“Me critican porque acepté formar parte del gobierno de Carlos Flores, pero acaso la reforma agraria no fue la bandera de lucha de gobiernos liberales y lo será del nuevo partido LIBRE” (Aníbal Delgado Fiallos, Exministro y Director del Instituto Nacional Agrario)
Uno de los problemas que trae la globalización es que nos volvemos instrumentales, asumiendo como válidos enfoques y metodologías aplicadas en otros países con realidades y problemas distintos. La instrumentalización refiere al interés por dirigentes políticos y funcionarios públicos para resolver los problemas sin análisis crítico en cuanto a impactos negativos para la economía y sociedad, solo esperando beneficios futuros. Un ejemplo son los tratados de libre comercio, donde todo lo que se espera son mayores inversiones, empleos, exportaciones y transferencia de tecnologías, pero la realidad muestra lo contrario y una dependencia externa estructural.
Aunque estos cambios en la estructura agraria de los países latinoamericanos con gobiernos progresistas pertenecientes a la llamada segunda “ola”, no tienen ni tendrán una incidencia visible en el cumpliendo de los objetivos buscados con su gestión, es de considerarlos parte del ideario político e ideología que los llevó al poder. La nueva generación de mandatarios, con raras excepciones, refiere muy poco a estos procesos de cambio, en el supuesto que lasempresas, sobre todo transnacionales, serán aliadas en el cumplimiento de las promesas de campaña y programas de desarrollo, requiriendo los gobiernos del pago oportuno de impuestos, dólares de las exportaciones para honrar deudas y generar empleos.
En Honduras, con la aprobación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), en marzo de 1992, se vendió la idea que podríamos atraer más inversiones y aumentar en forma sostenida las exportaciones de bienes agrícolas no tradicionales, diversificando la estructura productiva y haciéndola máscompetitiva, dejando atrás la producción de bienes salarios por campesinos analfabetos, con baja productividad y viviendo en pobreza, al no tener empleos sostenibles.
Esta Ley, y demás leyes conexas, incluso avalada por dirigentes campesinos, ha traído más perjuicios que beneficios al agro hondureño. Es evidente la reconcentración de la propiedad rural, uso improductivo y ociosidad de grandes cantidades de tierra, la caída de la producción de granos básicos, aumentada en el gobierno actual, la contaminación de las fuentes de agua, destrucción del bosque, poca diversificación productiva y aumento sostenido de las importaciones que está generando un déficit comercial de magnitudes insospechables en balanza externa y agroalimentaria. Pero, además, ha permitido el debilitamiento de las organizaciones campesinas, la corrupción y desapariciónde grupos y cooperativas de base al descapitalizarse por deudas, venta y alquiler de las tierras.
Hoy, la Ley cumplió 32 años de vigencia, sin que exista una evaluación conjunta entre actores de los resultados esperados. Hemos perdido tiempo y recursos, atendiendo conflictos que han generado lapropia Ley, sin ver que parte o todo el factor causal es la Ley. Esta legislación se ligó a los Programas de Ajuste Estructural en el gobierno del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), con la vigencia del modelo neoliberal, lo que supone que una modelo alternativo como el Socialismo Democrático, no debería asumir con válidas varias de sus tesis y la Ley misma.
La presidenta Xiomara Castro, creó una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en el mes de Junio de 2023, integrando la participación de militares a través del Consejo de Defensa y Seguridad, Corte Suprema de Justicia y miembros de la empresa privada. Se asume que la Reforma Agraria es un asunto pendiente, buscando resolver problemas de tierras a campesinos y pueblos originarios. A ello se suma el esfuerzo fallido con el Golpe de Estado, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, con la resolución de la Mora Agraria, cuyo decreto N. 18-2008 fue aprobado pero no ejecutado.
El fin último es reducir el conflicto agrario generado por las recuperaciones de tierras de campesinos, población desempleada e incluso gente ligada al crimenorganizado y narcotráfico, sin hacer mención publica a los impactos negativos de la LMDSA, y su programa estrella: El RD-CAFTA.
La opinión de la ciudadana es que la Comisión es un “elefante” blanco, con altos costos para la economía y sociedad hondureña. De las tierras que se denominan “invadidas”por los campesinos se han recuperado unas 11,000 manzanas, pero los empresarios alegan que son 60,000 manzanas con ocupación irregular. No hay tierray demás servicios de apoyo entregados anuevos campesinos, siendo evidente la poca cantidad de tierra legalizada a favor de los existentes, haciéndose visibles conflictos con terratenientes y empresas exportadoras. Uno problema es que, miembros de la fuerzas militares encargadas del desalojo, constatan que varios de los campesinos son los mismos que desalojaron de la tierra anteriormente, o que vuelven a posesionarse de ella, pero hay nuevos ocupantes donde gran parte no son campesinos.
Entre los acuerdos de la reunión de la Comisión Agraria, destaca la creación de un nuevo “comisionismo agrario”, que más bien complica el problema. Se habla de crear una Comisión para reformas a las leyes vigentes y favorecer a los campesinos, también de otra Comisión Técnica y; tercero, la ejecución de proyectos productivos a favor de campesinos, que deberían abarcar también a comunidades étnicas.
Parece mejor analizar a profundidad los problemas que generany generarán a futuro estos instrumentos, caso de la LMDSA y el RD-CAFTA, y después hablar y discutir con propiedad y plantear soluciones. En este sentido, el nuevo Censo Agropecuario que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), puede ayudar a tener un mejor conocimiento sobre la problemática agraria del país,ameritando un análisis temporal y con los actores involucrados.
Hay que reconocer que uno de los mayores obstáculos que enfrente el gobierno para aprobar cambios en la legislación agraria que viene afectando el desarrollo del sector campesino y comunidades étnicas, es el Congreso de la República, donde la correlación de fuerzas le es desfavorable al partido LIBRE. Sin embargo, tal como hemos venido insistiendo en otras ocasiones, pueden utilizarse mecanismos de mercado como el fondo de tierras aprobando el Ejecutivo un capital semilla de unos 300 millones de lempiras para atender las zonas de mayor demanda y donde la mujer es mayoritaria.
La dotación de activos productivos a los campesinos (as) y legalización de tierras a las comunidades étnicas que lo vienen exigiendo desde hace mucho tiempo, es parte de las políticas activas de un modelo de socialismo democrático, donde recursos como la tierra se ponen a disposición de los más necesitados. Ello es más urgente cuando las oportunidades de empleos de buena calidad son pocas, y se evidencia fuerte migración y mayor población en riesgo de inseguridad alimentaria.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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