Hidro Santa Cruz se va de Barillas, según el escueto comunicado emitido el pasado 22 de diciembre. La retirada de la empresa oficializa lo que era práctica y hecho consumado: las deudas adquiridas ante financiadores internacionales, la demanda interpuesta por socios del proyecto, la falta de avance de la obra, la defenestración o retirada de […]
Hidro Santa Cruz se va de Barillas, según el escueto comunicado emitido el pasado 22 de diciembre. La retirada de la empresa oficializa lo que era práctica y hecho consumado: las deudas adquiridas ante financiadores internacionales, la demanda interpuesta por socios del proyecto, la falta de avance de la obra, la defenestración o retirada de importantes valedores políticos (gobierno patriota, anterior embajador español), la inmanejable conflictividad social y la persistencia de la resistencia de una «parte respetable» de la población (según reconocen finalmente los propietarios españoles de Hidro Santa Cruz) imposibilitaron el desarrollo del proyecto.
Un proyecto inviable
La salida del territorio de Barillas de Hidro Santa Cruz no es un hecho menor. Cuando una empresa abandona su inversión sin conseguir sus objetivos, se agrieta el proyecto de despojo. En la fase actual de acumulación del capital, los proyectos se interconectan en actores, operadores políticos, financiadores, estrategias de intervención, sociedades, ganancias. El patinazo estrepitoso de uno de esos proyectos no puede analizarse aisladamente.
En el caso concreto de Hidro Santa Cruz, el fracaso empresarial agudiza la crisis de un modelo político (el proyecto patriota -neoliberal militar- que apostó por la violencia y la ilegalidad o la legalidad a la carta) y la crisis de un Estado heredero de la contrainsurgencia, construido para el despojo. Demuestra, de forma complementaria, que la razon empresarial y transnacional es tan violenta como frágil.
Sin embargo, la salida de la empresa no cierra un proceso de agresión contra la población. La empresa adquirió derechos (por ejemplo sobre los terrenos) sin que hasta la fecha haya aclarado el destino y la utilidad de estos terrenos (venta, transferencia a otra empresa, alquiler, congelamiento hasta que existan condiciones para el retorno). Por otra parte, la marcha de Hidro Santa Cruz no vincula ni compromete la retirada de las empresas y los dueños españoles, particularmente activos durante las últimas semanas: David Castro Valdivia, Luis Castro Valdivia y Fernando Rodríguez continúan todavía presentes en el país (entre otras, con la sociedad Hidraes ingenieros consultores, de David Castro) y/o han realizado movimientos societarios recientes y masivos: constitución de siete sociedades el 3 de noviembre de 2016, cuyo rastro hasta Guatemala es conveniente seguir. Asimismo, la huida de HSC puede dificultar investigaciones sobre redes de corrupción y criminales, a partir de la apertura de una oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en Quetzaltenango.
Cuál es el destino de los terrenos adquiridos mediante engaño, qué sucede con las empresas matrices, cómo se determinan las responsabilidades adquiridas por el daño causado a la población, de qué manera se obliga a los propietarios españoles de la hidroeléctrica a responder ante la justicia por la violencia y delitos cometidos, son preguntas (y escenarios) pendientes en la intensa disputa empresa-comunidades: el conflicto interrumpido pero inacabado. Una retirada sin mayores costos, más allá del tibio reconocimiento de errores expresado en el comunicado, debe ser impedida. La vigilancia de nuevos proyectos extractivos o de la reconfiguración del actual, la devolución de terrenos adquiridos ilegalmente, la investigación de las acciones ilegales cometidas por la empresa y otros actores (estructurales criminales), el resarcimiento como garantía de no repetición de hechos similares, se integran a la agenda de la resistencia.
El desarrollo insostenible
La marcha de Hidro Santa Cruz es un triunfo de la población que solicitó reiteradamente su salida: no es un simple distractor de la empresa, aunque antes, durante y después de la salida se sucedan maniobras para minimizar el impacto de lo sucedido. La resistencia comunitaria, con apoyo nacional e internacional, derrotó la persecución, la criminalización, el encarcelamiento de dirigentes, los intentos de cooptación, la estatalización de los intereses de la empresa: es decir, la configuración del Estado a la medida de la hidroeléctrica.
Concebido como proyecto modelo (articulación de actores, forma de intervención, caballo de troya de otros proyectos energéticos) la oposición a Hidro Santa Cruz fue también el referente para contener este enfoque: una forma de decir no al militarismo en tiempos de paz y al despojo en tiempos del Estado (teóricamente) orientado al bien común.
El comunicado oficial de la empresa distribuido de forma coordinada por todos los medios corporativos afirma que el proyecto hidroeléctrico Cambalam era necesario pero se volvió inviable. Esto, como la mayoría de las afirmaciones empresariales, es una verdad a medias o una mentira disfrazada. El punto de no retorno para la salida de Hidro Santa Cruz comenzó cuando la empresa impuso una visión de desarrollo ajena a la visión de la población: el desarrollo como beneficio individual y no como proyecto de vida colectiva; como imposición y no como consenso; como intervención ajena y no como construcción desde la comunidad.
Corresponde, ahora, recuperar esos consensos y definir -desde los saberes comunitarios- la ruta hacia otro desarrollo justo y digno.
Blog del autor: www.memorialguatemala.blogspot
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