Rumanía ha vivido un fin de semana de protestas consecutivas en las calles de las distintas ciudades del país. El detonante de esta indignación popular ha sido un Proyecto de Ley de Salud Pública que proponía reformar el antiguo sistema de salud heredado de la época comunista con una privatización masiva. Si bien el antiguo […]
Rumanía ha vivido un fin de semana de protestas consecutivas en las calles de las distintas ciudades del país. El detonante de esta indignación popular ha sido un Proyecto de Ley de Salud Pública que proponía reformar el antiguo sistema de salud heredado de la época comunista con una privatización masiva. Si bien el antiguo sistema se basaba en la redistribución, el nuevo Proyecto de Ley relaciona las prestaciones médicas con las aportaciones de los ciudadanos, incluyendo un seguro mínimo por parte del Estado. Es decir, la esperanza de vida sería directamente proporcional al alcance del bolsillo de cada ciudadano.
La película, marcha atrás
La dimisión de Raed Arafat, figura capital en la gestión actual del sistema sanitario rumano, como signo de protesta ante la nueva ley, ha sido únicamente la gota que colma el vaso.
Los ciudadanos de Rumanía llevan décadas sometidos a experimentos económicos o sociales que forman parte de la llamada «transición». Desde las privatizaciones masivas de la década de los 90 hasta las actuales imposiciones del FMI, la emigración se ha consolidado como la solución para un elevado número de personas ante el creciente empobrecimiento del país.
Las políticas de austeridad adoptadas en el año 2011 asentaron la precariedad y la pobreza. La nueva reforma de la Ley Laboral, que pretendía flexibilizar el mercado laboral sacrificando los derechos laborales para crear nuevas plazas de empleo, no ha obtenido resultado alguno. A lo largo del mes de septiembre de 2011 el número total de personas contratadas ascendía a 4.200.000 en comparación con las 4.194.000 anteriores. Una mejoría insignificante. Por otro lado, Rumanía dio muestras de un paro mitigado con el 4,9% en octubre 2010. Cabe decir que esta diferencia no se refleja en la creación de empleo, sino en cómo se maquillan las estadísticas: una vez agotada la prestación, la persona ya no figura en las estadísticas. Los parados quedan fuera de cualquier estadística oficial y del sistema mismo, abocados a la economía sumergida o a la pobreza crónica. Al mismo tiempo, la emigración ha salvado las cifras del paro: aproximadamente dos millones de rumanos han abandonado el país en los últimos diez años. En los pueblos de Rumanía, el paisaje es a veces desolador: en las calles se ven a niños y abuelos, dado que para las personas en edad laboral la emigración se concibe como la única solución. Con la crisis económica global, los emigrantes encarnan el papel de no deseados en ninguna parte: en los países de destino se prefieren a los parados autóctonos, y en Rumanía no son bienvenidos porque aumentarían la demanda de prestaciones sociales.
En 2011 se anunciaron cambios en la normativa que regularizarían los servicios sociales, cambios basados en la táctica de apretarse el cinturón. El pobre es culpable de su situación de pobreza, hay pues que presionarle para que cambie su situación. El discurso oficial ve a los que acuden a las prestaciones sociales como «perezosos» o «mendigos». Se persiguió reducir los gastos para los servicios sociales con el 0,8 del PIB cuando alcanzaban un modesto 2,8 del PIB. Al mismo tiempo, el Estado ha delegado en las familias el cuidado de las personas mayores en situación de dependencia; los llamados «asistentes sociales informales» . Con las medidas de «modernización» de la sociedad rumana para su adaptación a los estándares de la UE, Rumanía ha dado un salto al siglo XIX. A pesar del crecimiento del PIB, la desigualdad ha aumentado de manera considerable. En 2007 era el país con los mayores índices de desigualdad de la UE. Conforme al índice Eurostat, el coeficiente de desigualdad Gini en 2010 fue del 33,3, con tres puntos porcentuales sobre la media de la UE.
A todo esto, cabe añadir el despido de 10.000 funcionarios en 2011 y una bajada del estipendio de los mismos de un 25%.
¿Qué es lo que sigue?
Las protestas del fin de semana marcan el despertar de una «nación política», afirma el antropólogo francés afincado en Rumanía, Claude Karnoouh. Tras veinte años de anemia colectiva, la gente vuelve a tomar conciencia de su poder para incidir en lo político. Significativa ha sido la inexistencia en las protestas de los líderes políticos. Se respira el desapego de la ciudadanía en relación con sus gobernantes. No sabemos lo que seguirá a las protestas, de momento se ha retirado el Proyecto de Ley, pero lo que ha quedado patente es la falta de confianza generalizada en el actual rumbo del país.
Muchos son los que opinan que en 1989 se quiso un cambio, pero la realidad que ahora se vive queda muy lejos de aquel «mundo mejor» que imaginaban. Los manifestantes, de todas las edades, son conscientes de que las políticas de los últimos años han minado el frágil tejido de protección y cohesión social del régimen anterior. El presente muestra el fracaso de la «transición». En un sondeo realizado en 2010, el 61% de las personas contestaron que sentían una cierta nostalgia por el régimen comunista de antaño, que les ofrecía una vivienda y un trabajo, a pesar de que el 69% reconocía que entonces estaban privados de libertad. Actualmente, el precio de la «libertad» ha resultado muy caro.
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