¿Qué dirían ahora los partidarios de la Constitución europea, si sus portavoces, y no los nonistes, hubieran logrado la mayoría en el referéndum francés del pasado 29 de mayo? Ahora, que apenas subsisten dudas sobre la existencia -pasada o presente- de cárceles ilegales de la CIA en países de la UE como Polonia y Hungría […]
¿Qué dirían ahora los partidarios de la Constitución europea, si sus portavoces, y no los nonistes, hubieran logrado la mayoría en el referéndum francés del pasado 29 de mayo? Ahora, que apenas subsisten dudas sobre la existencia -pasada o presente- de cárceles ilegales de la CIA en países de la UE como Polonia y Hungría y en países que están en puertas, como Rumania y Bulgaria, ¿podrían seguir apelando euroeufóricamente a las tradiciones, la cultura y los valores de Europa? ¿Cuándo el gobierno roji-verde de un país del núcleo de la UE como Alemania anduvo lo bastante extraviado como para permitir el secuestro -y, claro está, la tortura- por parte de la CIA? ¿Y no es una auténtica vergüenza europea el que. en bases norteamericanas en Hungría, recibieran instrucción las bandas del otrora protegido de los EEUU Chalabi que ahora, en calidad de «policías», vejan a hombres y mujeres en Irak? ¿Y qué decir del presupuesto de la UE, cuando se sabe que ese presupuesto no representa sino unas pocas milésimas del producto interior bruto de la UE?
El consenso alcanzado en la última cumbre de Bruselas, después de las concesiones de los «tres grandes» -Francia, Gran Bretaña y Alemania-, permite desde luego un respiro. Pero los desgarros, sólo han sido puestos entre paréntesis; suturados, en modo alguno. Bien se ve que las cuitas de la UE no vienen de la falta de una Constitución ratificada, que habría puesto sobre el proyecto de integración europea una corona de espinas. Más bien tienen que ver con la tan cacareada identidad europea, la cual brota no de un suelo cultural primigenio occidental histórico-idealmente conformado, sino sobre todo de la vital experiencia práctica cotidiana del mundo del trabajo y de la vida de los hombres y las mujeres. La legitimación de la UE viene sólo de -y se esfuma sólo con- la siguiente cuestión: ¿qué importancia tiene Europa para «trivialidades» como la ocupación y los salarios, o como el asunto del cuidado sanitario, o la provisión de educación e instrucción, o la garantía de las pensiones de vejez o la regulación de los impuestos y las deudas? Europa crece con la plusvalía social, que promueve la integración de los ciudadanos ofreciéndoles ventajas materiales y esperanzas en perspectivas de futuro realistas. O no crece.
En el tira y afloja venal sobre el presupuesto se trató más de la «plusvalía» monetaria, de los fondos regionales que ha de ser distribuidos por la UE, particularmente de las subvenciones agrícolas, que representan más del 45% del presupuesto. Sin embargo, es presupuesto es demasiado pequeño estructuralmente como para tener consecuencias políticas de calado. Tanto más cierto es esto, cuanto que la UE se ha ampliado con países y regiones cuyas rentas medias ni siquiera llegan a la mitad de la media de la UE.
El 1,24 por ciento del producto interior bruto de todos los estados de la UE constituye el límite máximo del presupuesto comunitario europeo. Y ese límite ni siquiera se alcanzó en el presupuesto de 2004 (con un 0,98%), ni hay que esperar tampoco que se alcance en el presupuesto de los próximos años. Se ha consensuado en Bruselas un 1,045 por ciento. Esos medios se emplearán preferentemente en subvenciones e infraestructuras que habrán de servir de ayuda, sobre todo, a la buena marcha de la economía. Como afirmó Adam Smith hace ya más de 200 años: los bienes públicos han de servir a la seguridad del «comercio» privado.
¿Pero qué hay de la seguridad socioeconómica y humana? ¿Qué pasa con la Europa social?. En el debate presupuestario, apenas se habló de eso, lo que no debería sorprender a nadie, habida cuenta de que, finalmente, con la Constitución europea, el principio neoliberal tendría que haber logrado un rango constitucional, dejando a la Europa social fuera del «orden liberal-democrático fundamental». A esa perspectiva, franceses y holandeses dijeron mayoritariamente: no.
Basta recordar cómo se enfrenta la Constitución europea al problema del empleo. Los ciudadanos de la UE tienen, ciertamente, derecho al trabajo y a optar libremente a puestos de trabajo (Art III 133), pero la Constitución renuncia a la obligación de ocuparse del problema de haya puestos de trabajo. Pero el modelo de la integración negativa mediante la desregulación de las actividades estatales y la liberalización de los mercados sólo resulta atractiva mientras el creciente bienestar supuestamente derivado del libre comercio sea algo más que una huera promesa. Hasta los sindicatos se entregaron a la perspectiva de «despejar estorbos» del mercado de trabajo, flexibilizar e incrementar la movilidad. ¿Qué resultó de eso, sino una desocupación todavía mayor y mayor precariedad en el empleo? Los mencionados fondos de la UE en nada pudieron mitigar tal situación. El desempleo ronda a finales de 20055 el diez por cien. El 15% de la población europea está bajo la línea de pobreza, y el número de los trabajadores precarios no para de crecer: el 16% de los empleados son pseudoautónomos; el 18% trabajan a tiempo parcial; y el 14% trabajan con contratos temporales.
Las garantías socioeconómicas, que de acuerdo con los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son irrenunciables para cualquier trabajo, hace tiempo que han sido socavadas en Europa. La Comisión de la UE, los gobiernos nacionales o el Banco Central Europeo bailan al son de la monocorde música de la desregulación neoliberal. Las normas protectoras del estado social son orilladas en el plano nacional, sin que, en el plano europeo, se presente obstáculo alguno a la inclemente carrera ratonil hacia el abismo por conseguir los trabajadores en cadena más baratos, los conductores de autobús más baratos o las enfermeras más baratas. Acaso aproveche eso a los consumidores de esos servicios; pero exige de los trabajadores crecientes sacrificios de sus rentas y de sus condiciones de trabajo.
El famoso «fontanero», tantas mencionado con displicencia por algunos comentaristas del «Non» francés, que teme la competencia polaca barata, entendió eso mucho mejor que tantos críticos postizquierdistas de los nonistes. Fiarlo todo a los mercados y permitir que se desgarre la red social es sin duda una cosa buena para muchas empresas, pero es el final del proyecto europeo. Es grande el peligro de que muchos hombres y mujeres responsabilicen de la alteración de las «reglas del juego» no a las directivas Bolkestein y a otras directrices desreguladoras por el estilo, sino a sus colegas y pares de otros países de la UE. La integración negativa se puede convertir en la partera de un nuevo nacionalismo.
De acuerdo con las teorías actuales de la integración, para poder ofrecer bienes y servicios es precisa una integración regional. Integración regional quiere decir infraestructura material (redes viarias, de comunicaciones y de suministro de energía), no menos que la infraestructura inmaterial que resulta imprescindible para la seguridad de las personas.
Comprende esta última la educación, la asistencia sanitaria la seguridad alimentaria y normas socioeconómicas básicas. Esa integración positiva, con la que la UE ha llegado más lejos que ningún otro bloque económico en el mundo, está hoy amenazada por la integración negativa, de estilo neoliberal, de la desregulación y la privatización de bienes públicos importantes.
Por eso el «techo» de la Constitución es tan quebradizo, porque pretende cubrir una casa europea que no está construida para que resulte habitable para todos. Ambos -techo y casa- precisan de renovación, no de una reconstrucción total. Del proyecto de Constitución europea debería desaparecer toda la Parte III (desde el Art. 115 hasta el 448), la parte que regula la desregulación, para ser substituida por otra que estableciera las reglas substantivas y de procedimiento que resultan absolutamente necesarias para dotar de competencias a las instituciones europeas. El modelo social europeo sólo podrá salvarse, si logra ponerse freno mediante directivas europeas a la competición fiscal entre estados miembros. Porque los bienes públicos sólo pueden financiarse evitando esa concurrencia.
Es verdad: el intento de establecer constitucionalmente el neoliberalismo ha fracasado en 2005. Pero la política neoliberal prosigue, desinhibida, su curso. Las directivas Bolkestein sobre los servicios es un caso de desmontaje de protecciones estatal-nacionales, sin voluntad de establecer nuevas protecciones a escala europea para los trabajadores. Pura integración negativa. Quo vadis Europa? ¿Tras los dogmas neoliberales, o en pos de la responsabilidad social?
* Elmar Altvater es profesor emérito de economía en la Universidad Libre de Berlín, y una de las voces con más autoridad moral e intelectual de la izquierda alemana.
Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss