El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció ayer una profunda reforma del sistema judicial, que incluye un proyecto de supresión del juez de instrucción, una cuestión que ha suscitado la polémica por considerar que supone cuestionar la independencia de la Justicia. El juez de instrucción es un magistrado independiente del poder ejecutivo, que se ocupa de […]
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció ayer una profunda reforma del sistema judicial, que incluye un proyecto de supresión del juez de instrucción, una cuestión que ha suscitado la polémica por considerar que supone cuestionar la independencia de la Justicia.
El juez de instrucción es un magistrado independiente del poder ejecutivo, que se ocupa de los casos criminales y los sumarios más complejos, y dirige la investigación con ayuda de la Policía.
El juez de instrucción «no puede ser el árbitro» y, aunque controle el desarrollo de las investigaciones, no debería dirigirlas, señaló el mandatario francés en su discurso de apertura del año judicial. No es aceptable, añadió, mantener «la confusión entre los poderes de investigación y los poderes jurisdiccionales del juez de instrucción». Según Sarkozy, un magistrado que esté a cargo de una investigación no puede garantizar, al mismo tiempo, los derechos de las personas procesadas.
Sus argumentos no convencieron a los jueces de instrucción, abogados y secretarios judiciales, que ayer se concentraron en las proximidades del Palacio de Justicia para expresar su rechazo a la propuesta presidencial.
Aunque Sarkozy no mencionó que serían los fiscales los que asumirían la dirección de las investigaciones judiciales, los manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como «Fiscal=justicia dependiente de la política=justicia a dos velocidades».
Otro de los cambios que defiende Sarkozy afecta a las decisiones de prisión provisional que, a su juicio, deberían ser adoptadas por una «audiencia colegiada pública», en lugar de los actuales magistrados de las libertades y la detención. Anunció, además, su intención de despenalizar la difamación.