La iniciativa aprobada por referendo en Suiza para deportar de forma automática a los extranjeros que hayan delinquido viola el derecho internacional.
La propuesta promovida por la derechista Unión Democrática del Centro (UDC) fue aprobada con 53 por ciento de los votos.
La mayoría de los cantones donde se habla francés se opusieron a la medida, en tanto los de origen alemán la apoyaron. Salvo por el de Basilea-ciudad, en el resto la aprobación fue de 66 por ciento.
Es un «día negro para los derechos humanos en Suiza», reza una declaración de Amnistía Internacional, que, al igual que otras organizaciones, quedó «impactada». El triunfo de la UDC se basó sobre una campaña xenófoba.
La UDC afirmó durante los tres años de campaña que las autoridades suizas minimizan el problema que existe entre los 1,7 millones de extranjeros.
El partido prometió más seguridad e hizo campaña con carteles en los que se ve ovejas blancas expulsando a una negra de la bandera de Suiza.
Desde principios de 2008, la Ley sobre Extranjeros autoriza a las autoridades a revocar el permiso de residencia a personas que hayan sido condenadas a largas penas de prisión.
Según el Tribunal Federal de Suiza, las condenas de más de un año permiten poner en marcha el mecanismo de deportación.
«No hay ninguna necesidad de acciones legislativas ni de empeorar la práctica actual», sostuvo el abogado Marc Spescha, especialista en migraciones.
Suiza expulsa entre 350 y 400 extranjeros delincuentes al año, según la Oficina Federal de Migraciones. Con la iniciativa aprobada el domingo, la cantidad aumentará a 1.500 personas.
La ministra de Justicia Simonetta Sommaruga será la responsable de implementar la iniciativa, una tarea nada fácil. «Desde el punto de vista constitucional, la medida no es viable sin violar tratados ni normas internacionales», indicó Spescha.
La UDC publicó una lista con los delitos a los que se aplicará la deportación automática, que incluye homicidio y violación, pero también otros más difusos como engañar al sistema de seguridad social.
«Pero las normas obligan a que cada caso sea examinado de forma individual», explicó Spescha.
El principio de no expulsión previsto en la legislación internacional establece que ninguna persona deberá ser deportada a países en los que pueda ser perseguida. La norma que acaba de ser aprobada viola la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.
La deportación de extranjeros que delinquen también atenta contra el Acuerdo bilateral Suiza-Unión Europea sobre el Libre Movimiento de Personas.
La ministra Sommaruga declaró que se asegurará que la implementación de la iniciativa sea compatible con el derecho internacional. Nadie sabe cómo lo hará respetando la nueva norma.
La oposición a la deportación estuvo dividida.
El gobierno y la mayoría parlamentaria, constituida principalmente por los miembros de los partidos liberales promovieron sin éxito una contrapuesta.
La organización de defensa de los derechos de los refugiados Solidarité sans frontières (SOSF) se opuso a ambas propuestas, al igual que el Partido Verde y algunos miembros de la agrupación Socialdemócrata de Suiza.
La contrapropuesta se basó sobre una sociedad en la que los extranjeros tienen un trato legal diferente al de los ciudadanos suizos, indicó el secretario general de SOSF, Moreno Casasola. «Era más progresista en materia de aplicación jurídica que la iniciativa de la UDC, pero su fundamento seguió siendo xenófobo», explicó.
En cambio, el Consejo Suizo para los Refugiados apoyó la contrapropuesta.
«Tras la aprobación de la iniciativa contra los minaretes hace un año, la gente tendría que haberse dado cuenta que la de deportación recibiría un aprobación de alrededor de 60 por ciento de los votos si no hubiera una contrapropuesta», declaró el secretario general Beat Meiner.
«Pensar que podía vencerse sin una opción es idealista y pura imaginación», añadió.
Pero Casasola no comparte esa opinión y responsabiliza a la contrapropuesta del éxito de la iniciativa de la UDC.
«La deportación no habría salido si la oposición hubiera sido firme y contundente. Es claro que la táctica de la contrapropuesta fracasó», añadió.
«La campaña de la UDC tuvo un mayor peso gracias a los grandes recursos financieros», señaló Damir Skenderovic, profesor de historia contemporánea de la Universidad de Fribourg. «La oposición apenas se sintió», apuntó.
La UDC maneja mucho dinero gracias al cual lleva adelante una campaña contra la inmigración desde hace 20 años, remarcó. En Suiza, las campañas electorales no están reguladas, indicó Skenderovic, quien añadió que es necesario fijar normas de transparencia en la materia.(FIN/2010)