Ollanta Humala en 136 días ha producido una «masacre política», dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato, le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral.
La construcción de un candidato presidencial es un proceso complejo de construcción de imagen, de discurso, de configuración de alianzas y en última instancia de visibilidad real. Construir un candidato cuesta dinero y esfuerzo de mucha gente. El entorno del futuro candidato hace este esfuerzo en un acto de fe política convencido de que éste podrá cambiar el rumbo de la historia. Es lo que el Banco Mundial llamaría un acto de inclusión social. Los/las jóvenes repartidos por el país hacen campañas y rompen el descrédito de la política para que las nuevas generaciones voten por la izquierda y no por la derecha y para que las generaciones mayores retomen su compromiso con la sociedad, perdido ante las frustraciones de décadas de luchas truncas. Haciendo camino al andar, cada grupo de trabajo inventa un imaginario progresista y trata de empatar eso con lo que se ve en el horizonte.
La división derecha/izquierda está delineada por una consciencia ambiental versus políticas extractivistas; democracia participativa versus democracia electoral; derecho al cuerpo versus la sexualidad reproductiva compulsiva; las mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus concentrar el ingreso y aquietar a los mercados; políticas económicas heterodoxas versus políticas económicas ortodoxas; modelo de crecimiento exportador versus un modelo de crecimiento hacia adentro; más impuestos a los ricos versus exoneraciones tributarias; lucha contra el racismo y toda forma de discriminación versus el status quo.
Caído el bipolarismo internacional en 1990, hay la búsqueda por la construcción de un nuevo regionalismo político multipolar versus la unipolaridad militar con la que Estados Unidos actúa, dada su pérdida de liderazgo global.
La lucha de clases hoy día es más compleja que la lucha entre ganancias y salarios únicamente porque lo que está en juego es el planeta. La lucha salarios-ganancia la ganó el sector financiero, que consolidó en el mundo occidental una participación cada vez menor de salarios en el PIB a cambio de una concentración creciente del ingreso. Esta ha sido la razón de ser de las protestas de los Indignados españoles y de Occupy Wall Street así como de los precursores de los cambios en todo el Mediterráneo.
Es ya una práctica instalada que los presidentes/alcaldes/gobernado
El más reciente miembro del creciente club de los tránsfugas es el presidente peruano sobre el que algunos cifraron muchas esperanzas. Un gobierno de izquierdas en el Perú podría haber significado la consolidación del proyecto sudamericano. El viraje peruano, al que ya estamos acostumbrados desde la elección de Alberto Fujimori Fujimori (AFF) en 1990, fue más brusco que entonces. En 1990, AFF tardó dos años en sacar a sus compañeros de ruta electorales del gabinete y rompió las alianzas finalmente cerrando el congreso el 5 de abril del 1992 con el autogolpe. Es decir, tardó 608 días en sacar del gabinete a todos los «progresistas» y un mes más para eliminar a sus asesores de campaña antes de asumir el gobierno.
Ollanta Humala (OH) en 136 días ha producido una «masacre política», dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato; le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral. Las alianzas políticas siguen en la bancada del Congreso dentro de una cancha rayada muy complicada. Si sus compañeros de bancada se van porque los ha defraudado, gobernará con Fujimori y el Apra. Por las dudas, el presidente del Congreso habla de la necesidad de indultar al reo AFF y boicotea la labor de la comisión contra la corrupción del régimen de Alan García Pérez. De manera insólita el gobierno progresista de OH no puede hacer lo que el gobierno de Toledo de centro derecha logró, enjuiciar la gran corrupción. El Parlamento no ayuda a OH en su labor o el presidente del Congreso hace puentes para el cambio de alianzas final. La «masacre política» del 10 de diciembre ocurrió cuando 11 de 17 ministros fueron defenestrados tras un acto presidencial, donde primero desautorizó públicamente al Premier en unas negociaciones con la población en Cajamarca; en segundo lugar decretó el estado de emergencia en la zona minera aurífera en debate. Y finalmente metió a la cárcel a los responsables políticos de la zona que estaban en Lima intentando encontrar una solución pacífica al conflicto originado por las demandas de una empresa que quiere utilizar cuatro lagunas para sus actividades mineras, contrariando la opinión de la población de la zona que quiere mantener sus lagunas.
Fue tanto una «masacre política» como una demostración de estilo político. Ya puede el presidente cerrar el recién abierto Ministerio de la Inclusión Social y ahorrarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos soles. Lo «eficiente» es que sean programas del Ministerio de la Presidencia. Alguien tendría que explicarle al presidente la distancia entre la eficiencia económica y la eficiencia política y que la inclusión social es un tema de política macroeconómica y no ajeno a ésta.
En la relación con Estados Unidos hay que enfatizar que éste fue el último país visitado por Humala en el hemisferio tras su elección, luego de su gira por Suramérica. Visitó al Consejo Nacional de Defensa de dicho país en julio porque hay en el Perú, según Mónica Bruckman de la Universidad Federal de Rio y Ana Esther Ceceña del Observatorio Geoestratégico de la UNAM, igual o mayor numero de militares estadounidenses en el Perú que en Colombia y porque el Perú está además lleno de bases aéreas estadounidenses.
El primer visitante oficial estadounidense al Perú el 29 de noviembre del 2011 fue el General William Brownfield, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos y Policiales. Antes Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Colombia durante los años de Álvaro Uribe, el aliado más fuerte de Washington en América Latina.
El 23 de noviembre, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, condecoró a su director en el Perú, Richard Goughnour, con la orden «El Sol del Perú» en el Grado de Gran Cruz.
En setiembre, a un mes de asumido el nuevo gobierno, el programa de cooperación de Estados Unidos con el Perú se amplió de 230 millones a 293 millones de dólares para el periodo 2008-2012 que en los hechos quiere decir que le han dado a Humala 60 millones de dólares más para el inicio de su gestión. Con esto se podría sugerir que el Perú está alineado con Washington al igual que Colombia, México y Chile y sigue en el llamado Arco del Pacifico.
Es decir que no hay variación sustantiva en la política exterior contrario a lo que se esperaba por sus dos discursos sobre la materia donde enfatizó la importancia del multilateralismo y de Suramérica.
Consciencia ambiental versus políticas extractivistas
El Perú es y será un país minero. Esta condena al rentismo ambiental es una amenaza no solo para los pobladores de la sierra donde yacen las minas, sino para todo el planeta. Los Andes peruanos se han quedado sin nieve desde hace más de dos décadas mientras se irriga el desierto en la costa, cambiando así el ecosistema. La minería genera divisas y deja pasivos ambientales que se han convertido en un problema mayor en la zona de Cajamarca. En el mes de setiembre había 90 conflictos socioambientales latentes relacionados a la minería y estos comenzaron a estallar en el mes de noviembre cuando la población comenzó a sentir que no pasaba nada con sus demandas anteriores al cambio de gobierno.
El discurso electoral de Ollanta Humala estuvo centrado en la conciencia ambiental y nombró al ministerio del ramo a un mentor político de OH, Ricardo Giesecke. Giesecke, un experto internacional en temas ambientales, fue del grupo pequeño del entorno de Humala desde 2005. En dicho ministerio estaban dos viceministros de izquierda relacionados a temas ambientales lo que era coherente con el discurso de campaña. Estos fueron defenestrados junto con el ministro. Fueron reemplazos -como en 1992- por «técnicos», como si Giesecke, Cabieses y de Echave, el trío defenestrado del Ministerio del Ambiente, no lo hubieran sido. Lo que interesa ahora es que sean técnicos dispuestos a conversar con Washington, digamos.
Democracia participativa versus democracia electoral
Detrás del Partido Nacionalista hay un grupo político llamado Gana Perú que fue el que finalmente le dio el triunfo a OH. Este se conforma por intelectuales y lideres regionales que armaron la campaña presidencial, sobre todo en la segunda vuelta, cuando Humala podía perder. El objetivo de Gana Perú era hacer del proceso político que Humala iniciaba uno de democracia participativa, donde el diálogo social sería el rasgo y los intereses populares estarían en el centro.
La manera cómo se manejaron los conflictos relacionados con la minería de Andahuaylas y Cajamarca mostró lo siguiente. El ministro de energía y minas llegó a Andahauylas a bordo de un avión de la empresa minera Yanacocha, propietaria de la mina Conga, en cuestión. El equipo de ministros y vice ministros que estaban allí para la negociación fue dispar, regresándose a Lima dos ministros por temor. Es decir, un gobierno dispuesto a negociar desde las empresas y con temor al pueblo. Estos ministros desautorizaron en última instancia a los negociadores que estaban trabajando con la población que reaccionó con furia (http://www.forosperu.net/show
Finalmente, al darle la espalda a la democracia participativa que la población reclama en todo el país y más en las zonas rurales afectadas por la minería, el presidente acaba de abrir un escenario: la población puede quedarse quieta por miedo a la represión o puede salir a la calle demandando la salida del electo en una figura similar a la ocurrida con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador; con Carlos Meza Gisbert, y Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, que salieron por presiones sociales. Huelga mencionar la dinámica del mediterráneo, donde la presión de la calle expulsó al premier griego, al italiano, al español, al portugués y al tunecino, libio, egipcio, yemení, mientras hay fuertes protestas en Siria e Israel todas en el año 2011. El otro lado de esto es un endurecimiento de la democracia al estilo de Alan García que es la apuesta de Washington.
Demandas de mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso versus aquietar a los mercados
Mejorar el mercado interno mediante una mejora en la distribución del ingreso es una demanda clamorosa de la población peruana. Esta ha sido respondida mediante la introducción de un programa de jubilación a los 65 años y de becas a los estudiantes de 18 años, anunciados el 28 de julio del 2011 por Ollanta Humala en su discurso inaugural. Lo que es menos probable es que se formalice más el empleo y se mejoren las remuneraciones, porque el Ejecutivo ha tomado un giro conservador en lo político y neoliberal en lo económico. El nombramiento inicial del ministro Castilla en la cartera del MEF fue una sorpresa para el equipo económico del presidente que creyó que habían ganado las elecciones. Ni Dancourt, ni Félix Jiménez fueron nombrados a la cartera de economía a pesar de ser los responsables del área económica del plan de gobierno. Al revés, se promocionó al vice ministro de economía al cargo de ministro para mantener la estabilidad de las políticas. Fitch Ratings subió al Perú a BBB en noviembre, en mérito a la continuidad de las políticas.
El Dr Castilla obtuvo su doctorado en economía de la universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, y a diferencia de Rafael Correa no ha tenido un cambio de sentimiento, sino que es esencialmente un economista ortodoxo, cuyo objetivo es mantener la inflación en el punto más bajo posible para permitir el desarrollo de los mercados. El es un creyente en los superávits fiscales y de balanza de pagos, ambos que existen en el país desde hace una década. No es un heterodoxo que esté buscando el desarrollo del mercado interno y la inclusión social.
Finalmente, lo que puede llevar a una militarización del régimen no es que existan militares dentro del gobierno, sino la fragilidad del régimen político elegido con un sentido y gobernado con el sentido contrario. Para que los perdedores puedan mantenerse en el poder al que llegaron el 10 de diciembre, el espacio de la protesta social debe ser reducido. La mitad de la población eligió otra cosa y puede exigir aquello por lo que votó que se relaciona con sus derechos ciudadanos. Ya no quedan casi iletrados en el país y la conciencia de la postergación ciudadana en los pobres está clara, más aún cuando la riqueza mineral sale de su tierra y a cambio le dan contaminación ambiental.
Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
Fuente: http://alainet.org/active/51685