El acuerdo de paz de Viernes Santo incluyó la reintegración de exterroristas en la política, aunque después se aprobó una limitación simbólica para algunos cargos públicos; pese a episodios violentos aislados, el debate se ha apagado con una nueva generación de políticos
En septiembre de 2021, el Parlamento de Belfast votó una propuesta legislativa para que las personas condenadas por delitos graves no pudieran ocupar cargos públicos en algunas instituciones oficiales. Era la última legislatura normal, justo antes del bloqueo del Gobierno y la Asamblea en Irlanda del Norte por el Brexit que dura hasta ahora. La propuesta de ley fue rechazada por 48 votos a 40.
La ley no habría afectado a diputados ni a otros políticos en el Gobierno porque eso violaría el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que creó la autonomía de Irlanda del Norte y supuso pasar página para que los líderes de los partidos entonces, tanto nacionalistas como unionistas, no fueran cuestionados por su pasado. Pero el acuerdo de paz no cerraba la vía a limitar la presencia de otras personas que no estén en cargos políticos pero sí públicos y tengan a sus espaldas delitos de sangre.
Si hay acuerdo entre republicanos y unionistas para desbloquear las instituciones, es improbable que una legislación así se apruebe o incluso vuelva a plantearse, entre otras cosas por la mayoría en el Parlamento del Sinn Féin, el principal afectado por medidas de este tipo y que insiste en que leyes así van contra la esencia de los términos para la paz. El Sinn Féin venció en las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte de mayo de 2022 y es el ganador de las elecciones locales del pasado jueves. También es el favorito en las encuestas en Irlanda (es el único partido que se presenta en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte).
“Hasta cierto punto, el acuerdo del Viernes Santo fue una forma de hacer borrón y cuenta nueva para todos. Y la liberación de los presos también pretendía ser una forma de reintegrarlos en la sociedad”, explica a elDiario.es Elodie Fabre, profesora e investigadora académica en la Universidad Queen’s de Belfast y especialista en procesos políticos regionales en Reino Unido y España.
El propio Martin McGuinness, líder de los republicanos, artífice del acuerdo de paz y luego viceprimer ministro de Irlanda del Norte, fue condenado en 1973 en Irlanda tras ser detenido con un coche cargado de explosivos. Si se hubieran impuesto límites para los políticos de pasado sangriento, el reparto de poder en las nuevas instituciones entre el Sinn Féin y los unionistas habría sido difícil. Excluir a los condenados “habría discriminado a un número significativo de figuras realmente importantes del Sinn Féin a las que se les habría impedido alcanzar el cargo”, según explica Fabre, que señala la “asimetría” en este caso. Desde el principio del proceso de paz, expresos republicanos se involucraron en política por la cercanía entre el Sinn Féin y el IRA, y eso sucedió mucho menos en el lado unionista, donde apenas se encuentran ahora un par de concejales locales que fueron paramilitares protestantes y que han formado su propio grupo político, fuera de los partidos tradicionales.
Leyes simbólicas
Las consecuencias de la ley de 2021 habrían sido simbólicas y habrían afectado ahora a pocas personas. Si se hubiera aprobado, Gerry Kelly, diputado del Sinn Féin, no habría tenido que dejar su escaño, pero sí su puesto en un consejo de administración de la policía. Kelly fue condenado a dos cadenas perpetuas por un atentado en Londres en 1973 que provocó la muerte de una persona y heridas a más de 200. En 1983, se escapó de la cárcel de Maze, en Irlanda del Norte, con otros 37 prisioneros. En 1998, fue parte del equipo negociador del acuerdo de paz y se convirtió en diputado. Ahora critica a los grupos extremistas violentos que quedan en Irlanda del Norte, pero dice que no se arrepiente de haber pertenecido al IRA porque sería arrepentirse de su vida.
En 2013, sí se aprobó otra ley que prohíbe nombrar a personas con condenas de cinco años o más por delitos de sangre como asesores del Gobierno. La ley la impulsó Ann Travers, la hermana de Mary Travers, una profesora de 22 años asesinada en un atentado en Londres en 1981 por el que fue condenado Paul Kavanagh, otro miembro del Sinn Féin y que tuvo que renunciar entonces a su puesto de asesor. Si se hubiera aprobado la ley de 2021, Kavanagh habría tenido que dejar un cargo en la agencia de Educación para que el fue nombrado después.
Lo que sigue tocando a una sociedad aún dividida, que vive segregada según su religión y ocasionalmente golpeada por la violencia es el debate sobre la rendición de cuentas por crímenes de ambos lados sin resolver. La discusión está más presente después de la ley propuesta por el Gobierno de Boris Johnson (y aún en curso de aprobación) que supondría una amnistía general para los delitos relacionados con la violencia sectaria anteriores al acuerdo de paz si sus autores colaboran con nuevas instituciones de reconciliación.
Numerosas organizaciones de víctimas y ONG como Human Rights Watch han criticado esta propuesta de ley. A menudo, preguntan al primer ministro británico por las consecuencias para investigaciones concretas que siguen en curso y sin resolver. Y a menudo no obtienen respuesta.
Relevo generacional
Sin embargo, el debate sobre el pasado de los políticos en activo se está extinguiendo también por el relevo generacional, ya que los nuevos líderes ni estaban implicados en organizaciones terroristas ni apenas las conocieron por la edad. El impacto social se reduce mientras llegan figuras más jóvenes.
“No es que toda la sociedad esté encantada de tener cargos públicos o concejales que tienen condenas penales relacionadas con el terrorismo. Pero no hay debate sobre su presencia en las instituciones. Y esto también se debe a que el proceso es más antiguo que para vosotros”, dice Fabre en referencia al País Vasco y el debate sobre los candidatos a concejales de Bildu condenados por delitos de sangre y que renunciaron la semana pasada a asumir el puesto si ganan en las elecciones del 28 de mayo: “Algunas de las personas del pasado ya no están, es posible que se jubilen pronto o se quedaron sin escaño en el Parlamento Europeo por el Brexit. Hay algunos veteranos, pero hoy en día ya no están en la política de primera línea”. McGuinness e Ian Paisley, el líder unionista, han muerto, y Gerry Adams, el líder republicano que queda más prominente de entonces, está jubilado.
La líder actual del Sinn Féin, Michelle O’Neill, tiene 46 años y la mayor parte de su carrera la ha hecho con una Irlanda del Norte autónoma y en relativa calma. Su padre era miembro del IRA, pero ella era estudiante cuando se firmó el acuerdo de paz de 1998 y su relación con el nacionalismo es la política.
La nueva generación y su ruptura con el pasado puede ser una ventaja para algunos debates, pero quienes estaban en la negociación de 1998 reprochan a los líderes más jóvenes su incapacidad de pactar en circunstancias mucho más fáciles que las de entonces.
El Brexit
La tensión política alrededor de la principal cuestión -la unificación de Irlanda- se ha acrecentado por el Brexit, y desde las elecciones de mayo de 2022 el principal partido unionista, DUP, bloquea la formación de un nuevo gobierno y una asamblea para mostrar su desacuerdo con el protocolo de Irlanda del Norte, que en la práctica deja a este territorio en el mercado común europeo (con algunos matices) para evitar una frontera dura con controles en la isla de Irlanda. Las elecciones locales no han resuelto la tensión entre los dos bloques: el Sinn Féin, que ya es el partido mayoritario, ganó las elecciones y el DUP se mantuvo en sus posiciones, mientras los partidos más centristas perdían espacio.
“Personas que lucharon entre sí lograron gobernar de manera estable”, decía en una entrevista a elDiario.es hace unas semanas Jonathan Powell, el representante del Gobierno británico que negoció el acuerdo de paz de Viernes Santo y su aplicación. “Pero aquellos que no tuvieron nada que ver con la guerra parecen no poder hacerlo. Tal vez porque hay menos en juego. Esto no conduce a la muerte de personas, pero hay un problema con la nueva generación para cerrar la brecha”, indicaba.
A Powell, que también participó en grupos de mediación en el País Vasco, le suelen preguntar en qué se parecen el caso irlandés y el español, pero él dice que “se comparan demasiado” y ve pocas semejanzas entre ambos. “Son muy diferentes. El conflicto fue muy diferente. El proceso de paz fue muy diferente”, dice.
Powell también comenta que una de las ventajas para el papel que jugó el Gobierno británico respecto al Gobierno español fue la unidad de los partidos y el apoyo que recibió Tony Blair de los conservadores cuando mediaba en la negociación, algo que cree que no sucedió en España.
“La política de Aznar era un problema real para intentar firmar la paz y fue seguida después por la de Rajoy”, explica Powell a elDiario.es. El caso de España le recordaba al de Colombia, donde él también trabajó ocho años como mediador y donde vio como un obstáculo la oposición de los conservadores al Gobierno de Juan Manuel Santos. “Es mucho más fácil cuando tienes consenso bipartidista y mucho más difícil si te enfrentas a una oposición dura”, dice.
La violencia en Irlanda
Otra de las diferencias fundamentales es que en Irlanda del Norte la violencia no ha desaparecido del todo, con incidentes aislados pero a veces graves por la persistencia de grupos que se dicen herederos del IRA, como el llamado New IRA.
El último episodio grave de violencia que se cree relacionado con este grupo fue el intento de asesinato en febrero de John Caldwell, un jefe de policía, delante de un colegio de Omagh donde estaba entrenando al fútbol a su hijo y sus compañeros de clase. Caldwell ha salido del hospital hace unos días pero ha sufrido “heridas que le han cambiado la vida”, según el sindicato que lo representa. La policía ha detenido e interrogado a 17 personas, pero aún no ha presentado cargos.
Según los servicios secretos del Reino Unido, hay cuatro grupos republicanos que no reconocen el acuerdo de Viernes Santo y siguen planeando ataques violentos o boicoteando a la policía con alertas falsas. Entre 2009 y 2017, estos grupos mataron a seis funcionarios públicos en distintos atentados. En los peores años del conflicto, entre 1968 y 1998, más de 3.500 personas fueron asesinadas en atentados y otros ataques de los dos lados.
Este marzo, en vísperas de la celebración del acuerdo de Viernes Santo, el Gobierno británico elevó el nivel de alerta terrorista, pero no se produjo ningún incidente grave.
“Las organizaciones paramilitares no han desaparecido del todo. Pero no todos esos grupos tienen que ver con la violencia política, algunos simplemente están involucrados en otros delitos, incluido el tráfico de drogas. Pero tienen un efecto poderoso en las comunidades donde están. Crean un ambiente que no es saludable en algunos barrios”, explica Fabre, la investigadora de la Universidad de Belfast. Algunos de los incidentes más violentos se producen durante disturbios que a veces se asemejan a los que se pueden ver en otros países por motivos variados, como señala Fabre citando el caso de Francia.
Pero los disturbios en Irlanda del Norte siguen causando muertos, como la periodista norirlandesa Lyra McKee, que recibió un tiro en la cabeza mientras cubría los incidentes en Derry en 2019. Dos hombres entre los que protestaban han sido acusados de asesinato.
McKee tenía 29 años, había crecido en una zona republicana y era en muchos sentidos un símbolo de una nueva generación que no se identifica con ninguno de las dos comunidades enfrentadas y está más preocupada por otras causas. En el aniversario de su asesinato este abril, durante un homenaje, el primer ministro, Rishi Sunak, dijo: “Al rechazar con fuerza el sectarismo, ella simbolizaba la Irlanda del Norte que vemos hoy, la que construye una Irlanda del Norte mejor que la del pasado”.