1. El NO a la Constitución Europea (C.E.) El NO a la C.E. en el referéndum de Francia y Holanda [1] ha supuesto un serio revés al proceso de legitimación de un orden de relaciones económicas y políticas ya constituido en los estados integrantes de la Unión Europea (U.E.). El liliputiense SI del 56’52% de […]
1. El NO a la Constitución Europea (C.E.)
El NO a la C.E. en el referéndum de Francia y Holanda [1] ha supuesto un serio revés al proceso de legitimación de un orden de relaciones económicas y políticas ya constituido en los estados integrantes de la Unión Europea (U.E.). El liliputiense SI del 56’52% de los electores obligatorios de Luxemburgo [2] ha generado declaraciones tan entusiastas como patéticas respecto al vigor democrático del proyecto europeo. El valor de este SI consiste simplemente en no incrementar el estado de gravedad democrática de dicho proyecto.
A pesar de la victoria del SÍ, el referéndum de España del 20/II/05, mostró, en su precariedad (poco más de un tercio de la población española aprobó la C.E.), la misma tendencia que la caída en la participación de las poblaciones de los países de la U.E. en las sucesivas elecciones al Parlamento Europeo [3]. Dicha tendencia expresa de manera insistente la ruptura entre las verdaderas consecuencias sociales de la globalización europea y las promesas de progreso y bienestar con las que dicho proceso se intenta legitimar. Esta ruptura carece de expresión política porque la izquierda participa de dicho proyecto aunque, de forma contradictoria y por razones electoralistas, en algunas ocasiones se oponga a los daños que produce.
El proyecto capitalista que contiene la C.E. no supera sus propias normas de homologación democrática. Sin embargo, el distanciamiento popular que expresan el NO o la abstención, dista mucho de contener una conciencia homogénea y menos aún antagonista. Cuando se consulta a la gente sobre la UE, la mayoría se opone a la propuesta o no participa. Pero esto no es suficiente para detener el tren globalizador. Actualmente, el rechazo a la C.E. carece de los conocimientos, deseos y organización necesarios para ser un obstáculo real al proceso que representa dicho texto. Es un mero dato sociológico para el perfeccionamiento de la mercadotecnia de los políticos.
En esta ocasión, tras el shock de Francia y Holanda -dos de los seis países fundadores de la Comunidad Europea- las primeras declaraciones iban en la línea de «aquí no ha pasado nada» [4]. Posteriormente, se empezó a hablar de «grave crisis de la construcción europea». Días después del referéndum holandés, Tony Blair canceló el referéndum previsto en GB para 2006 y retomó la iniciativa política para generalizar en la UE su modelo social flexibilizador frente a las reticencias (en cuanto a los ritmos) por parte de Francia y Alemania [5].
En el Consejo Europeo de finalización de la presidencia luxemburguesa en VI´05 se acordó una prórroga de dos años respecto al compromiso de acabar las consultas sobre la C.E. en Diciembre del 2006. La vigencia del tratado de Niza, que regula los procedimientos de toma de decisiones del Consejo Europeo hasta el 2009, permite esta medida. El actual debate sobre la financiación de la UE en el periodo 2006 – 2013 y el débil crecimiento económico la dificultan.
2. Las razones del NO.
El miedo a las consecuencias de la globalización (paro, precariedad, retroceso de la protección social, deslocalización, despidos, competencia de trabajadores inmigrantes), aumenta por la ampliación de la UE a 10 países del Este y Centro de Europa. Las directivas europeas sobre la liberalización de los servicios, en línea con las políticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), han tenido una enorme repercusión en las movilizaciones de Francia del ultimo año.
La ausencia de una cultura política antiglobalización explica la distorsión xenófoba, racista y machista que a menudo acompaña a la agitación por estos problemas. La ausencia de referencias a las raíces cristianas de Europa, trenzada con las distorsiones mencionadas, ha tenido influencia en el rechazo de amplios sectores sociales y no solo de las clases más poderosas.
El escenario económico y político del NO a la CE es de fuerte inestabilidad: estancamiento económico de algunos países europeos entre los que se cuentan Francia y Alemania; aumento de la inestabilidad en Oriente Medio; elevación rápida de los precios del petróleo agravada por la depreciación del euro; burbujas financieras, en particular la inmobiliaria; irrupción de China en el comercio mundial con grave afectación de sectores productivos europeos; necesidad imperiosa del capitalismo europeo de acelerar la flexibilización del mercado de trabajo y la privatización de la protección social para impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y estabilizar el euro frente al dólar; enormes tensiones en torno a la Política Agraria Común y los recursos europeos destinados a mantener los equilibrios en el sector agrícola; múltiples líneas de confrontación entre los países europeos en torno a los presupuestos del periodo 2006 – 2013 en los que el Estado Español pasaría, s
egún la propuesta de la Comisión Europea, de un saldo neto anual de + 5,7 millones de € en 2005 a – 135.000 € en 2013.
Inglaterra, que a pesar de no estar en el euro tiene menos desempleo (5%) y crece más que la media de la UE, se declara ardiente europeista y se dispone a gestionar el NO a una C.E. con demasiadas regulaciones políticas. Al hacerlo, la rama inglesa de la socialdemocracia europea marca el rumbo, una vez más, a sus correlegionarios en otros países y con ello a toda la izquierda, incluyendo los movimientos sociales, fuertemente controlados por ella.
Gordón Brown, ministro de economía en el gobierno de Tony Blair expresa con claridad su diagnóstico: «No es aceptable un modelo que permite que haya 20 millones de parados en la UE». La política que el gobierno laborista de GB propone machaconamente desde su presidencia de las instituciones europeas se basa en: «Hacer competitiva a Europa en un contexto mundial que ha cambiado dramáticamente respecto al modelo de su nacimiento hace 50 años. Europa ha sido un éxito histórico pero debe adaptarse para sobrevivir. Antes existía un mundo bipolar, ahora existe un mundo globalizado en el que mercancías y capitales se mueven libremente. Es irracional que la agricultura europea que promueve el 2% del PIB comparte este análisis y reciba el 42% de los presupuestos europeos.»
Felipe González, precursor de la 3ª Vía y portavoz de la esencia más profunda de la izquierda capitalista española, achaca los problemas de la Constitución Europea, no a que contenga demasiado mercado, sino demasiado poco mercado. Su diagnóstico también apunta al exceso de poder político y sindical que impide corregir el déficit público, flexibilizar el mercado de trabajo y abordar la privatización sanitaria y de las pensiones con el debido rigor.
3. ¿A qué se ha dicho NO?
Para situarnos ante esta complejidad, necesitamos un análisis riguroso acerca de lo que queremos decir cuando decimos «Europa» o «Constitución Europea». Plantearnos preguntas como: ¿Cuál es la finalidad real de Europa, su modelo socioeconómico, sus límites geográficos, su cultura? ¿qué se unifica, que se constituye?
El largo y complejo proceso que cristaliza en la «Constitución Europea», tiene como vector dominante la hegemonía de la fracción multinacional del capital industrial y financiero de los grandes países europeos, en particular, Alemania, Francia e Inglaterra, sometidos, a su vez, a un juego de contradicciones recíprocas. Este proceso está movilizado por varios objetivos: 1) Subordinar al resto de las fracciones capitalistas europeas; 2) ganar en autonomía y competitividad como bloque capitalista frente a EEUU, Japón y las emergentes China e India, tanto en los mercados mundiales como en la construcción de su propia Area de Influencia Económica en el este y el sur de Europa 3) potenciar el Euro como moneda de referencia internacional frente al Dólar, reduciendo con ello el dominio económico y tecnológico de EEUU; 4) ganar en competitividad con el aumento de escala del mercado único europeo y la investigación científica propia, 5) legitimar la precariedad laboral, la subordinació
n de las mujeres a los hombres, el retroceso en la protección social y la inseguridad de las personas trabajadoras como coste ineludible del progreso económico, 6) mostrar cualquier resistencia a los efectos de las políticas europeas como algo imposible, además de corporativo, egoísta y antimoderno, 7) unificar la maraña de acuerdos, disposiciones, directivas y tratados que constituyen el acervo legal de cinco décadas de constitución del capitalismo europeo y 8) resolver el problema de una arquitectura política pensada hace 48 años para 6 miembros (Tratado de Roma) [6], de aplicación a 25 miembros desde el 1 de Mayo de 2004 [7].
La sustancia del espacio plurinacional y pluriestatal europeo es la moneda única, el euro. Las únicas normas realmente constitutivas de la Unidad Europea son las que fijan las políticas monetarias. En rigor, el único sujeto constituyente de la Unión Europea es el dinero [8]. Con el euro, el Capital consigue un lenguaje único, un espacio para moverse libremente limitando las distorsiones que originan las diferencias en los precios. Sobre todo, en los precios del dinero (tipos de interés e IPC), así como las devaluaciones competitivas que propician monedas diversas. La moneda única, el euro, exige controlar las políticas económicas y presupuestarias de cada país que, en caso de incurrir en déficit público y deuda pública [9], producen inestabilidad al resto de países de la UE frente a terceros (multinacionales, comercio internacional, países o bloques competidores, moneda de referencia para inversores internacionales, etc).
En el contexto constitucional, aparecen elementos clarificadores respecto a estos objetivos. El título I de la Parte Primera establece que «la competencia sea libre y no falseada [10]» y se propone «un crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de precios en una economía social de mercado altamente competitiva [11], la libre circulación de capitales [12], la independencia del Banco Central Europeo (BCE) y la estabilidad de precios como su objetivo principal [13]». Todos ellos son paradigmas neoliberales importados del Tratado de Maastricht (1992) y del Tratado de Ámsterdam (1997), donde se concretan los criterios monetaristas de la construcción europea [14] que, contra viento y marea, se aplican independientemente de las necesidades específicas de cada país.
La promesa de «una Europa unida en la diversidad» (Preámbulo), se encarna a través del «mercado único [15]» y de «la garantía del orden público y la integridad territorial por parte de los estados [16]». La mediación del mercado para el buen fin de derechos y libertades impone la subordinación de las instituciones políticas y de la participación popular, así como un desorden social en el que la discriminación por razones de territorio, clase social, género, minusvalía, raza, religión, nacionalidad y opción sexual [17] es la norma. La divergencia social es la consecuencia necesaria de la competitividad, la convergencia monetaria, la independencia del Banco Central y la libertad de movimiento de los capitales, todo ello protegido por la Constitución Europea. El Euro es un «lecho de procusto» para los pueblos y las naciones [18].
La alternativa al caos institucional que se dibuja en una UE´25 tiene una fácil y natural solución: «la cooperación reforzada» contemplada en la CE. Esta legalización de una Europa de «geometría variable» refleja la realidad de los círculos de poder que han gobernado la UE desde 1957. La lucha por la hegemonía en este directorio se ha agudizado con la agresión a Iraq de 2003 y parece bascularse en la actualidad a favor de GB como gozne de Europa con EEUU.
Al hablar de Constitución, la cuestión es: ¿Constitución de qué? ¿Qué o quién «se» constituye? ¿Quién es el sujeto de soberanía? ¿Dónde radica el poder constituyente de esta «Constitución»? La respuesta inequívoca es: Constitución del Capital Europeo. La «Constitución Europea» da el protagonismo a una sustancia abstracta, el Capital, cuyo poder constituyente, en cada momento, es simétrico al grado de sometimiento que consigue ejercer sobre l@s trabajador@s, las mujeres y los pueblos. Los Estados son su verdadero instrumento de dominio. Por eso, por mucha retórica europeísta que contenga el tratado «constitucional», el Capital Europeo los necesita como garantes del control social.
Toda la retórica de la Unión Europea es una ficción cuyo único principio de realidad consiste en un mercado y una moneda común. Lo que se ha unificado no es la libertad de las personas y su lenguaje (idioma) sino la libertad del dinero y su lenguaje (moneda). Las instituciones democráticas y las leyes no están antes sino después de la competitividad y las políticas monetarias. La independencia política del Banco Central Europeo y la irresponsabilidad del libre movimiento de capitales respecto a sus consecuencias catastróficas, así lo atestiguan. Esta peculiar transferencia de soberanía del Estado al Mercado supone el suicidio de la democracia al otorgar a la economía capitalista grados de libertad incompatibles con los derechos civiles y los derechos humanos.
El Tratado Europeo, al igual que la Constitución Española, proclama derechos antagónicos e irreconciliables. A igualdad de derechos gana la fuerza. La fuerza del capital está potenciada por su libertad de movimiento multinacional amparada por el estado y consentida por la gente y por la parálisis de los movimientos de autodeterminación popular, única fuente de poder y de legitimidad constitucional en una democracia verdadera. Sin interrumpir la libertad del capital, que se ha anudado a los deseos de sus víctimas, no habrá estabilidad ni seguridad para nadie.
4. Buscando alternativas
La Europa política que promete la Constitución Europea es tan imposible después, como antes de los referéndum de Francia y Holanda. Tan inviable con la victoria del NO como lo hubiera sido con la victoria del SI.
Si en cada uno de los países miembros, el Estado Nación, que cuenta con una enorme fuerza económica (maneja recursos equivalentes al 40% del Producto Interior Bruto PIB [19]) y política, es incapaz de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, la protección social, el empleo digno, la vivienda y las libertades democráticas a la mayoría de la población, ¿cómo va a protegerlos un tratado que es solo un acuerdo entre estados, promotor de la libertad de inversión y de beneficios del capital.
Cuando un sistema político se basa en el imperio de las leyes del mercado, como es el caso de la UE y de sus estados miembros, los artículos que consagran las libertades y derechos de los de abajo y la protección de la naturaleza, son solo propaganda.
La desigualdad entre las personas, las clases sociales, los géneros, las razas y los países, son el punto de partida y también el de llegada de una Europa cuya única identidad compartida es la sumisión a los capitales que se mueven libremente gracias al mercado y la moneda única que los poderes públicos han propiciado.
La publicidad engañosa no solo afecta a la propuesta de una Europa Política, sino también a la de Europa Social. Las políticas de empleo están basadas en la flexibilización del mercado de trabajo, el abaratamiento del despido, los aumentos de productividad sin contrapartida y las leyes de excepción contra el sindicalismo de clase con la colaboración del sindicalismo mayoritario. Estas políticas se dan la mano con la privatización de la educación, la sanidad, las pensiones y los impuestos negativos sobre la renta como versión pervertida de una Renta Básica sin lucha social. Todo ello completa el cuadro del control sobre desempleados y personas con dificultades de empleo (madres solteras, discapacitados leves, etc) de forma que, para percibir cualquier ayuda del estado, sea condición el paso previo por el mercado de trabajo (basura).
La contradicción flagrante entre los derechos sociales «protegidos por la Constitución» y su violación diaria, en nombre de la economía, el euro y la competitividad, se impone, por parte de políticos y empresarios, por cuatro vías. Una: El incumplimiento de las leyes sociales y ambientales como práctica generalizada. Dos: las reformas, a posteriori, de las leyes laborales, sindicales y de protección social, para legalizar lo que ya es una situación de hecho al margen de la ley. Tres: los pactos con el sindicalismo mayoritario para legitimar dichas reformas legales. Cuatro: la complicidad de la izquierda mayoritaria que desactiva la resistencia social y la jurisprudencia de algunos jueces, cuyas sentencias, a menudo presuntamente prevaricadoras, se van filtrando en el sistema jurídico, convirtiendo los derechos del capital, siempre insuficientes, en la condición de los derechos de las personas y de los pueblos, siempre excesivos y enemigos de la economía, a ojos del poder. Ci
nco: la invisibilidad política y la eventual represión de los movimientos sociales que se enfrentan a este régimen. Seis: La incorporación de los principios neoliberales en el imaginario de la sociedad y los valores de las personas.
La subordinación de la izquierda a las leyes del mercado recibe el nombre de «modernización». Aunque la palabra que expresa el verdadero contenido de este fenómeno es «disolución». La izquierda modernizada solo puede protestar contra los efectos de la globalización, la competitividad y la moneda única. Pero todas sus propuestas forman parte del problema porque comparte las causas aunque discrepe de los efectos. Aunque, momentáneamente y en un lugar determinado, consiga mejorar las condiciones de una plantilla despedida o el retraso de una deslocalización, ese éxito parcial y aparente, al estar desconectado del proceso de agresión general y resistencias dispersas, solo sirve para agravar el problema.
La Constitución es una Ley pero la Ley, para ser Derecho, debe ser justa. Por lo tanto la Constitución está subordinada a la justicia. A su vez, la aplicación de la justicia exige la visibilidad política de la injusticia. Esta visibilidad depende de las condiciones de posibilidad para la autodeterminación de los sujetos que padecen la injusticia. Luego, la Constitución, sólo es justa cuando permite la expresión política, vale decir, la autodeterminación de los que, lesionados en sus libertades, derechos y necesidades, pugnan por hacerse socialmente visibles constituyéndose en sujetos políticos. Es imprescindible expresar políticamente la distancia entre la legalidad y la justicia, pero también la impunidad con la que el poder viola las leyes cada día.
El proceso constituyente del capital europeo es insostenible sin degradar las condiciones laborales, la protección social y las libertades de la mayoría de la población. Las resistencias sociales son múltiples, pero dispersas e impotentes para interrumpir este proceso. Sin más enemigo real que sus propias contradicciones internas y la competencia con otros bloques capitalistas, la soberanía del capital progresa succionando la fuerza vital de trabajadores, mujeres, inmigrantes y de la totalidad de las relaciones sociales, a las que incorpora a su propia lógica de valorización. Las múltiples víctimas de esta lógica social se agitan en resistencias individuales, locales y sectoriales que no consiguen poner nada por delante a la violencia globalizadora. La combinación de los procesos de lucha con los acontecimientos sociales de apoyo mutuo, autogestión y estudio, son ingredientes necesarios para una crítica práctica y teórica a la Europa del capital. La organización de esa fuerz
a negadora y su transformación en poder constituyente es el reto principal para una verdadera izquierda y la condición básica para una verdadera democracia.
[1] Referéndum en Francia: (29/V/05: 55% No; 45%: Si). Referéndum en Holanda: (1/VI/05; 61%: No, 38%: Si)
[2] Referéndum de Luxemburgo (10/VII/05). Jean Claude Juncker (primer ministro de Luxemburgo): «Los NOES de Francia y Holanda son tan importantes como el SI de Luxemburgo. La igualdad de los Estados en la U.E. es indivisible». Los habitantes de Luxemburgo, el 2º país más pequeño de la U.E. después de Malta, disfrutan del P.I.B. per capita más alto del mundo (52.600 €/año). A pesar de ello, 84.000 personas apoyaron a una espontánea plataforma por el NO frente a los 195.000 que votaron SI..
[3] El 79% de participación en 1979 con 9 miembros (Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia, Alemania, Italia, GB, Irlanda y Dinamarca); 61% en 1984 con 10 miembros (Grecia en 1981); 58,5% en 1989 con 12 miembros (Portugal y España en 1986); 49,4% en 1999 con 15 miembros (Austria, Finlandia y Suecia en 1995) y 45,5% de participación en 2004 con 25 miembros.
[4] Tras la derrota de los referéndum francés y holandés, se suceden las declaraciones en ese sentido: Solana (P.E.S.C.).- «No hay marcha atrás… hacer otro referéndum, escuchar más a la gente»; Chirac (Pte. República Francesa): «Sólo podemos seguir adelante»; Zapatero: «Europa no es el problema, sino la solución»; BCE: «El Euro está por encima de todo»
[5] La presidencia semestral de turno le corresponde en el 2º semestre de 2005 a Inglaterra.
[6] Tratado de Roma (1957): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
[7] En esta fecha ingresan 10 países ( Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, R. Checa, Hungría, Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Lituania. (Quedan para el 2007 Rumania y Bulgaria). Estos 10 países tienen una renta per cápita de menos del 40% de la media y suman 80 millones de habitantes. A pesar de que su población supone el 27%, aportan solamente el 7% del PIB de la anterior UE 15.
[8] El dinero, trajinado incesantemente en la esfera económica con el fin exclusivo y excluyente de su propia reproducción ampliada, se llama Capital.
[9] Déficit público: diferencia entre gastos e ingresos del Estado. Deuda pública: acumulación de déficit históricos que el Estado debe financiar contrayendo Deuda, es decir emitiendo bonos que a cambio de un interés suscriben los particulares dando así al estado el crédito que necesita para tapar sus agujeros económicos.
[10] Parte I. Artículo 3.2
[11] Parte I. Artículo 3.3
[12] Parte I. Artículo 4.1
[13] Parte I. Artículo 30
[14] Condiciones para pertenecer al euro : a) Tipos de interés inferiores a la media de los tres países más bajos más 2%. b) IPC inferior a la media de los tres países más bajos más 1,5%. c) Déficit público inferior al 3 % del P.I.B del país aspirante. d) deuda pública inferior al 60 % del P.I.B del aspirante. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Tratado de Amsterdam, establece sanciones de hasta el 0,5% del PIB para los países que incumplan la disciplina presupuestaria y contraigan un déficit superior al 3% del PIB. También establece, como límite del presupuesto comunitario, el 1,24% del PIB comunitario. De este presupuesto, hasta ahora casi la mitad se dedica a financiar la Política Agraria Común (PAC). En el horizonte presupuestario a partir del 2006, dicho presupuesto comunitario se pretende reducir al 1% a pesar del ingreso de 10 nuevos países.
[15] Artículo 3.2 de la Parte I.
[16] Artículo 5.1 de la Parte I.
[17] Estas discriminaciones, expresamente negadas en el artículo 7 del Título II de la «Constitución Europea» ( De la discriminación y de la ciudadanía) de la Parte III, están presentes en la vida cotidiana de la mayoría de las personas.
[18] Lecho de Procusto: Instrumento de tortura de la antigua Roma consistente en una cama de madera en la que tumbado el reo, se ajustaba su estatura a la longitud de la cama separándole las piernas si le sobraba o estirándole en el potro si faltaba.
[19] Valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un ejercicio anual
Agustín Morán es miembro de CAES