El miércoles día 9 hubo movilizaciones masivas en más de 170 pueblos y ciudades, en las que la juventud y los trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra la política del Gobierno Valls. Se abre así en Francia una nueva situación política y social. Desde hace un año, la orientación autoritaria y neoliberal del Gobierno Valls […]
El miércoles día 9 hubo movilizaciones masivas en más de 170 pueblos y ciudades, en las que la juventud y los trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra la política del Gobierno Valls. Se abre así en Francia una nueva situación política y social.
Desde hace un año, la orientación autoritaria y neoliberal del Gobierno Valls y del presidente Hollande ha adquirido una nueva dimensión. Sus ataques contra las libertades, el incremento de la represión contra las luchas y el racismo institucionalizado se dan al mismo tiempo que unas modificaciones legislativas que acentúan los ataques contra los derechos de las y los asalariados y profundizan la contrarreforma neoliberal orientada a destruir las conquistas sociales logradas en la segunda mitad del siglo XX. Con ello se implanta un sistema nuevo, otro marco legal, otro modelo de Estado, de represión, que conducen a una modificación de fondo del sistema de dominación capitalista en Francia.
Una ofensiva de calado, con una respuesta débil durante estos últimos años
En el pasado reciente hemos asistido a movilizaciones de solidaridad con los 8 asalariados de Goodyear condenados a 9 meses de prisión por haber secuestrado a cuadros intermedios de la empresa en medio de una larga huelga contra su cierre y el despido de más de 1000 trabajadores en 2013; también las hubo para apoyar a los 5 de Air France despedidos por haber destrozado la cabina de un directivo de la empresa. También hemos conocido luchas sectoriales, a veces muy radicales (sobre todo en Correos contra las reestructuraciones brutales que impone la empresa y en el sector del comercio contra la apertura de los domingos). También ha habido manifestaciones contra la política gubernamental en relación con la política de acogida a las personas refugiadas. Las manifestaciones y protestas varias contra el estado de excepción, su prolongación [durante tres meses] y el proyecto de ley contra la privación de la nacionalidad [a las personas de origen no francés], muy minoritarias en las semanas que siguieron a los atentados de noviembre, hicieron converger a un número creciente de colectivos. El 31 de enero hubo manifestaciones en todas las capitales convocadas por un colectivo de 150 asociaciones, sindicatos y partidos políticos que aislaron al Gobierno en torno a las cuestiones democráticas, toda vez que asociaciones y movimientos muy influenciados por el Partido Socialista también se sumaron a ellas. En fin, aun cuando la prohibición de manifestarse con ocasión de la cumbre sobre el clima (COP21) impidió que se diera una gran movilización de masas, no por ello el Gobierno logró anular la protesta y la lucha a favor de la justicia climática.
El primer síntoma de una posibilidad de movilización amplia contra la política del Gobierno vino de la mano de la lucha contra el proyecto de construir un aeropuerto en Notre Dame des Landes, cerca de Nantes, que se aceleró estas últimas semanas con el anuncio gubernamental de organizar un referéndum-farsa. En respuesta al mismo, se organizó de forma exprés un bloqueo festivo sobre el terreno en el que está proyectado el aeropuerto el pasado 27 de febrero. Una movilización que fue todo un éxito: entre 50 000 y 60 000 participaron en una gigantesca manifestación en defensa del bloqueo del aeropuerto y en apoyo a quienes ocupan el ZAD («zona a defender») desde hace 15 años [cuando se anunció el proyecto].
La puesta en cuestión del código laboral
El proyecto gubernamental es tremendo, radical: su objetivo es poner patas arriba el código laboral [Estatuto de los trabajadores].
El código laboral, que nació en 1910, reúne un conjunto de leyes y reglamentos que afectan a los 17 millones de personas asalariadas en el sector privado/1. En él se concentran las conquistas sociales fruto de la lucha de clases del último siglo y, sobre todo, tras los grandes movimientos huelguísticos (1936 y 1968) y los períodos en los que la relación de fuerzas era favorable a los trabajadores y trabajadoras (o sea, desde el fin de la II Guerra Mundial hasta los años 1970). Los progresos se dieron a través de un proceso de negociación un tanto particular: ningún acuerdo entre la patronal y los sindicatos podía ser perjudicial para los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la ley marcaba un límite por abajo y la negociación no podía sino mejorar este punto de partida, con conquistas que poco a poco se incorporaban a este código laboral.
Evidentemente, todo esto se puso en cuestión en los últimos treinta años. Al igual que en el resto de Europa, se desarrolló la flexibilización de los contratos y del tiempo de trabajo, se facilitó el despido y se mermaron otras conquistas.
Pero lo que se plantea ahora tiene una dimensión muy superior: se plantea reescribir el código laboral partiendo de otros puntos de referencia.
Existen dos ideas básicas que destruyen completamente el actual código:
La primera es que se pueden restringir las libertades y los derechos fundamentales en «función de las necesidades para el buen funcionamiento de la empresa». Esta fórmula neoliberal quiere que los derechos y libertades se sometan a la economía y no a la inversa, que es lo que hacía el código de trabajo desde su creación.
La segunda es que los acuerdos negociados a nivel de empresa (entre la dirección y los trabajadores) que sean perjudiciales para los trabajadores se sitúan por encima del código laboral y en caso de que los sindicatos mayoritarios se opongan a los mismos, la empresa puede organizar referéndums para imponer la degradación de las condiciones laborales y salariales con el chantaje de mantener el empleo.
La aplicación de estos nuevos principios al conjunto del código laboral certifica la muerte de todas las conquistas logradas en los últimos cien años.
De llevarse a cabo será posible negociar 12 horas de trabajo diario, 48 horas semanales durante 4 meses, 60 horas para una semana, la flexibilización sin límite del reparto del tiempo de trabajo, la extensión del trabajo nocturno , la generalización del trabajo a destajo/2 y la disminución del coste de las horas extraordinarias. Al mismo tiempo, el texto prevé facilitar el despido por causas económicas siempre que haya una reducción de pedidos y limitando las indemnizaciones cuando la patronal se vea condenada por los tribunales por haber despedido de forma abusiva.
Una movilización impulsada al margen de los sindicatos
Ante una agresión de esta dimensión las organizaciones sindicales se han visto superadas. El 23 de febrero un comunicado intersindical apenas planteaba la derogación de algunas de las medidas contenidas en el mismo, sin exigir la retirada del proyecto y sin realizar ningún llamamiento a la movilización.
Pero en las redes sociales la movilización fue abriéndose camino. La exigencia de la retirada del proyecto impulsada por una militante feminista que había abandonado el Partido Socialista en 2014/3, recabó en unos pocos días cientos de miles de firmas. En dos semanas se llegó al millón. Un vídeo grabado por jóvenes con el título «valemos mas que eso»/4, haciendo referencia a la vivencia de mil y una pequeñas y grandes vejaciones que atentan contra su dignidad, se convirtió en viral. Y a él le siguieron centenares y miles de testimonios espontáneos sobre la explotación cotidiana en las empresas. En pocos días, a través de las redes sociales, se fue haciendo creíble la posibilidad de movilizarse el día en el que el proyecto de ley fuera presentado en el Consejo de Ministros (o sea, el 9 de marzo).
El 25 de febrero, todas las organizaciones juveniles sindicales y políticas/5 tomaron posición conjuntamente a favor de la retirada completa del proyecto de ley y llamaron a una jornada de acción para el 9 de marzo. Se comenzó a organizar la movilización. El Gobierno decidió entonces retrasar la presentación de la ley al 24 de marzo, pero nada cambia. Además, en el seno de los sindicatos fue aumentando un malestar creciente contra el anuncio de la Intersindical de ir a una jornada de acción el… ¡31 de marzo! Finalmente, todas las organizaciones, forzadas por el incremento del malestar en la juventud, convocaron a las protestas para el día 9, la mayoría llamando a la retirada del proyecto de ley El Khomri (Ministra de trabajo)/6.
Cristaliza el rechazo a la política gubernamental
La movilización del 9 de marzo ha sido masiva (más de 450 000 manifestantes en las calles). La más importante desde 2010 [cuando más de tres millones de personas se movilizaron durante 2 meses contra la reforma de las pensiones, que se perdió].
En las manifestaciones convergían los jóvenes de institutos y universitarios con una franja significativa de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente del sector privado, pero también del público/7.
Esta movilización es un claro reflejo del rechazo a la política del Gobierno Valls-Macron (ministro de economía), y a toda la política reaccionaria desarrollada por los distintos gobiernos socialistas desde 2012. La ley El Khomri se ha convertido en el catalizador del rechazo a la política de austeridad y liberticida del presidente Hollande. En el debate sobre el proyecto de ley se siente que una parte de la juventud y de los trabajadores y trabajadoras está poniendo en cuestión toda la política anti-obrera, pro-patronal, liberticida, etc. Se pone de manifiesto así una impugnación global de la política gubernamental, e incluso del modelo social actual, expresada hasta ahora de forma subterránea en toda una serie de luchas.
Con esta primera movilización comienza a perfilarse la posibilidad de imponer la retirada del proyecto de ley y de poner freno a la ofensiva gubernamental. Para que se desarrolle, el movimiento tiene que organizarse en torno a la exigencia clara de la retirada de la ley que unifique al conjunto de los sectores. Va a ser necesario hacer frente al Gobierno y a algunas organizaciones sindicales [la CFDT…] que se plantean enmendar la ley en cuestiones secundarias sin tocar su orientación general.
Este primer paso ha sido posible por la radicalización de una parte de la juventud y por la capacidad de algunos sectores de impulsar iniciativas orientadas a la movilización. Un panorama que va tomando cuerpo, también, con próximas jornadas de movilización previas a la jornada del 31 de marzo anunciada por la intersindical.
Notas:
1/ El funcionariado (8 millones) está sometido a estatutos diferentes.
2/ En la que las horas extraordinarias no son compatibles y por consiguiente no se pagan como extraordinarias.
4/ https://www.facebook.com/OnVautMieux/
5/ Incluso las juventudes del Partido Socialista
6/ Nombre de la Ministra de Trabajo actual
7/ Que son conscientes de que los recortes que se impongan en el sector privado se impondrán después en el público.
Traducción: VIENTO SUR
Fuente original: http://vientosur.info/spip.php?article11071