Sobre la zona en disputa entre Guyana y Venezuela

Como previsible, Venezuela emitió un comunicado oficial de su diplomacia en la misma fecha, en el que rechaza categóricamente la conclusión a la que llegó la CIJ (véase texto completo del comunicado oficial).  

Como se recordará, esta demanda fue presentada sorpresivamente y de manera unilateral por parte de Guyana contra Venezuela en marzo del 2018, solicitando confirmar la plena validez de un laudo arbitral de 1899 entre Venezuela y Reino Unido. Ello a partir de una carta emitida por el Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018. 

Habíamos tenido la oportunidad de indicar algunos aspectos no jurídicos que rodean esta expédita acción guyanesa del 2018, y que pueden explicar el súbito interés de Guyana, de Exxon Mobile, y de quién fuera el CEO de Exxon Mobile del 2006 al 2016 antes de dirigir personalmente la diplomacia norteamericana de la administración del Presidente Trump, Rex Tillerson (Nota 1).

Esta repentina iniciativa de Guyana de solicitar el concurso de la justicia internacional llevó a Venezuela a optar por no comparecer ante los jueces en La Haya. Una opción que, desde el punto de vista jurídico, conlleva algunos riesgos que analizaremos en las líneas que siguen, no sin antes explicar brevemente el alcance de esta decembrina decisión de la CIJ.

Dos cuestiones zanjadas, pero una sola de manera unánime

El texto oficial del fallo de la CIJ está disponible en francés y en inglés. 

Nótese que luego de un largo análisis realizado por la CIJ, son dos únicos puntos resolutorios sobre la competencia de la CIJ los que contempla esta sentencia en su párrafo final número 138. 

De las dos cuestiones a resolver, la única conclusión que fue adoptada por unanimidad por parte de los quince jueces titulares (véase lista oficial) así como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es la siguiente: la CIJ es únicamente competente para conocer de hechos anteriores a 1966 (párrafo  138) y no a hechos posteriores, tal y como lo sostenía aventuradamente Guyana.

Como bien se sabe, esta antigua controversia territorial entre Guyana y Venezuela no había dado lugar a mayores tensiones entre ambos Estados antes del 2015, año en el que la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos frente a las costas de Guyana (véanse esta nota de la BBC del 10/06/2015 así como esta  nota y mapa del Spectrumgeo del 2016). El entusiasmo de Exxon Mobile fue tal que se anunció que sufragaría los gastos de defensa de Guyana ante la CIJ contra Venezuela, calculados en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa del Guyana Times): es posiblemente la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente recibir montos de una empresa privada para sufragar sus gastos en La Haya contra otro Estado.

Cabe indicar que la totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya para un Estado constituye un ámbito en el que imperan la discreción y el recelo, y en el que  la prensa se ha mostrado muy poco curiosa, incluyendo la costarricense (Nota 2). 

Un intenso debate inter pares

Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela, sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente. 

Como indicado previamente, Guyana presentó esta demanda unilateral en marzo del 2018 con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018 dirigida  a ambos Estados. Esta carta se fundamenta en un acuerdo suscrito en 1966 entre Venezuela y Reino Unido que designa al máximo representante de Naciones Unidas como la entidad encargada de ayudar a resolver la disputa territorial irresuelta entre Venezuela y una futura entidad soberana, Guyana.

El juez Ronny Abraham (Francia) externó su profunda inconformidad en un voto disidente (véase texto), concluyendo que:

«En fin de compte, si je considère attentivement l’ensemble des arguments que retient la Cour pour conclure que les Parties ont consenti à sa compétence pour connaître de leur différend sur la base de la requête unilatérale de l’une d’elles, je ne suis pas convaincu. Je ne trouve pas dans l’accord de Genève la manifestation non équivoque d’un tel consentement. Je pense que la Cour aurait dû décliner sa compétence«. 

De igual forma,  el juez Mohammed Bennouna (Marruecos), en otro voto disidente (véase texto) concluyó señalando que:

«A mon avis, ce n’est que par une interprétation rigoureuse du consentement des Parties à sa compétence que la Cour renforcera sa propre crédibilité ainsi que la confiance dont elle bénéficie de la part des Etats parties au Statut«.

Ambos jueces indicaron en sus dos opiniones disidentes (cuyas lecturas completas se recomiendan) que no se pueden hacer derivar del acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido las consecuencias jurídicas a las que llegó la mayoría de la CIJ.

En un texto que lleva el nombre de «declaración» (y no de «opinión disidente«, por alguna razón que sería de sumo interés conocer), el juez Giorgio Gaja (Italia) también consideró que no existen bases jurídicas para establecer el consentimiento de ambos Estados (véase texto de su declaración) y concluyó su denominada «declaración» señalando que:

«In conclusion, the Parties are, in my opinion, under an obligation to resort to judicial settlement and therefore to confer jurisdiction on the Court. Pending consent to that effect, the Court does not yet have jurisdiction on the dispute». 

En otra opinión disidente llamada como tal, el juez Kirill Gevorgian (Rusia) llegó una conclusión muy similar a los anteriores jueces citados, al indicar (véase texto completo) que:

«Rather than basing itself upon an unequivocal, indisputable indication of Venezuela’s consent, as its jurisprudence requires, the Court goes looking for reasons to exercise jurisdiction, relying in particular on the presumed intentions of the Parties and upon a series of statements that are, at best, of ambiguous meaning. The Court ignores language in the text of the Geneva Agreement that squarely contradicts its position and is unable to point to any express statement evidencing either consent to this Court’s jurisdiction or an acknowledgment that the Secretary-General’s choice of the means of settlement is legally binding. In my view, this approach is wrong and undermines the fundamental principle of consent by the parties to the jurisdiction of the Court«.

Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo. Nótese que el primero de ellos, el francés Ronny Abraham, fue Presidente de la CIJ (2015-2018).

La no comparecencia ante la CIJ y sus riesgos

Como se recordará, Venezuela optó desde un inicio (junio del 2018) por no comparecer en el procedimiento, al oponerse frontalmente al accionar unilateral de Guyana y cuestionar la competencia de la CIJ para conocer de esta demanda El texto integral de la demanda de Guyana, cuya lectura completa se recomienda, fue respondido por Venezuela 24 horas después con este comunicado oficial (véase texto del comunicado del 30/3/2018), y cuya lectura también se recomienda.

Históricamente, Venezuela se ha mantenido siempre muy distante de la justicia internacional, persistiendo por ejemplo en no ratificar el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado de firmas y ratificaciones) y en no reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto). Esta actitud, que se ha mantenido a través del tiempo, se explica en gran parte por la sensación de haber sido objeto de una maniobra acordada entre los árbitros ingleses, norteamericanos y ruso para favorecer al Reino Unido en un laudo arbitral de 1899 sobre precisamente, la frontera entre Venezuela y Reino Unido en la región del Esequibo (Nota 3). 

Lo llamativo de recalcar en el marco de estas breves reflexiones, es que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ mediante la precitada declaración prevista para ese efecto (véase listado oficial de declaraciones hechas). Cuando Guyana consideró necesario zanjar el problema de delimitación de sus espacios marítimos con Suriname, optó por el arbitraje (y no por el arreglo judicial ante la CIJ), procedimiento que culminó con un laudo arbitral en el 2007 (véase texto completo).

En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder debatir y debilitar los argumentos de Guyana presentados en La Haya. 

Ello sin considerar además el hecho siguiente: la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos de los integrantes de la CIJ como un acto de rebeldía que busca disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente.

¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento  para que la CIJ pueda conocer de esta demanda planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos los jueces de la CIJ juristas conocedores de los alcances así como de las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia del consentimiento previo del Estado demandado.

Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018

En el hemisferio americano, el último caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ en La Haya remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985: esta opción escogida por Estados Unidos se dio luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase  texto completo) para examinar la demanda interpuesta por Nicaragua en abril de 1984. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ finalizó las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar nueve meses después, el 27 de junio de 1986. La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la fase preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo que atañe al hemisferio americano, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril de 2016, al optar por no asistir a una reunión en La Haya convenida con el Presidente de la CIJ, en el marco de las dos demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013 (Nota 4). 

La figura de las excepciones preliminares en breve

Ahora bien, si un Estado demandado por otro no está de acuerdo en que una controversia sea llevada ante la justicia internacional, puede hacerlo ver ante la misma CIJ: en efecto, el procedimiento contencioso de la CIJ prevé una primera etapa procesal (denominada «excepciones preliminares«) en la que precisamente, el Estado demandado puede cuestionar ante los jueces de la CIJ la base de competencia usada por su contrincante. 

Cabe recordar al respecto que técnicamente, la CIJ no tiene cómo rechazar ad portas una demanda planteada por un Estado contra otro si no es mediante la apertura de esta etapa procesal previa: es en esa fase que se examina la solidez (o la debilidad) de la base de competencia usada por el Estado demandante contra el Estado demandado.

Pese a ser una fase preliminar, la práctica enseña que la etapa de excepciones preliminares se extiende por varios años antes de resolverse. Con una primera fase escrita de dos rondas de alegatos, seguida luego de una fase oral en La Haya de usualmente también dos rondas de alegatos. Culminada la etapa oral, la CIJ delibera y decide si es o no competente: esta primera etapa procesal toma varios años cuando ambos Estados comparecen (tres a cuatro), pero mucho menos si uno se abstiene de hacerlo. En el presente caso, después de una ordenanza del 19 de junio del 2018 de la CIJ emplazando a ambas partes a remitirles sus escritos sobre su competencia (que no dieron lugar a una segunda ronda de alegatos), las audiencias orales se realizaron el 30 de junio del 2020 (véase verbatim de estas audiencias) con la única participación de los asesores legales de Guyana. 

En América Latina, en años recientes, podemos citar dos casos en los que, luego de resolver la cuestión sobre su competencia, la CIJ decidió sobre el fondo en contra – primer caso –  y a favor  – segundo caso – del Estado que presentó excepciones preliminares: se trata del fallo a favor de Nicaragua contra Colombia de noviembre del 2012 (véase detalle del caso) y del fallo a favor de Chile ante la demanda de Bolivia de octubre del 2018 (véase detalle del  caso). Tanto Colombia como Chile, ambos Estados demandados por Nicaragua y Bolivia respectivamente,  cuestionaron en un primer momento la competencia de la CIJ, sin mayor éxito en ninguno de los dos casos. 

Como si de errores no se quisiera aprender, Colombia revivió el fracaso de sus gestiones ante la CIJ, al escuchar en el año 2016 la lectura de dos fallos dados a conocer el mismo día, en los que el juez internacional se declara competente para conocer de dos demandas distintas interpuestas en su contra por Nicaragua en el 2013: véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016  y  texto integral del otro fallo, también emitido el 17 de marzo del 2016. 

A modo de conclusión: balance y perspectivas

Al anunciar oficialmente que no comparecería Venezuela por carecer la CIJ de competencia, los jueces de la CIJ decidieron que su primera decisión sobre este caso versaría únicamente sobre aspectos de competencia (Nota 5), la cual fue dada a conocer el pasado 18 de diciembre del 2020: como indicado anteriormente, los jueces de la CIJ reconocen que sí son competentes, pero únicamente para conocer de hechos anteriores a 1966. 

Es muy probable que esta decisión sea objeto de fuertes críticas en la doctrina del derecho internacional público, al relativizar de manera bastante osada lo que constituye un principio angular del sistema de justicia internacional: ello, a partir de una interpretación muy propia hecha sobre el alcance de un tratado de 1966 y de una carta emanada del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018. La distancia de tiempo separando ambos documentos puede incluso considerarse como una debilidad aún mayor en el razonamiento seguido por la mayoría de la CIJ.  

En las próximos semanas, la CIJ procederá a convocar nuevamente a ambos Estados, para precisar esta vez el cronograma a seguir en la segunda etapa sobre el fondo: esta última durará varios años antes de la lectura del fallo (cuatro a cinco cuando ambos Estados comparecen, mucho menos si uno no lo hace). 

Venezuela podría por supuesto mantener su posición de no comparecer ante la CIJ: en este caso, la CIJ tomaría una decisión sobre el fondo – sobre hechos anteriores a 1966 – sin que Venezuela tenga la posibilidad de responder a los alegatos de Guyana. 

Desde el punto de vista táctico, sea en la etapa de excepciones preliminares, sea en la etapa sobre el fondo, es en la fase oral del procedimiento contencioso en la que la ausencia del no compareciente surte mayores efectos, ya que en la fase previa (que es escrita), el Estado que no comparece tiene manera de hacer llegar a los jueces de la CIJ su posición sobre algunos de los argumentos escritos presentados en su contra.

Tanto en materia de excepciones preliminares como en la etapa  sobre el fondo de un asunto, posterior al cierre de las audiencias orales, la CIJ inicia su período de deliberaciones internas («délibéré«) que duran varios meses hasta la lectura final del fallo en La Haya. A diferencia de otras duplas de Estados litigando en La Haya, peruanos y chilenos debieron esperar más de 13 largos meses en el  caso del fallo sobre el fondo dado a conocer en el mes de enero del 2014 en materia de delimitación marítima (véase texto completo). 

Cabe señalar que la etapa del «délibéré» en la que los jueces debaten entre ellos es la fase en la cual  puede surtir mayores efectos la presencia de los dos jueces ad hoc designados por ambos Estados (y solo el de uno, en caso de no comparecencia).

Como se puede apreciar, la decisión de no comparecer conlleva para un Estado renunciar a herramientas y a figuras puestas a disposición de los Estados,  y expresamente previstas en el Reglamento y el Estatuto de la CIJ, en aras de mantener un estricto equilibrio procesal entre las partes ante el juez internacional.

Notas

1: Véase la sección «Algunos detalles poco divulgados en torno a la controversia entre Guyana y Venezuela«, de nuestro artículo: BOEGLIN N., «Ordenanza de la CIJ en relación a la demanda de Guyana contra Venezuela«, CIARGlobal, edición del 11/07/2018, disponible aquí, página 3.

2: Sobre algunos (pocos) datos arrojados por Estados de América Latina que han litigado en La Haya, y que viene a confirmar el dato de 15 millones de US$ dado a conocer por Guyana en el 2017, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura” de este artículo nuestro publicado en CIAR Global: BOEGLIN N., «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ«, portal de  CIARGlobal, edición del 25/07/2017, y disponible aquí. 

3: Este litigio territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto completo), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. En este valioso  artículo del Dr. Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:

“The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17). 

En 1966 el Reino Unido y Venezuela suscribieron un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español). 

4: Nos permitimos escribir en una nota al respecto que: “estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas“. Nótese que la misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que nos permitimos también indicar que: “Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)“.

5 : Véase sobre esta primera ordenanza de la CIJ tomada el 19 de junio del 2018 (véase texto completo) nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Guyana-Venezuela: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que fija plazos«, publicada en CiarGlobal, edición del 5/07/2018, y disponible aquí . 

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)