Más allá de las peripecias que traducen la crisis de dirección burguesa en Italia -uno de los grandes capitalistas italianos, Silvio Berlusconi, juega en relación al gobierno de coalición su carta personal y relanza el partido Forza Italia confiándolo a su hija Marina, que se encuentra a la cabeza del grupo editorial Mondadori y del holding Fininvest -las últimas estadísticas publicadas por el ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) traducen la dramática realidad social en Italia. El número oficial de parados y paradas alcanza la cifra de 3,07 millones de personas en septiembre de 2013. Pero, esta vez, el ISTAT ha valorado además el número de parados y paradas «silenciosos», es decir quienes no buscan ya un empleo porque consideran esa búsqueda, teniendo en cuenta su experiencia, como inútil. Su número se acerca al de los parados «oficiales»: 2,99 millones. A esas dos «categorías» el ISTAT añade la cantidad de quienes están obligados a aceptar un trabajo a tiempo parcial, con un «pequeño» salario aún más reducido como consecuencia del «tiempo parcial impuesto». El número de esos asalariados y asalariadas: 2,5 millones. Se está lejos de las tasas oficiales de paro mostradas por Eurostat. Es en este contexto, entre otras cosas, en el que ha surgido la iniciativa de la izquierda clasista de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), confederación cuya secretaria general es Susanna Camusso. Esta decisión es aún más importante en la medida que la federación más combativa, históricamente, de la CGIL -la FIOM (metalurgia) dirigida por Maurizio Landini- se ha sumado a la orientación de la CGIL. Una adhesión que intenta marginar a una amplia capa de delegados y delegadas de fábrica aptos para establecer una convergencia, en una movilización social de amplitud (que sigue siendo posible), entre los diversos movimientos sociales y sectores aún representativos de la clase obrera. En este llamamiento, que reproducimos más abajo, destaca un proceso que está en marcha desde hace varios años en Europa: la confluencia orgánica entre la casta burocrática sindical, los aparatos del estado (gobierno entre otros) y la patronal con sus diversas organizaciones. Esta confluencia puede tomar diferentes formas en Europa, pero implica para los asalariados y asalariadas un grado de expropiación del instrumento sindical sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Este llamamiento de la izquierda sindical, si se concreta en términos de audiencia y de iniciativas en las luchas actuales (ciertamente reducidas), puede marcar el comienzo de un cambio en la escena sindical en Italia. Volveremos sobre este tema, sacando el balance de las movilizaciones de los días 18 y 19 de octubre de 2013. [Redacción de A l´Encontre]
¡Opongámonos al gobierno de la austeridad!
¡Recuperemos la CGIL!
¡Por un sindicato democrático y de clase!
La crisis y 20 años de política neoliberal concretada en la austeridad y enraizada en la Europa de las finanzas y del gran capital han conducido a una degradación drástica de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. En el curso de estos años de crisis, utilizando el paro de masas como arma de chantaje, los sucesivos gobiernos han destruido los derechos de los asalariados y asalariadas, reducido los salarios, el montante de las jubilaciones y puesto en dificultades el «estado social», y todo esto a menudo con la complicidad de la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) y de la UIL (Unione Italiana del Lavoro) y también de la dirección de la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) que, como consecuencia de la pérdida evidente de autonomía frente a los gobiernos apoyados por el Partido Democrático (PD), ha sido y es incapaz de frenar esta deriva.
Por esta razón, hace falta hoy una CGIL diferente. Una CGIL que proponga un modelo alternativo al de la UE (Unión Europea) de la Troika (FMI, BCE, UE) y de las políticas de reducciones presupuestarias (colocadas, en cada país, bajo el control de la UE antes de su adopción), un modelo que se oponga a las reestructuraciones a los cierres de empresas, y que ¡afirme la valentía de proponer políticas de nacionalizaciones!
El sistema de jubilaciones públicas ha sido masacrado bajo el efecto de numerosas contrarreformas. La última, la de Elsa Fornero [ministra de Trabajo y Políticas Sociales desde noviembre de 2011] ha suprimido, de hecho, el sistema de jubilación precedente [la edad que daba derecho a la jubilación ha sido retrasada a 66 años o más]. Las tres confederaciones sindicales, con tres horas de huelga, no han intentado siquiera oponerse a ello.
Los amortiguadores sociales [diversos subsidios sociales] han sido reducidos al estatus de limosna. Y todas las relaciones entre esos derechos y los atribuidos al trabajo y a una renta digna han sido destruidas.
«El estado social» está ya reducido a su más simple expresión; la escuela, el sistema de salud y los servicios públicos sufren recortes cada vez más fuertes.
El salario no responde ya a las necesidades normales; la pobreza se extiende también entre quienes disponen de un trabajo; la desigualdad en la distribución de las ganancias y de los salarios no deja de crecer. La supresión de la escala móvil de salarios implica que el salario determinado en negociaciones contractuales nacionales ha perdido su sustancia frente a la inflación; la negociación importante a escala de la empresa [sobre la base del contrato de rama como punto de partida, la negociación a nivel de la empresa era una característica decisiva del sistema contractual obtenido por las movilizaciones en los años 1970 y permitía, a menudo, mejorar el contenido de los acuerdos nacionales] no ha permitido en medida alguna una redistribución entre salario-ganancia. La congelación de las remuneraciones en el sector público durante cinco años, es el signo más elocuente de ese sistema.
La precariedad se ha difundido en el conjunto del mundo del trabajo y los derechos no son ya más que un recuerdo del pasado. La violación brutal del artículo 18 [protección contra los despidos] por parte del gobierno de Mario Monti [de noviembre de 2011 a abril de 2013]- a la que la dirección de la CGIL no se ha opuesto como había prometido, perdiendo así toda autonomía y aceptando, de hecho, lo esencial de la orientación del PD- ha comprometido profundamente la correlación de fuerzas en los lugares de trabajo.
El contrato a escala nacional ha sido, pieza por pieza, desmontado y la negociación contractual, ante todo a escala de las empresas, acaba por convertirse en un instrumento en manos de los patronos para acentuar la flexibilidad y aumentar el horario de trabajo, para disminuir el salario, para anular los derechos. En una palabra para aumentar la explotación.
Es para ese objetivo para lo que sirve el acuerdo entre la CGIL, la CISL, la UIL y la Confindustria [organización de la patronal] sobre la representatividad. Ha ratificado la concepción según la cual quien no acepte un acuerdo firmado por las direcciones nacionales está, de hecho, excluido de toda actividad sindical reconocida. Liga la representatividad sindical [decidida, en unas elecciones, por los trabajadores de la empresa] a la renuncia al conflicto. Atribuye a la empresa el derecho a exigir la aplicación del contrato firmado a escala de las confederaciones por todos los representantes sindicales. En síntesis, acepta plenamente el «sistema Marchione» [del dirigente italocanadiense de Fiat-Chrysler que se puede resumir en la fórmula: «aceptáis o cierro la fábrica»].
¿Qué han hecho las confederaciones sindicales para defender el mundo del trabajo frente a esos ataques? La CISL y la UIL se han convertido en cómplices titulados del sistema patronal, cambiando a partir de ahí, de forma genética, la naturaleza sindical de sus organizaciones.
Pero ¿qué ha hecho la dirección de la CGIL en el curso de los últimos años a fin de marcar su diferencia y de imponerse sobre el terreno de los derechos y de la democracia? Demasiado a menudo, no ha hecho suficiente. Y demasiado a menudo no porque haya perdido batallas, sino porque ni siquiera las ha emprendido, dando por adelantado por ganador al gobierno y a la patronal antes de intentar resistírselos, en nombre de una compatibilidad con el sistema. Quienes han pagado un precio elevado han sido siempre los trabajadores y las trabajadoras así como la gente jubilada.
Un sindicato así no sirve. Se ha convertido en una casta burocrática utilizada a menudo como instrumento de apoyo a partidos y proyectos políticos que no tienen nada que ver ya con los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de jubilados y jubiladas.
Y sin embargo, más que nunca, ¡un sindicato es necesario! Pero para ello, ¡es necesario que la CGIL cambie completamente y en poco tiempo!
Sin ello, con el gobierno de amplia coalición [del PD de Letta al partido salido del berlusconismo representado por el vice primer ministro Angelino Alfano] nuevas contrarreformas antiobreras y antipopulares serán adoptadas. Y el patrimonio histórico representado por la CGIL y sus federaciones será dispersado haciendo del sindicato -instrumento fundamental de conflicto, de democracia y de defensa de derechos- una agencia inútil, apta solo para asumir algunos servicios.
Somos delegados y delegadas, jubilados y jubiladas, que pertenecemos a diferentes sensibilidades de las que se expresan en el seno de la CGIL. En el curso de esos años, hemos mantenido un desacuerdo y una oposición a la deriva del grupo dirigente de la CGIL que ha optado por no luchar contra las políticas europeas de austeridad y de reconstrucción, a cualquier precio, de la unidad con la CIL y la UIL y de concertación con la Confindustria. No es aceptable que en el peor momento desde hace decenios, los trabajadores y las trabajadoras, los precarios, los parados y paradas, los jubilados y jubiladas sean representados por la peor de las direcciones sindicales. Frente a todo eso, se afirma la necesidad de reaccionar y de no resignarse.
Para cambiar la CGIL es preciso una clara ruptura con la política de concertación y con las costumbres del aparato burocrático. Hay que relanzar el conflicto y la lucha y construir los fundamentos para una plataforma reivindicativa enraizada en las urgencias reales del país, es decir en las condiciones de trabajo y de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, de jubilados y jubiladas, de parados y paradas.
Nuestras prioridades residen en la defensa de los derechos, la democracia y la participación de los trabajadores y trabajadoras así como su toma de decisión en lo que concierne a las plataformas, los acuerdos y los contratos, el aumento de los salarios, la reducción de la edad que da derecho a la jubilación, la reducción del tiempo de trabajo, la redistribución entre ganancias y salarios, la lucha contra la precariedad, la reconquista del contrato nacional y del artículo 18 para todos y todas así como la defensa de un estado social público y participativo.
El próximo congreso de la CGIL será ocasión de intentar hacer prevalecer estas prioridades, proponiendo una idea radicalmente alternativa definiendo lo que la CGIl debería ser hoy, lo que debería ser su funcionamiento y lo que deberían ser sus consignas.
Con ese objetivo creemos que es útil que los delegados y delegadas tengan por objetivo recuperar la CGIL y pongan en cuestión a ese amplio sector de la dirección que ha tomado los rasgos de una casta burocrática.
Lanzamos un llamamiento a todos y todas los que no aceptan la línea de la CGIl a fin de que se movilicen para implicarse en una vía, que empiece desde abajo, por un cambio y, en esta perspectiva, producir un documento alternativo para el Congreso, un documento que apoye la necesidad de un giro así (siguen ya centenares de firmas de militantes de la CGIL).
18/10/2013
http://alencontre.org/europe/italie/italie-reprenons-en-main-la-cgil.html
Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR