Mientras se profundiza la crisis de deuda soberana en la eurozona, el sector laboral en Grecia es cada vez más aplastado por un plan de austeridad que no ha logrado ningún cambio positivo hasta ahora. Mientras el gobierno sigue apretando el lazo en torno al gasto público sin escuchar a los economistas que consideran que […]
Mientras se profundiza la crisis de deuda soberana en la eurozona, el sector laboral en Grecia es cada vez más aplastado por un plan de austeridad que no ha logrado ningún cambio positivo hasta ahora.
Mientras el gobierno sigue apretando el lazo en torno al gasto público sin escuchar a los economistas que consideran que es un camino equivocado para contener la crisis, los trabajadores griegos pierden poco a poco las pocas protecciones que les quedaban.
El gobierno ahora planea recortar sus salarios y suspender los aumentos prometidos en el Convenio Colectivo Nacional para el próximo verano boreal, en un esfuerzo por pagar la deuda pública de 14.400 millones de dólares con los donantes internacionales para el 20 de marzo.
Líderes sindicalistas y renombrados economistas como Giannis Milios, profesor en la Escuela Politécnica en Atenas, coinciden en que las medidas son una «evidencia del deseo de las grandes empresas de desregular brutalmente el mercado laboral».
Mientras, se espera que Grecia complete una negociación por la condonación de parte de su deuda y por el intercambio de bonos con inversionistas privados, en tanto implementa medidas acordadas en 2011 con la denominada troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, para recibir un nuevo paquete de asistencia financiera este año
Sin este rescate, Grecia no podrá pagar en marzo próximo y posiblemente caiga en un círculo vicioso de cese de pagos.
El mayor defensor de las reformas exigidas por la troika es el propio primer ministro, Loukas Papadimos, un tecnócrata exfuncionario del Banco Central Europeo que tomó el control de la coalición de gobierno en noviembre pasado y que ahora promueve los recortes salariales.
Pero numerosos analistas, incluyendo a expertos de la Organización Internacional del Trabajo, no creen que las reformas en el mercado laboral aseguren el éxito del plan de ajustes estructurales.
La analista laboral Christina Kopsini dijo a IPS que, mientras el gobierno y el sector privado forcejean por el margen de la condonación de la deuda, los trabajadores son los que llevan la mayor carga, al ser obligados a ceder más de sus derechos y de sus magros ingresos.
«Vale la pena notar que las únicas medidas de austeridad implementadas sin demora en los últimos dos años estuvieron referidas a la desregulación del mercado laboral y a la abolición de leyes básicas que protegen a los trabajadores», observó.
A pesar de las masivas protestas contra esas medidas, el gabinete de Papadimos admitió estar dispuesto a eludir el parlamento para aplicar los recortes salariales.
También chantajeó abiertamente a los sindicatos y a las asociaciones de empresarios, amenazándolos con hacerlos responsables de la bancarrota del país si no cumplían con los recortes salariales, que definió como «la única forma de salvar a Grecia».
La decisión de Papadimos de permanecer leal a los intereses corporativos en vez de ponerse del lado de los trabajadores, ya afectados por la crisis, fue duramente criticada por partidos de izquierda en el parlamento y por los sindicatos.
Estos consideran que el capital organizado aprovecha la crisis económica para inclinar la balanza del poder aun más a su favor.
«Tras dos años de austeridad, que generó un desempleo de más de 19 por ciento, se hace más obvio que el objetivo estratégico del plan de ajuste estructural no es la consolidación fiscal, sino la total desregulación del mercado de trabajo y una severa devaluación de la fuerza laboral», dijo a IPS el economista Savvas Robolis.
«Los cortes son solo otro paso para ganar impulso hacia la completa abolición del salario mínimo en el país, el deseo secreto de los capitalistas», añadió este profesor de la Universidad Panteion de Atenas y director del Instituto del Trabajo.
«Tenemos que recordar que 2013 será un año de reformas constitucionales. Pronostico que, durante este año, el artículo 22 (con disposiciones que protegen los convenios colectivos nacionales) será severamente atacado», dijo Robolis.
La ofensiva contra la última línea de defensa de los trabajadores griegos comenzó en 2010, cuando la ministra de Trabajo, Louka Katseli, introdujo cambios legales sobre las negociaciones laborales con las compañías privadas a instancias de la troika.
Según la Inspección de Trabajo, 52 compañías en Grecia aprovecharon esas reformas legales para reducir sus gastos en salarios de 42 a 10 por ciento, afectando el sueldo de 17.531 empleados.
Giorgos Xatzinikolaou, empleado en una importante compañía de seguros, dijo a IPS que el miedo al desempleo mantenía a gran parte de los trabajadores en silencio.
«Uno se siente solo. Los sindicatos no son confiables y son débiles, y la gente que trabaja se calla», indicó, añadiendo que acababa de aceptar una reducción salarial de 20 por ciento en su nuevo «contrato».
«Si estás enterado de lo que ocurre ahí afuera, simplemente cierras la boca y firmas», añadió.