Las contradicciones crecientes entre las diversas alas de la burguesía panameña ha permitido que ciertos medios de comunicación saquen a la luz pública la descarada corrupción que prevalece en la Asamblea Nacional. Decenas de millones de dólares se han repartido los diputados de todas las bancadas en donaciones ficticias o en fundaciones propias. Lo denunciado […]
Las contradicciones crecientes entre las diversas alas de la burguesía panameña ha permitido que ciertos medios de comunicación saquen a la luz pública la descarada corrupción que prevalece en la Asamblea Nacional. Decenas de millones de dólares se han repartido los diputados de todas las bancadas en donaciones ficticias o en fundaciones propias.
Lo denunciado hasta ahora sobre este robo al erario público es apenas lo sucedido en ese órgano del Estado de 2014 a 2016, bajo las dos presidencias del diputado Rubén De León, pero parece una vieja práctica, si recordamos el famoso caso CEMIS, del período 1999-2004, en el que nadie salió sancionado, pese a la confesión del diputado Carlos Afú de haber recibido un sobre amarillo con miles de dólares para aprobar un a ley. Por eso es irónico personajes como este integren ahora una comisión legislativa para «investigar la corrupción» de los últimos gobiernos.
Donde quiera que se apriete sale pus. Estas denuncias se suman al escándalo de Odebrecht, por el cual los funcionarios de los tres últimos gobiernos (Torrijos, Martinelli y Varela) habrían recibido coimas a cambio de jugosos contratos públicos. Ni hablar de los «Panama Papers», que involucra al bufete de uno de los allegados de Varela, Fonseca Mora, en la fabricación de empresas de maletín usadas para lavar dinero. Práctica que común a media docena de bufetes y bancos panameños denunciados en otros países por hechos similares.
Ni hablar de la Corte Suprema de «Justicia», de cuya máxima corporación el magistrado Harry Díaz confesó diversos delitos y prácticas corruptas hace poco más de un año, sin que haya pasado nada. Para no mencionar los fallos judiciales en diversas instancias que han puesto en libertad a mafiosos y a los responsables del envenenamiento masivo con dietilenglycol.
No hay político, ni partido, ni entidad pública que se salve. La corrupción ha permeado todos los poros del estado y el régimen panameño. Si bien la corrupción es una excepción sino la regla en una sociedad capitalista, basada en la explotación del trabajo y la desigualdad social; si bien la República de Panamá nació marcada por la corrupción, al menos desde 1903; lo cierto es que en la última década se ha alcanzado el tope del descaro y la degradación moral de la clase burguesa y sus partidos.
Si al descrédito del régimen y sus partidos sumamos el aumento gigantesco de la pobreza, además de la debacle de los servicios públicos, la situación está servida para una explosión social que derribe el régimen corrupto que nos oprime. El escenario nacional está listo para que el pueblo se eche a las calles para exigir «que se vayan todos» por corruptos e imponer una Constituyente Originaria.
Si esto no sucede, y las energías populares se desgastan en pequeñas luchas barriales para exigir escuelas, calles o agua potable; si el descontento acumulado no convergen en una gran fuerza que barra en las calles al régimen antidemocrático y corrupto; se debe a la inexistencia de un referente prestigiado y unitario que simbolice la esperanza de cambio que existe en nuestro pueblo.
En vez de empecinarse en actitudes sectarias, es hora de que las fuerzas dirigentes del movimiento sindical, gremial y político alternativo asuman la responsabilidad histórica de convocar al diálogo y movilización unitarios.
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