La expresión «Plan B» se utiliza cuando un primer proyecto, el Plan A, ha salido mal. En el caso europeo, lo que ha fracasado, el Plan A, es claramente el intento de resolver a nivel nacional toda una serie de problemas que tenían y tienen que ver con el nivel específicamente europeo como la imposición […]
La expresión «Plan B» se utiliza cuando un primer proyecto, el Plan A, ha salido mal. En el caso europeo, lo que ha fracasado, el Plan A, es claramente el intento de resolver a nivel nacional toda una serie de problemas que tenían y tienen que ver con el nivel específicamente europeo como la imposición de las políticas neoliberales. El fracaso, en concreto, de los intentos de modificar de manera significativa la política económica neoliberal desde un solo país quedó ilustrado este verano por el fracaso del gobierno griego de Syriza a la hora de negociar con el Eurogrupo un acuerdo que le permitiese realizar elementos esenciales de su programa. Ese fracaso es interpretado desde una perspectiva soberanista -muy presente en una izquierda aún presa de las tradiciones estatalistas y soberanistas del socialismo- como una rendición o una claudicación. Puede verse simplemente como un fracaso, tras el cual el gobierno griego -reelegido por una mayoría amplia- ha intentado realizar políticas que paliasen los efectos de las medidas de austeridad impuestas y nunca aceptadas. Así, mientras denuncia la irracionalidad del marco económico impuesto por el Eurogrupo, el gobierno de Syriza ha tomado medidas como la ley de protección de la primera residencia contra los desahucios o la extensión universal de la cobretura sanitaria, junto a otras muchas. Ciertamente, también ha recortado las pensiones más altas y se ha visto obligado a tomar toda una serie de medidas impopulares impuestas por los acreedores de una deuda ilegítima. Obviamente, mientras no se logre alterar la correlación de fuerzas a nivel europeo y moificar en elementos decisivos el funcionamiento del actual sistema institucional, todo gobierno europeo se verá encerrado en la misma jaula que el gobierno de Syriza. Lo que hace el gobierno socialista portugués apoyado por el Bloco de Esquerda y el PCP no deja de ser esencialmente lo mismo que hoy está haciéndose en Grecia. Lo mismo puede decirse que se vería obligado a hacer un gobierno español de izquierdas con participación de Podemos. Lo mismo también puede decirse de los ayuntamientos españoles dirigidos por coaliciones municipalistas. Estos deben hacer frente a feroces ataques políticos de las derechas, pero también a cierta asfixia presupuestaria como la que se ha puesto de relieve en Barcelona con la huelga del metro en la que el gobierno municipal debe optar entre conceder un aumento salarial a los trabajadores o mantener las tarifas que pagan los usuarios.
Solo será posible ir más allá de unas simples medidas defensivas y paliativas si se abre a la política la Unión Europea. El problema de la Unión Europea no es la temible «burocracia de Bruselas», sino la ausencia de un sujeto político europeo con el que los movimientos sociales y los gobiernos que les son favorables puedan negociar. Es algo que pudo comprobar Giannis Varoufakis a lo largo del año pasado cuando las propuestas que realizaba a las distintas instituciones europeas y, en particular, al Eurogrupo, recibían la callada por respuesta. No había en Bruselas, en el marco del Eurogrupo, ni siquiera en la Comisión Europea nadie capaz de responder a las propuestas con contrapropuestas: la única posibilidad era mantener la fórmula absurda que estos últimos años ya sirviera para hundir la economía griega. Y es que ningún sujeto político europeo se está jugando su legitimidad ante la población. La Unión Europea como tal es, según el Tribunal de Justicia de la UE: «una comunidad de derecho», por lo tanto no un Estado ni ningún tipo de sujeto político, sino la mera custodia meramente administrativa y jurídica de un orden de derecho que garantiza el funcionamiento del mercado único. Sujeto político es el que tiene que obtener y negociar su legitimidad (o lo que es lo mismo, la obediencia de la población) en un pulso con la multitud. Muy lejos de cualquier espacio democrático, el propio Partido Comunista Chino lo tiene que hacer, lo que tiene como resultado el éxito de un gran número de huelgas y movilizaciones populares en China. El propio generalísimo Franco lo tuvo que hacer e implantó un birrioso pero existente Estado del bienestar. Las instituciones europeas no tienen que negociar con nadie porque no son portadoras de una racionalidad política directa, sino agentes de una potestad indirecta. Si en el mundo premoderno, la potestad indirecta que determinaba a la potestad directa de los gobenantes era la Iglesia, hoy, esa potestad indirecta corresponde a la economía. En lo cual existe una sutil continuidad, pues economía es, como ha mostrado Giorgio Agamben, término de Iglesia. La economía se presenta como una evidencia, algo que se revela a una casta técnica de economistas y administradores portadores de una racionalidad económica en cuyo nombre «se gobierna sin gobernar» el ámbito de la producción material así como del reparto y circulación de la riqueza.
La lógica de la economía no es la de la representación, que admite cierto margen de resistencia al no coincidir nunca -fuera de la imaginación totalitaria- los representantes con los representados, sino la de la evidencia indiscutible de algo casi «natural». La Unión Europea es el resultado de la extensión a escala de casi todo el continente de la lógica liberal ya operante en los distintos Estados. En cada uno de ellos, la economía se constituyó como espacio autónomo al retirarse el poder soberano de la administración de una serie de cuestiones relacionadas con la riqueza, su producción y su reparto, por considerarse estas cuestiones, por un lado, demasiado complejas para gestionarlas por decreto del soberano, y, por otro lado, por resultar, según el dictamen de la economía política, capaces de autorregulación. La autolimitación soberana en la UE ha terminado coordinándose entre diversos Estados soberanos para configurar un mercado y un espacio económico común. Esto, sin embargo, y contrariamente a la opinión comúnmente admitida, no entraña ninguna auténtica transferencia de soberanía a ningún órgano político común, sino un mero acuerdo de coordinación de la autolimitación del poder soberano. Son cosas muy distintas: una «transferencia de soberanía» o, en realidad, una transferencia de competencias -pues la soberanía como tal es intransferible- tiene como condición y como resultado la creación de una soberanía común, pues solo pueden transferirse competencias de un poder soberano a otro de nivel superior. Sí se puede, sin embargo, establecer un determinado marco administrativo y jurídico, no soberano y no político que gestione la cosa económica sin tocar por ello la soberanía de cada Estado. Para que la Unión Europea fuese una entidad política federal, tendría que haberse producido un proceso constituyente, pero este proceso nunca ha tenido lugar ni, probablemente lo pueda tener nunca en las condiciones del neoliberalismo. De ahí el fracaso de propuestas constitucionales como la de Giscard d’Estaing que terminaron convirtiéndose en mero marco formal de acomodo de un régimen liberal común sin sujeto político alguno.
Una Europa política, una Europa constituida como sujeto político sería una Europa a la que sería posible oponerse, en la que la oposición y la resistencia de la multitud podría transformarse en contrapoder y elemento potente de democratización. Todo eso es imposible frente a una Europa políticamente inexistente. De ahí que sea indispensable, antes de que termine de hundirse la actual construcción Europea bajo los embates del nacionalismo y de una gestión asimétrica y antisocial de la crisis, lanzar un proceso de construcción europea, un auténtico proceso constituyente desde abajo que tenga la forma y los efectos de una auténtica rebelión democrática. Iniciativas como Diem 25 o Plan B para Europa apuntan en ese sentido. No Podemos permitirnos una Europa sin democracia y, sobre todo, una Europa sin política: aunque parezca paradójico, los europeos tendremos que dotarnos de nuestras propias instituciones políticas para poder oponernos a ellas.
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