gobierno inviable. A pesar que será muy corto, puede hacer mucho daño”, opina el politólogo Martín Tanaka.
Cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de abril, el expresidente Ollanta Humala, la izquierdista Verónika Mendoza, el centrista Julio Guzmán y el derechista George Forsyth, se expresaron en contra de la destitución de Vizcarra por el Congreso, la que criticaron duramente.
La precandidata presidencial por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, señaló que los peruanos seguirán movilizándose hasta recuperar la democracia. «Mientras se autojuramenta el Gobierno ilegítimo en el Congreso, miles de ciudadanos en diversas regiones expresan su repudio a esta clase política que nos da la espalda y manda a reprimir. Pero no nos amedrentan, seguiremos movilizados hasta recuperar la democracia», tuiteó.
Mendoza señaló que «solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente y criticó a los congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial. «Lo único que les ha importado es su inmunidad para huir de la justicia y atornillarse en el poder», dijo.
Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente., añadió la joven líderesa de centroizquierda.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)