San Cristóbal Verapaz, se ubica a más de 200 kms de la capital y a 24 kms de la cabecera departamental de Alta Verapaz. Según estimaciones del INE, cuenta con una población de 73,848. En sus orígenes el municipio fue formado por Mayas Poqomchi, siendo ahora la mayoría de su población, aunque ahora comparten el territorio con miembros de diferentes comunidades lingüísticas tanto mayas como no mayas.
La situación del municipio de manera general, es complicada; la población, padece de desnutrición crónica y aguda, tanto en hombres, mujeres y niños, problemas relacionados a la salud y alimentación, pobreza, extrema pobreza y miseria, falta de trabajo, viviendas no aptar para vivir, etc.[1] Su población se concentra en su mayoría en el área rural y en un territorio de aproximadamente 80 aldeas.
El conflicto armado interno (1960-1996) afectó la estructura organizativa de las comunidades. Las masacres, desapariciones forzadas, tortura, amenazas, dejaron el siguiente saldo: una cantidad elevada de viudas, huérfanos, desplazamiento interno y la muerte de innumerables líderes y lideresas. División en la sociedad y el aparecimiento de un grupo de líderes políticos y líderes sociales que se han apoderado de los espacios políticos, pero sin repercusión objetiva en la vida de los cristobalenses.
El crimen organizado ha logrado penetrar en muchas familias del municipio y ha cooptado desde hace muchos años el poder municipal. Desde finales de 1996 hasta hoy, quienes deciden y controlar el poder municipal y tienen el control de los partidos políticos, son miembros o familiares de personas que están involucrados en el crimen organizado, de allí que podríamos decir y sin temor a equivocarnos, que los alcaldes y políticos que han llegado a ocupar un puesto en la municipalidad y en el legislativo[2], lo han hecho para hacerle el trabajo a miembros del crimen organizado o porque ahora son parte de ellos.
El nivel de inseguridad en el municipio es grande. Con la penetración del crimen organizado, también se comenzó a implementar la mal llamada “limpieza social”[3] y que no es más que la “ejecución extrajudicial” que dirigían los grupos paramilitares durante la guerra para asesinar a quienes eran considerados comunistas, guerrilleros o simplemente porque los altos mandos de las PAC y Comisionados Militares se querían quedar con sus propiedades.
En medio de toda esta oscuridad, la gran mayoría de la población pobre, está luchando por su sobrevivencia. En un ambiente hostil, por un lado cargado de racismo y discriminación y por el otro, porque ninguna autoridad ha implementado un modelo de desarrollo que sea realmente para promover una vida más humana y digna.
La población del área rural, principalmente; son quienes al final sufren por la falta capacidad y voluntad política de las anteriores y la actual autoridad municipal. Incluyendo aquí la incapacidad de gobiernos centrales como el actual, quienes nunca se han ocupado por resolver las dolencias de las comunidades rurales-mayas.
Esta población, es quien al final está expuesta primero a ser presa fácil para vender su mano de trabajo al crimen organizado, a las empresas madereras, a las empresas hidroeléctricas, a las productoras de palma africana o en migrar a la ciudad para trabajar de guardia de una empresas privada o buscar la forma de irse a Estados Unidos, a Honduras o México a estos dos países a cortar café. O quedarse su comunidad a sobrevivir, sin encontrar en el horizonte un futuro mejor.
De igual forma, están expuestos a sufrir las situaciones generadas por los huracanes u otro tipo de catástrofe natural, como lo sucedido en casi todas las comunidades por las tormentas ETA e IOTA. Padecerlas no solo en el momento mismo de la catástrofe, sino también después, como les está pasando ahora, cuando sus demandas no son atendidas ni por el alcalde municipal mucho menos por el presidente de la república.
Gracias a la sociedad civil, el apoyo intra e intercomunitario, la cooperación internacional solidaria y las iglesias, es como las comunidades han podido paliar los efectos del COVID19, los huracanes ETA e IOTA. No han sido las autoridades municipales ni nacionales quienes han apoyado a los damnificados, al contrario, “los damnificados como todas las víctimas, solo han servido para comenzar la campaña política”.
Por ejemplo, un alcalde que gana más de Q.30,000.00, miembros del Consejo Municipal que les pagan en dietas[4] mensuales Q.12,500.00, una municipalidad que tienen un ingreso de Q.6,902,901, como ingresos propios y no es capaz de comprar recursos para los damnificados y deposita su confianza en la cooperación internacional[5] y que sea ésta quien asuma el proceso de reconstrucción.
Notas:
[1] Ba Tiul, Kajkoj Máximo, http://www.albedrio.org/htm/articulos/k/kbt-205.html, visto última vez el 11 de febrero de 2021.
[2] Diputado Felipe Lem, lleva más de 30 años de estar en el Congreso.
[3] Por medio de esta práctica se han asesinado muchas personas en el municipio, principalmente jóvenes y niños.
[4] Un pago que se le hace a cada miembro del Concejo Municipal, por reuniones realizadas durante el mes.
[5] Datos de municipio de San Cristóbal Verapaz, según el Diario de Centroamérica e información pública de la municipalidad.
Kajkoj Máximo Ba Tiul. Maya Poqomchi, antropólogo, filósofo y teólogo