Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional en Haití, previstos para el 26 de septiembre, fueron pospuestas para el 7 de noviembre próximo, según el calendario que el Consejo Electoral Provisional transmitió al nuevo primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien asumió tras el magnicidio del presidente Jovenal Moïse, cometido por mercenarios colombianos y estadounidenses.
Estas elecciones definirán al próximo presidente, los diputados y los senadores. El calendario electoral fija el 23 de enero de 2022 para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y locales.
El magnicidio de Moïse, quien impulsaba la celebración del referéndum, ha agravado la crisis política y económica de Haití, obligando a las autoridades a aplazar de nuevo las elecciones en un contexto marcado por actos de violencia como secuestros, guerras de bandas y ataques armados.
El país ha colapsado nuevamente. Sin Congreso, con el Poder Judicial diezmado, con un sistema de sucesión gubernamental ilegítimo y con bandas armadas actuando en descontrol dirigidas por un individuo que se hace llamar General Barbecue, parece nuevamente al borde de desintegrarse. Para el mundo exterior, pareciera que Haití existe solo cuando sufre.
Para algunos analistas, en Haití no emergió jamás un Estado moderno. Quienes intentaron construirlo fueron presidentes autoritarios que lo transformaron rápidamente en Estados patrimonialistas o directamente en tiranías que devoraban a sus instituciones.
O fueron fuerzas de ocupación, especialmente estadounidenses, que intentaron “educar” e “imponer” un gobierno supuestamente civilizado, basado en elecciones democráticas, lo que condujo a la extraña situación de gobiernos sin Estado. El enigma haitiano radica en la conjunción perversa de las elites que resisten y desprecian cualquier pacto social; la intervención de la comunidad internacional movida por esquemas funcionales a sus intereses; y la ausencia de recursos humanos y materiales en las instituciones.
El desplome actual sucede al de 2004, cuando el Estado conformado bajo el gobierno de Jean Bertrand Aristide, un exsacerdote salesiano. se derrumbó. Y ese colapso fue precedido por el de 1994, cuando el estado patrimonialista construido durante la dictadura de François y Jean Claude Duvalier, se vino al suelo ante la alegría universal.
Lo cierto es que desde julio de 2018, Haití se enfrenta a una crisis política, social y económica sin precedentes, dominada por permanentes protestas antigubernamentales a veces violentas. Durante el mandato de Moïse la reforma a la Constitución fue duramente criticada por la oposición, la Iglesia, los empresarios, sindicatos y otros sectores de la sociedad civil.
Fue esa insurrección de 2018 la que determinó a la oligarquía y la burguesía importadora -la negra, la mulata y la sirio-libanesa- a abandonar sus escasos pruritos democráticos. Moïse había llegado al poder con dos fraudes masivos consecutivos en 2015 y 2016, aupado por la “comunidad internacional” que controló la totalidad del proceso electoral, y con apenas un 9% de apoyo del padrón de votantes, datos que la prensa hegemónica trasnacional esconde debajo de la alfombra.
El PHTK , el partido de Moïse, inició una extensa deriva autoritaria que culminó con la disolución del parlamento, la intervención de los principales tribunales de justicia, la sucesión interminable de primeros ministros puramente ornamentales, la extensión de su mandato presidencial y la propuesta anticonstitucional de reformar la Carta Magna de 1987 por medio de un referendo, mecanismos éstos para concentrar el poder en el ejecutivo, con la excusa de hacer frente al desafío impuesto por las recurrentes movilizaciones de masas y su eventual capacidad destituyente.
Incluso, la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo.
Un juez para la causa
Un mes después del magnicidio cometido por 26 mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial sin encontrar resistencia alguna, el juez Mathieu Chanlatte fue designado para asumir su investigación judicial. No fue fácil encontrar a un juez dispuesto a investigar el asunto: todos piensan en su seguridad y la de sus familias.
Chanlatte es un juez experimentado que ha trabajado en varios procesos importantes, incluyendo el caso Dermalog, que involucra a la viuda de Jovenel Moïse, Martine, a la que la oposición acusa de otorgar a una compañía internacional alemana la fabricación de las cédulas para los haitianos, proceso que no le concernía.
Por el magnicidio, según la policía, 44 personas están detenidas, entre ellas 12 policías. Entre ellos, el supuesto cerebro de la operación, Christian Emmanuel Sanon. La información policial se contradice con las proporcionadas por el primer ministro Henry y la viuda del mandatario, quienes han manifestado a la prensa internacional que los responsables del asesinato aún no han sido detenidos.
La nueva-vieja violencia
En el Haití contemporáneo, la doctrina de intervención imperial privilegiada ha sido el llamado intervencionismo humanitario, practicado por nueve misiones civiles, policiales y militares a lo largo de los últimos 28 años y dos ocupaciones directas de los Estados Unidos -en 2004 y 2010-, con apoyo de la OEA, la ONU y varias embajadas europeas.
La más conocida fue la fuerza multilateral de la Minustah, comandada por generales brasileños (hoy en la cúpula del gobierno de su país) e integrada por varios contingentes militares latinoamericanos, en el país entre 2004 y 2017, y prorrogada por una misión sucesora hasta el 2019.
La divulgación de algunos de sus crímenes, como las violaciones, los abusos infantiles y la participación en redes de trata; las masacres en barrios populares como Cité Soleil, o la introducción de la epidemia de cólera por parte los nepalíes de los Cascos Azules, generaron consenso negativo en torno a sus tan mentadas capacidades para brindar paz, seguridad y estabilidad democrática en Haití.
Analistas señalan que la federación de pandillas del llamado G9, así como las que actúan de forma aún más anárquica y descentralizada, son la prolongación paramilitar de la misma estrategia de “pacificación” llevada adelante por la Minustah con anterioridad.
Las 13 masacres en tres años en barrios populares o comunidades rurales organizadas, la política de secuestros, la circulación de más de 500 mil armas, los enfrentamientos entre bandas, los 17 mil desplazados en las últimas semanas, y el asesinato de periodistas, abogados y activistas, hacen parte de una estrategia concertada de caos y terror.
Pero no siquiera esta política o estrategia, unida a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado logró amesetar la movilización y forzar un repliegue pronunciado de las clases populares, enfrentadas ahora a un enemigo invisible, descentralizado, fuertemente armado, con presencia territorial, capacidad operativa y patrones imprevisibles y erráticos.
Ni siquiera la Minustah generó procesos parecidos, porque aún bajo la bota militar, la sociedad haitiana, reprimida y maniatada, mantenía sus características fundamentales y sus tendencias asociativas. Pero esta operación de bisturí está cortando los lazos más profundos de una cultura y una comunitariedad particularmente resiliente, probada y vuelta a probar en mil circunstancias adversas, señala el analista Lautaro Rivara.
Amparadas en este estado de crisis permanente, las ONGs europeas y estadounidenses siguen lucrando con el hambre y la miseria del pueblo haitiano.
Victoria Korn. Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)