El general retirado Otto Pérez Molina, acusado de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, será presidente de Guatemala a partir del 14 de enero de 2012, hasta 2016. La transición del Gobierno guatemalteco, que suele durar tres meses desde las elecciones hasta el relevo definitivo, ha dado comienzo con el anuncio de que ex […]
El general retirado Otto Pérez Molina, acusado de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, será presidente de Guatemala a partir del 14 de enero de 2012, hasta 2016. La transición del Gobierno guatemalteco, que suele durar tres meses desde las elecciones hasta el relevo definitivo, ha dado comienzo con el anuncio de que ex militares y líderes religiosos ocuparán importantes puestos en el gabinete del próximo presidente, quien consiguió hacerse con la jefatura del Estado gracias a una campaña electoral plagada de promesas de seguridad en uno de los países más violentos del mundo, donde el 98% de los delitos no se investiga.
La llegada del ex general Pérez Molina a la presidencia del país hade evidentes las divisiones de una sociedad hipersegmentada por conflictos étnicos, religiosos, políticos y de clase, herederos de un feudo que se prolonga en el tiempo y de una democracia no adquirida sino instaurada, con las heridas aún abiertas de un conflicto armado interno que duró 36 años y que dejó como saldo el genocidio más grande de Latinoamérica, pero también el más desconocido, con al menos 250.000 víctimas que aún esperan justicia. El triunfo del ex militar se debe al voto de poco más de dos millones de personas, en un país de cerca de 14 millones de habitantes, con un sistema electoral excluyente diseñado para que sea una minoría privilegiada la única capaz de poner y quitar mandatarios.
El próximo presidente encarna el retorno de la derecha contrainsurgente, de la cual ya estuvo al frente en los años ochenta y donde se encargó muy bien de dejar clara su desproporcionada capacidad letal contra la población civil, declarada el enemigo interno en los territorios disputados a la guerrilla. Sólo unos días después de conocerse el resultado de las elecciones, se concentraba en las calles de Ciudad de Guatemala un grupo de militares para exigir la retirada inmediata de los cargos contra todos los miembros del Ejército imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, negando categóricamente la existencia del genocidio maya. Esta facción de la derecha contrainsurgente intenta desestabilizar los logros del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Claudia Paz, quien ha sorteado innumerables obstáculos para procesar a ex militares denunciados como ‘hostis humani generis’ (enemigos de la humanidad) en las cortes guatemaltecas e internacionales, como parte del Proceso de Verdad, Reparación y Justicia que exige el juicio y el castigo de los autores intelectuales y materiales de los delitos que provocaron el exterminio de comunidades enteras y un sinfín más de crímenes considerados de persecución universal.
Asimismo, la llegada al poder del Comandante Tito, como se conoció a Pérez Molina en la región del Quiché, donde dirigió numerosas operaciones cuyo objetivo era la destrucción total de las bases materiales y de la capacidad reproductiva de la población maya, ha contado con aliados imprescindibles, como Harold Caballeros, quien dimitió de su cargo como pastor de una iglesia evangélica para dedicarse a la política partidista. El ex pastor ha sido recompensado por sus incondicionales aportes al ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores, confirmando así el bien avenido matrimonio entre Ejército e Iglesia, tan propio de las derechas más recalcitrantes y que imposibilita cualquier atisbo de un Gobierno civil y laico.
Y, como no podía ser de otra manera, para blindar el statu quo, el retorno de esta derecha militarizada ha requerido de los recursos provenientes de la oligarquía tradicional más rancia de Guatemala y de las industrias criminales formadas en su mayoría por narcotraficantes. Ambos sectores han demostrado sobradamente su lealtad al próximo mandatario al financiar, la mayoría de las veces de forma anónima, la campaña electoral más cara que ha conocido este país centroamericano, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza y en la pobreza extrema.
Mientras se realiza el proceso de transición han sido desveladas algunas de las acciones inmediatas que se proponen para el plan de seguridad de la Administración de Pérez Molina, entre ellas la creación de varias ‘fuerzas de tarea’ destinadas a dar solución a algunas de los problemas que más preocupan a la población: las extorsiones, los secuestros, los feminicidios, entre otras. Llama poderosamente la atención que el próximo mandatario eleve al rango de prioridad la creación del la Fuerza de Tarea contra el Femicidio, cuando en el pasado comandos militares como la temida Fuerza de Tarea Guamarkaah se ensañaron especialmente contra las mujeres, convirtiéndolas en los cuerpos destinados a elevar la moral de la tropa y en las víctimas principales de los crímenes por razones de género dirigidos a humillar al enemigo y a destruir el tejido identitario-colectivo a través de violaciones sexuales sistemáticas y programadas donde las mujeres fueron consideradas un botín más de la guerra.
A estas ‘fuerzas de tarea’ se sumará, según Pérez Molina, un plan para combatir el narcotráfico en Guatemala, donde se estima que transita el 80% de la droga que se consume en EEUU. La propuesta del nuevo presidente es delegar el combate del narcotráfico en los kaibiles, un comando altamente entrenado en la organización y ejercicio extremo de la violencia y con un adiestramiento centrado en convertir a cada kaibil en una máquina de matar. Paradójicamente, diversas investigaciones apuntan a que un gran número de kaibiles están integrados en Los Zetas, la facción armada más especializada y despiadada de los narco-comandos.
Así las cosas, es evidente que la estrategia de seguridad nacional, cuyo ofrecimiento le permitió ganar las elecciones a Pérez Molina, sólo se podría haber delegado en manos de un conocedor de los códigos militares que predominan en las propuestas del ex general: el elegido para ser ministro del Interior es el ex teniente coronel del Ejército guatemalteco Mauricio López Bonilla, un experimentado estratega que diseñó el plan de seguridad de mano dura, que incluye la inmediata restitución de la pena de muerte, ofrecido en la campaña electoral por Pérez Molina. López Bonilla apuesta por la recuperación del territorio, poniendo en las calles a 30.000 nuevos policías, además de a los integrantes de las nuevas ‘fuerzas de tarea’ que estarán integradas básicamente por militares, aunque con aspiraciones de convertirse en células interinstitucionales. Pérez Molina alaba y sigue los pasos de la guerra contra el crimen organizado impulsada por Felipe Calderón en México.
Para los electores del general que estuvo al frente de las operaciones de tierra arrasada que incluyeron asesinatos de hombres y mujeres, de niños y niñas, violaciones sexuales masivas, feticidios, desapariciones y torturas que iban más allá de la muerte con la prohibición de enterrar los cadáveres, estos hechos constituyen un puro anecdotario de quienes se dedican a la defensa de los Derechos Humanos. Para la mayoría de la población guatemalteca, esa mayoría que no eligió a Pérez Molina, los próximos cuatro años se presentan como un desafío contra las libertades y como el retorno del imaginario del terrorismo militar más sanguinario de la historia de Guatemala.
Aún así, y pese al retorno de la oscuridad del pasado que vuelve, el contexto nacional e internacional ha cambiado y los factores endógenos y exógenos que permitieron el totalitarismo de aquellos años no son los mismos: la semilla contra la impunidad está sembrada y tarde o temprano dará sus frutos; la búsqueda de justicia, como los crímenes de lesa humanidad, no prescribirá.
Mercedes Hernández es Secretaria General del Lobbie Europeo de Mujeres Migrantes (LOBBIEMM) y Presidenta de la Asociacion de Mujeres de Guatemala AMG. Investigadora del feminicidio y de la violencia contra las mujeres en los conflictos armados de diferentes niveles de formalizacion. Nacio en El Quiche, Guatemala y sobreviviente del conflicto armado interno que devasto su país y su provincia natal.