La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) me envió un correo electrónico el 26 de marzo de este año, alertando sobre la presencia, ahora en la Universidad de Costa Rica, de los geógrafos contrainsurgentes del Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas, coordinados por el doctor Peter H. Herlihy, quien a su vez forma parte […]
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) me envió un correo electrónico el 26 de marzo de este año, alertando sobre la presencia, ahora en la Universidad de Costa Rica, de los geógrafos contrainsurgentes del Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas, coordinados por el doctor Peter H. Herlihy, quien a su vez forma parte del equipo de investigación que, dirigido por el doctor Jerome E. Dobson, recibió fondos millonarios, a través de The Minerva Initiative, del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos, para ser ejercidos en el periodo de 2013 a 2016, con el proyecto: «La geografía humana de la resiliencia y del cambio: los derechos de tierra y la estabilidad en las sociedades indígenas de América Central».
En el resumen de este proyecto de investigación se señala con claridad su impacto sobre las capacidades del Ministerio de Defensa y las implicaciones generales para la defensa nacional de Estados Unidos: «La investigación propuesta aborda varias deficiencias reconocidas en la política extranjera, la estrategia militar, y la inteligencia extranjera de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa -sostienen los geógrafos- obtendrá nuevas capacidades para realizar la investigación geográfica humana, comparables con (pero más avanzadas que) aquellas que se emplearon extensivamente durante las Guerras Mundiales I y II. El ministerio se beneficiará directamente y en abundancia de datos y resultados que se difundirán públicamente de un grupo mejorado de expertos en la región, del mejoramiento de la fuerza laboral y de un público más informado en cuanto a los asuntos que deberían influir en los debates políticos y los conflictos» (minerva.dtic.mil/doc/abstract). En concreto, los geógrafos contrainsurgentes se han propuesto «desarrollar una evaluación digital de las áreas indígenas que demuestran la resiliencia y la estabilidad, para evaluar las presiones tanto perturbadoras como estabilizadoras que la gobernanza, el uso de los recursos y otros factores imponen. Documentaremos los regímenes de tenencia y de uso de tierra, y las fuerzas administrativas, judiciales y legales existentes, como indicadores de la resiliencia y la inestabilidad social en las áreas indígenas de América Latina». Este estudio utiliza la investigación cartográfica participativa (ICP), y los sistemas de información geográfica (SIG), junto con información pública sobre la geografía humana, 1) para producir datos geográficos digitales confiables a pequeña y gran escala y un análisis del uso y los regímenes de la tenencia de la tierra en las municipios indígenas de América Central; 2) definir, digitalizar cartográficamente y evaluar la estabilidad del uso y la tenencia de tierra en los municipios indígenas de América Central, desarrollando e ilustrando cartográficamente un «índice de la estabilidad de la tierra»; y 3) documentar, digitalizar cartográficamente y calificar (empleando el índice de la estabilidad de la tierra) las diversas jurisdicciones territoriales («regímenes de soberanía») que los estados (es decir, los gobiernos nacionales) de América Central mantienen sobre estos municipios indígenas, desde las reservas indígenas ancestrales hasta las regiones semiautónomas ( ibid).
La Ofraneh informaba que ese 26 de marzo, a las 9 de la mañana, tendría lugar una reunión organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en la que se convocaba a la «comunidad universitaria» a la «capacitación y certificación universitarias de geógrafos locales» en las «investigaciones participativas en territorios indígenas de América Central». En la convocatoria a dicha reunión se anunciaba la participación, entre otros, de un profesor de geografía de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Honduras, y del vicerrector de educación a distancia de dicha universidad, institución centroamericana donde se establecieron los geógrafos contrainsurgentes en 2013, y donde se ignoraron las denuncias públicas al respecto publicadas en el año 2014, tanto en la propia Honduras como en México (ver: Gilberto López y Rivas: «Otra Expedición Bowman, ahora en Honduras», La Jornada, 24/5/14).
En la noche de ese día envié a una decena de direcciones electrónicas de autoridades universitarias, incluyendo la del rector de la UCR, un mensaje y diversos materiales que advertían sobre la naturaleza contrainsurgente de la investigación y del origen castrense de sus fondos para llevarla a cabo. Igualmente, el 28 de marzo publiqué en El Correo Ilustrado de La Jornada una carta abierta al rector de esa universidad en la que denunciaba los ropajes académicos de esas acciones imperiales, destacando el derecho de la comunidad universitaria a conocer los propósitos militares de esta investigación, sin que hasta la fecha se registre una respuesta de la máxima autoridad académica de esta universidad. Por la vía del Facebook recibí una críptica reacción de una persona no identificada de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma institución, en la que por un lado, se asentaba la gravedad de la denuncia, y por el otro, se afirmaba que no había razones para sospechar de la Universidad de Kansas, pues «hacía tiempo se tenía contacto con sus investigadores».
A través de estas páginas hemos evidenciado las relaciones peligrosas con las Expediciones Bowman del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Foreign Military Studies Office), de una universidad de Canadá (Carleton University), y de al menos otras tres instituciones latinoamericanas de educación superior: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras) y, ahora, la Universidad de Costa Rica, sin al menos una nota aclaratoria de sus autoridades a sus respectivas comunidades académicas y, peor aún, violentando el derecho de los pueblos «estudiados» a la consulta previa, libre e informada.