Más de 80 por ciento de los peruanos favorecen el cambio parcial o total de la constitución neoliberal vigente en el país desde hace tres décadas, mientras la defensa legal del depuesto presidente Pedro Castillo presentó esta semana una demanda ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunciando “actos de tortura permanente” contra el encarcelado exmandatario y su familia.
El Perú es una democracia en riesgo, en proceso de intervención por un congreso desaprobado por el 90 por ciento de la población, que vive un lento, soterrado y permanente golpe de estado parlamentario destinado a preparar el terreno institucional que avale un fraude electoral el 2026 y consolide, bajo pretexto de defender la democracia, un sombrío gobierno dictatorial remedo del fujimorato, afirma Rudecindo Vega Carreazo, abogado y exministro.
El ejecutivo con la servil Dina Boluarte; ya copó el Tribunal Constitucional, intervino la Defensoría del Pueblo y concretó su intervención del Ministerio Público mediante una inconstitucional inhabilitación de una Fiscal Suprema. El golpe lento congresal hasta el 2026 busca instalar, luego del 2026, una democracia vacía.
Por eso no extrañan los resultados del sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que indican que solo 14 por ciento de los peruanos considera que la carta magna aprobada en 1993 debe permanecer sin cambio alguno.El apoyo a la opción del cambio total es mayor en las zonas rurales, en las que alcanza 52 por ciento, mientras en las zonas urbanas igual porcentaje quiere solo cambios parciales.
Solo 14 por ciento se inclinó por la opción de que la constitución sea cambiada o reformada por el desprestigiado parlamento actual. El diario La República apunta que el leve descenso del apoyo al reemplazo de la Constitución guarda concordancia con la disminución de las protestas sociales contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, que dejaron un saldo de al menos 70 muertos registraron entre diciembre y marzo últimos.
Esas movilizaciones demandaron nuevas elecciones generales adelantadas y un referendo para convocar a una asamblea constituyente. Nuevas protestas de similar contenido se alistan para iniciarse el 19 de julio próximo. El presidente constitucional Pedro Castillo, destituido por el legislativo y reemplazado por Boluarte, incluía la asamblea constituyente en su plan de Gobierno, pero la mayoría parlamentaria opositora bloqueó la posibilidad de convocar un referendo sobre el tema.
Mientras, la desaprobación de la gestión de Boluarte supera el 77 por ciento y la del Congreso raya el 85%.
Pese a ello, luego de una marcha en Lima para exigir su renuncia, en lo que parecía un reinicio de las incesantes protestas de principios de año, Boluarte señaló a la prensa que “el tema del adelanto de las elecciones ya estaría cerrado” y que ella “seguirá trabajando hasta julio del 2026”. Se retractó de su propuesta de finales enero de acortar su periodo y adelantar los comicios a 2024 en un intento para atemperar las persistentes movilizaciones en su contra y en contra del parlamento.
Asimismo, el arribo de tropas de EEUU genera zozobra en Perú por el contexto de preparativos de protestas sociales y por los antecedentes intervencionistas de Washington. El Congreso autorizó el ingreso de tropas militares de EEUU al territorio nacional peruano, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2023. “Luego de entregar el litio y otros recursos al extranjero, Dina Boluarte y el Congreso socavan la soberanía nacional autorizando el ingreso de tropas de Estados Unidos para ‘formación’ de policías y militares’”, declaró la ex ministra de la Mujer Anahí Durand.
La demanda de Castillo en la ONU
En el documento entregado al Comité contra la Tortura de la ONU se indica que la incomunicación absoluta le causa a Castillo y a su familia “graves sufrimientos”. No se le permite a Castillo hablar por teléfono con su esposa y sus dos hijos exiliados en México.
La denuncia pone énfasis en el daño producido a su hija Alondra, de 12 años, por no poder hablar con su padre desde que éste fue detenido por policías que le apuntaban con fusiles el 7 de diciembre, incomunicación que tiene como objetivo “castigar y escarmentar” al exmandatario “por ser opositor político de los sectores que lo destituyeron en forma inconstitucional de la presidencia”.
Esta demanda ha sido presentada por los abogados argentinos Raúl Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes solicitan al Comité de la ONU que ordene al Estado peruano “el cese inmediato de los actos de tortura denunciados” y que se investigue y sancione penalmente a los responsables.
Anteriormente, los abogados habían presentado otras demandas en instancias internacionales. En abril lo hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando la violación de los derechos políticos y civiles de Castillo, y en mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que Castillo es víctima de una detención arbitraria.
El gobierno peruano insiste en que Castillo fue destituido y detenido legalmente por dar un golpe de Estado. Los abogados de Castillo calificaron esa destitución como ilegal y la detención como arbitraria: señalaron el expresidente no puede ser procesado por rebelión porque no hubo un levantamiento en armas, y recuerdan las graves violaciones a los derechos humanos en la represión del gobierno de Dina Boluarte a las protestas que estallaron luego de la destitución de Castillo.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.