Los médicos italianos se oponen férreamente a denunciar a sus pacientes extranjeros en situación irregular. Las principales organizaciones y sindicatos de galenos, lanzaron una campaña en todo el país para movilizar a la sociedad contra esta propuesta de ley. La iniciativa comenzó con una manifestación en el centro de Roma, organizada por la Sociedad italiana […]
Los médicos italianos se oponen férreamente a denunciar a sus pacientes extranjeros en situación irregular. Las principales organizaciones y sindicatos de galenos, lanzaron una campaña en todo el país para movilizar a la sociedad contra esta propuesta de ley.
La iniciativa comenzó con una manifestación en el centro de Roma, organizada por la Sociedad italiana de medicina de las migraciones (SIMM), la Asociación de estudios jurídicos sobre la inmigración, Médicos sin Fronteras y el Observatorio italiano de salud global. También otros sectores se han sumado a la negativa de denunciar a los ‘sin papeles’ que acudan en consulta, como son los abogados: «Nos ofrecemos a defender a todos los médicos que quieran hacer acto de desobediencia civil rechazando de señalar a los inmigrantes irregulares», señaló Antonio Mumolo, presidente de la Asociación Avvocati di Strada (Abogados de calle).
La norma que pretende aprobar el Gobierno de Silvio Berlusconi, también ha puesto en pie de guerra a los principales sindicatos de médicos del país transalpino, que la semana pasada amenazaron con acudir al Tribunal Constitucional italiano y a los tribunales europeos si el Parlamento aprueba definitivamente esta ley.
«No somos espías», remarcan los representantes sindicales, evidenciando así el dilema que esta medida planteará a los médicos, los cuales deberán elegir entre si seguir el código deontológico profesional o aplicar la ley. Además, se corre el riesgo de generar una sanidad paralela entre los inmigrantes, ralentizar todavía más el funcionamiento de los ambulatorios y hospitales y propiciar que vuelvan a difundirse enfermedades que habían desaparecido en Italia, tales como la tuberculosis, entre otras.
El nuevo proyecto de ley fue aprobado hace algunas semanas por el Senado y todavía debe superar el examen de la Cámara de los Diputados. Entre otros aspectos, suprime el reglamento anterior, en el que se prohibía a los médicos y demás personal sanitario informar a las autoridades sobre la presencia de inmigrantes en situación irregular.
La oposición de centro-izquierda también se ha posicionado en contra de este proyecto, calificándolo de «inhumano» y «vergonzoso», además de «racista» ya que lo único que conseguirá es que personas enfermas «tengan miedo de ir al hospital» por no tener los papeles en regla.
La norma ha sido impulsada por la Liga Norte, partido en coalición con el Gobierno y que suele mostrarse especialmente beligerante contra el fenómeno de la inmigración. Según los médicos, la nueva norma no se limitaría a eliminar la prohibición que impedía a los médicos denunciar a los inmigrantes en situación irregular, sino que incluso les obligaría a informar a las autoridades sobre estas situaciones.
El responsable de la sección sanitaria del sindicato CGIL, Massimo Cozza, explica que «quitar la prohibición implica la aplicación automática de la norma del código penal según la cual, los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier delito perseguido penalmente».
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Silvio Berlusconi también se propone definir la situación de clandestinidad como un delito, el resultado es que «los médicos estarán obligados a denunciar a personas enfermas por el simple hecho de que están indocumentadas», lo cual es «algo aberrante», remarcó Cozza.
El SIMM difundió un manifiesto que desmonta ciertos mitos en torno a la población inmigrante y la medicina:
Mito: «Dicen que los médicos y los otros operadores sanitarios deben colaborar con las fuerzas de policía en la persecución de la clandestinidad, que será introducido en la ley del «paquete de seguridad».
La verdad: La tarea de los médicos, enfermeros y otros operadores sanitarios, no es perseguir los delitos, pero sí curar a las personas, presciendiendo de quiénes son, por la tutela incondicional de su salud. El artículo 32 de nuestra Constitución reconoce de hecho, la salud como un derecho fundamental del individuo e intereses de la colectividad. Este es el motivo por el cual en Italia curamos también a los detenidos, incluidos aquellos culpables de delitos graves.
Mito: Dicen que solo a través de la denuncia, la población será protegida del riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.
La verdad: La posibilidad de ser denunciado mantendrá a las personas clandestinas de la estructura sanitaria; la posibilidad de hacer diagnósticos y curar a cada persona es el mejor modo para proteger la salud de todos. Además, la notificación de la enfermedad infecciosa a la autoridad sanitaria está ya prevista como obligatoria por la ley actual.
Mito: Dicen que hasta ahora los médicos y los otros operadores sanitarios han protegido a los clandestinos también cuando les eran sospechosos de estar involucrados en delitos, comportándose en modo diverso que con los italianos.
La verdad: Todos los médicos, y todos los operadores de la sanidad, están obligados a hacer una señalación escrita a la autoridad judiciaria, cada vez que se encuentren ante la asistencia de una persona -italiana o extranjera, regular o irregular- que sea víctima de un delito, por el cual la magistratura deba intervenir sin esperar la denuncia de la víctima. Eso es tan cierto, que los médicos están obligados a referirlo cada vez que sospechen la presencia de una agresión, aunque la víctima niegue haber sido objeto de violencia.
Mito: Dicen que la asistencia sanitaria a los clandestinos comporta altos costos para el estado italiano.
La verdad: Los datos disponibles, elaborados también por el Ministerio de Salud, demuestran que la población inmigrada, incluida la clandestina, es joven y en general sana; los costos son siempre más altos cuando no se da la posibilidad de curarse a tiempo y se acude en condiciones de emergencia. El ambulatorio de medicina general cuesta menos que la atención en emergencia.