«El lawfare es una estrategia cobarde utilizada por los poderosos para perseguir a quienes luchan por la justicia social y la soberanía nacional.»
Rafael Correa
La agresión de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, una acción con pocos precedentes en la historia diplomática mundial moderna, tenía que desembocar en una crisis de gran profundidad en las relaciones entre México y Ecuador. Y más allá, en una condena casi unánime en la comunidad de naciones del continente y en otras instancias internacionales.
No podía ser menos. La arremetida lesiona gravemente diversas normas establecidas para la convivencia internacional, particularmente los incisos 1 y 2 del artículo 22 de la Convención de Viena, suscrita desde luego por el Estado ecuatoriano, que establecen respectivamente la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y que “Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”, y la obligación del Estado receptor de “adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”. La flagrancia de esta transgresión al derecho internacional es evidente.
Por eso, la condena a la intrusión policiaca —documentada en su totalidad por las cámaras de vigilancia de la sede— ha sido casi unánime en el continente y destacada en otras regiones del mundo. Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, Cuba, Paraguay, Uruguay y hasta Perú —con cuyo gobierno México tiene virtualmente en suspenso sus relaciones desde la destitución del presidente Pedro Castillo—, o el ultraderechista gobierno de Argentina, han expresado con sus respectivos matices su respaldo a México. Nicaragua se apresuró a romper sus relaciones diplomáticas con la patria de Manuela Sáenz; el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el 6 de abril a través de su vocería un comunicado condenando “cualquier violación a la Convención de Viena” y haciendo un llamado a México y Ecuador a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. Esa postura, y la de Canadá, fueron criticadas por tibias por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por lo que, a través del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, vino una posición más firme condenando la violación de la Convención de Viena de 1961 sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas: «el gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como estado anfitrión de respetar» ese principio y «puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas”.
«El gobierno de Reino Unido condena las acciones tomadas por las autoridades ecuatorianas en la embajada de México en Quito el 5 de abril», difundió el ministerio de Exteriores de ese país. También la Unión Europea reprobó enérgicamente los hechos del 5 de abril en Quito. El Departamento de Prensa de la OEA difundió el sábado 6 un tibio comunicado en el que rechazó “cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas”, y reiteró “la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”. Manifestó la OEA su “solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador”. Y en la Asamblea General del organismo multilateral, al debatirse el tema, sólo Ecuador votó en contra, y el representante de El Salvador se abstuvo.
La acción del Ecuador fue tan brutal que ni siquiera los Estados Unidos, Argentina o la OEA la han podido avalar y se han pronunciado desaprobándola. Y al interior de ese país, por lo que se alcanza a saber, y probablemente en un sentido opuesto a lo que el propio Noboa esperaba, el presidente ha perdido apoyos en la misma elite gobernante. Daniel Noboa podría ya ser declarado formalmente incorporado a la troglocracia (Atilio Boron), junto a otras de las expresiones más aberrantes de la derecha latinoamericana y mundial.
El gobierno mexicano, más allá de la ruptura de relaciones, anunció que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia, que seguramente emitirá un fallo favorable a nuestro país y obligará al gobierno agresor a restablecer las cosas como se encontraban antes del asalto a la legación mexicana.
La justificación que ha querido dar el presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín a su cavernaria acción fue la de detener al ex vicepresidente —con Rafael Correa— Jorge Glas Espinel, quien desde diciembre se había refugiado en la embajada mexicana, sin obtener de inmediato la condición de asilado. Noboa y sus partidarios, incluso en México, citan el artículo III de la Convención internacional sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954); “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire”; pero omitiendo la parte final de ese ordenamiento: “salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”. Y tampoco refieren el artículo IV, que ampara en este caso el derecho de México a otorgar el asilo a Glas: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
Glas ya ha sido juzgado y condenado a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en relación con el caso Odebrecht, a los que se agregó ulteriormente el de peculado. Sin embargo, todo indica —y así ha sido evaluado por las autoridades mexicanas— que se trata de acusaciones fabricadas en un juicio irregular de carácter político. Por acusaciones semejantes el ex presidente Rafael Correa tuvo que refugiarse y solicitar asilo en Bélgica, que se lo otorgó. A Correa la propia Interpol se negó a aprehenderlo, por no considerar que había fundamentos suficientes en su acusación. Por ello estaban también en la legación mexicana otros políticos opositores a Noboa, como Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que a parecer no fueron secuestrados como Glas Espinel. Éste había cubierto la mitad de su condena en cárceles de alta seguridad con las condiciones más duras cuando fue puesto en libertad condicional. Y fue en esas circunstancias que buscó refugio en la embajada mexicana.
Los acontecimientos, como es ya conocido, se precipitaron cuando López Obrador hizo en su mañanera un comentario sobre la más reciente elección presidencial en Ecuador, en la que fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio, del movimiento Construye. Sin que viniera al caso, para comparar con los asesinatos políticos recientes en México, sugirió que Noboa se había beneficiado de ese crimen y por ello había logrado desplazar a la candidata correísta Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana que representa actualmente a esa corriente política.
A los torpes comentarios del presidente mexicano, Noboa respondió expulsando y declarando non grata a la embajadora Raquel Serur, y cercando la sede diplomática de nuestro país en Quito con cuerpos de seguridad. A su vez, el 5 de abril, el gobierno mexicano decidió otorgar la condición de asilado a Jorge Glas; y esa noche ocurrió el allanamiento y secuestro del inculpado por la policía.
Es cierto que Noboa ha salido perdiendo en la escena internacional, y de fea manera. Reprobado por la OEA y por la gran mayoría de países de la región y muchas otras naciones, y denunciado ante la Corte Internacional de Justicia, donde el Estado mexicano ha pedido la expulsión de Ecuador de la ONU si no se disculpa públicamente por su salvaje operativo. Pero el presidente ecuatoriano, si bien quizá no midió las consecuencias en el plano mundial, efectuó el allanamiento por motivos de política interna. Dos artículos revisados en los días recientes, “¿Qué ganó Noboa con el asalto a la embajada de México?” de Ociel Alí López (https://actualidad.rt.com/opinion/ociel-ali-lopez/505232-ganar-noboa-violacion-embajada-mexico), y “Rocafuerte y el Incidente de Quito”, por Federico Anaya (https://www.rompeviento.tv/rocafuerte-y-el-incidente-de-quito/), dan importantes pistas para interpretar el aparentemente irracional comportamiento del gobernante ecuatoriano.
Daniel Noboa enfrenta un momento muy difícil en el contexto interno de su país. El próximo 21 de abril está convocada una consulta y referendo que será decisiva para su posible reelección en comicios en febrero de 2025, donde seguramente tendrá que enfrentar a una oposición en la que destaca el correísmo de MRC. Pero la situación se ha venido descomponiendo en la economía y la seguridad pública. La crisis económica es tan grave, que el gobierno tuvo que incrementar el IVA de 12 a 15 por ciento, rompiendo sus compromisos electorales de 2023. La inflación aumenta, amenazando con desatar protestas populares, y el mandatario fue exhibido por la prensa española por sus derroches en fiestas y otros gastos durante su visita a España.
Y en el orden de la violencia social, a pesar de que Noboa declaró un «estado de excepción por conmoción interna» y haber puesto al ejército en las calles en funciones de seguridad pública, la violencia sigue desatada en acontecimientos de gran impacto como el asesinato de la alcaldesa de Manabí, Brigitte García a finales de marzo y el motín e incendio en la prisión de Guayaquil —la segunda ciudad y principal puerto del país— apenas el pasado 27 de marzo, pese a ser el reclusorio más militarizado de Ecuador. En esa cárcel, de alta seguridad han recluido a Jorge Glas, que se ha declarado en huelga de hambre. El gobierno de Noboa ha culpado repetidamente a los cárteles mexicanos de estar penetrando, con su embate de violencia, a su país, lo que indirectamente involucra al gobierno de México, responsable de combatirlos en su cepa.
Pero en ese plano, el interno, Noboa ha hecho su apuesta con cierto éxito. Si bien, como era de esperarse, los 51 diputados de Revolución Ciudadana se han pronunciado contra el asalto a la embajada y le han retirado su apoyo al presidente, que ya no controlaría el unicameral congreso, y aunque tres de sus ministros —Mónica Palencia, encargada de Gobierno; el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la canciller, Gabriela Sommerfeld— han sido convocados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por la incursión registrada, en la sociedad ha logrado colocar el tema del enfrentamiento con México como el punto primordial del debate nacional. Crisis económica, derroches e inseguridad han pasado a un segundo plano, y el respaldo al presidente ha crecido.
Además, al focalizar el conflicto en el ex vicepresidente Glas, Noboa ha actualizado la polarización correísmo-anticorreísmo, iniciada por Lenin Moreno y continuada por Guillermo Lasso. En realidad, ese antagonismo forma parte del ropaje ideológico del llamado golpe blando o lawfare, esto es, el uso político de la ley y los órganos del Estado para imprimir en los países dependientes giros favorables a los intereses estadounidenses. El lawfare fue diseñado durante el gobierno de Barack Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado y Joe Biden en la vicepresidencia, para desplazar del poder a los gobiernos progresistas, sin recurrir al golpe militar tradicional. Aplicado en Honduras contra Manuel Zelaya, en Paraguay contra Fernando Lugo, en Brasil a Luiz Inazio Da Silva, Lula, y Dilma Rousseff, en Perú contra Pedro Castillo y en Bolivia a Evo Morales, aunque ahí fue revertido por la resistencia popular. Se basa en acusaciones, casi siempre por corrupción o delitos similares, ante los congresos o cortes de justicia, que los debiliten y les quiten respaldo de los ciudadanos, para luego proceder a su destitución. Se busca aplicarla ahora contra Gustavo Petro, en Colombia, donde el Ecuador tendría un papel estratégico a desempeñar.
La pregunta a plantear es: ¿Una acción como el asalto a una embajada y el secuestro de un asilado, realizada por Daniel Noboa Azin, se ejecutaría por un delincuente del orden común? Claro que no. Jorge Glas Espinel es un reo político, y el atraco a la embajada fue planeado para efectos políticos.
Noboa calculó que la llegada de Milei a la presidencia argentina de la mano del gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur, la afirmación de Dina Boluarte en la presidencia del Perú, el cerco a Venezuela y otros factores le darían un apoyo externo a su desesperada operación en la legación mexicana. No fue así. Se le pasó la mano y ahora enfrenta casi en la soledad total un ambiente internacional adverso que podría aislarlo. Por lo pronto, ha decidido ausentarse de su país y viajar a su ciudad natal, Miami, en la Florida, arguyendo razones estrictamente personales. Habrá que ver si tiene condiciones para regresar.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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