Hace unos días el presidente del parlamento europeo, José Borrell, acudió, como tantos otros líderes políticos europeos, en ayuda del sí ante el referéndum sobre la constitución europea en Francia. Borrell se dirigió a lo votantes con una humilde y expresiva petición: «No den una patada al gobierno en el trasero de Europa». Sobrevalorando la […]
Hace unos días el presidente del parlamento europeo, José Borrell, acudió, como tantos otros líderes políticos europeos, en ayuda del sí ante el referéndum sobre la constitución europea en Francia. Borrell se dirigió a lo votantes con una humilde y expresiva petición: «No den una patada al gobierno en el trasero de Europa». Sobrevalorando la inocencia de los votantes, el político español intentaba divorciar la construcción de la UE de la política social de todos los gobiernos europeos consistente en acabar con los restos del estado del bienestar. «Europa es otra cosa», venía a decirles, pero no precisó qué. Y en efecto ¿qué es Europa? O ¿qué queremos que sea? Porque ese es el gran problema que aún está por discutir. En el referéndum español de hace unos meses muchos votantes fueron infieles a las urnas y aquellos que le han cogido el gusto a eso de votar lo hicieron pensando en la pugna PSOE-PP, es decir, más por sus afinidades con el «tono político» de Zapatero o Aznar, que en función del contenido de la constitución europea, el cual les era ampliamente desconocido. En Francia sí ha habido debate político sobre el proyecto de constitución, y unos votantes bien informados han decidido dar una patada en el trasero de su gobierno y en el de un proyecto de Europa que consagra el neo-liberalismo económico. Sin embargo, el sentido del voto francés probablemente no atravesará las fronteras de forma que el resto de los ciudadanos europeos no sabrán las razones de los partidarios del no. La prensa probablemente sólo hablará de la oposición -presentada con tintes racistas- a la futura incorporación de Turquía y un castigo al impopular Chirac sin molestarse en explicar el porqué de esa impopularidad. ¿Qué ocurre, a todo esto, en el muy democrático Reino de Suecia? Aquí, tras el fracaso del referéndum sobre el euro -los votantes se inclinaron por el no-, el gobierno socialdemócrata, apoyado por la derecha, ha decidido que no se celebrará ningún referéndum. El parlamento, donde una mayoría confortable está asegurada, se encargará de ratificar la constitución. El caso es que la mayoría de la población es favorable a un referéndum y contra esta aspiración, que no deja de parecer sensata, los diputados arguyen que han recibido del pueblo el mandato de decidir y que no hacen más que serle fieles a ese mandato. En otras palabras, que habiendo recibido la posibilidad de mandar, mandan aquello que, con buenas razones, sospechan que rechaza el pueblo. ¡Qué interesante redefinición de la democracia! Los diputados ya no se sienten representantes de la voluntad popular sino que piensan que el pueblo delega en ellos su soberanía, para que ellos decidan como mejor gusten, aunque sea en contra de los deseos del pueblo y aun en contra de la posibilidad de que éste los exprese. No es esto lo que el mundo esperaba de Suecia aunque nada sorprende a los que aquí vivimos. Para que desde fuera puedan entender lo que pasa en Suecia en relación con la UE es menester hacer un poco de historia.
Hasta poco antes del referéndum de 1994 sólo los partidos de derecha estaban a favor de la integración sueca en la UE. El partido socialdemócrata se oponía y cuando su dirección se decidió a apostar por la integración lo hizo desoyendo la opinión de sus bases y sus votantes. ¿Por qué ese reticencia al proyecto de construcción europea por parte de los socialdemócratas? Puede pensarse que existían dos razones. Desde el fin de la segunda guerra mundial el partido socialdemócrata había monopolizado el poder identificándose casi totalmente con el Estado. Cualquier cesión de soberanía a favor de organismos europeos supraestatales era percibida como una pérdida de poder por la dirección del partido. Para los votantes se trataba de algo distinto: asociaban el nivel bienestar del que disfrutó la sociedad sueca en los años 60 y 70 con una idea de insularidad parecida a la británica. Suecia aislada había ido mejor que la mayoría de los demás países. Las crisis que sacudieron Suecia a principios de los 80 y los 90 se veían, con razón, como una consecuencia de la internacionalización de la producción industrial y del sistema financiero. A falta de una idea clara de cómo podía mejorarse la situación, la población se dejaba ganar por la añoranza. Cualquier apertura hacia lo extranjero parecía un paso en la dirección equivocada. A esto se contraponían los intereses de un sector industrial compuesto por compañías multinacionales que tenían su casa matriz y sus departamentos de investigación en Suecia pero para las que el mercado interior tenía una importancia muy limitada.
El poder económico estaba interesado no solamente en la integración en Europa sino en hacer coincidir ese proceso con un desmantelamiento del estado bienestar, y aunque este aspecto estuvo ausente del debate entre los partidarios y los adversarios de la UE el giro del partido socialdemócrata hacia la integración estuvo asociado al abandono por parte de ese partido a todo intento de conservar los niveles de prestación y protección social por los que se hizo famoso el modelo sueco. En estas circunstancias, la izquierda sueca nunca debatió el modelo de Europa que deseaba. La izquierda nunca vio que la UE podía ser el marco político en el que poder desarrollar una legislación que disciplinara a las compañías multinacionales y una política económica que asegurara el estado del bienestar. Desde el principio dio por sentado que la única Europa posible era la que diseñaran las multinacionales y que su tarea de se reducía a evitar que Suecia participara en ella.
Los diez años transcurridos desde la integración de Suecia en la UE han sido catastróficos para la población asalariada. Este país que llegó a ocupar el cuarto puesto en la lista de naciones más desarrolladas de la OCDE a mediados de los 70, ha caído hasta el puesto 24, caso único entre los países occidentales. En la última década se han reducido de manera radical las prestaciones sociales, se han recortado las pensiones, la sanidad y la enseñanza se encuentran en una crisis a la que no se ve fin, así como tampoco se ve ninguna intención de las autoridades de ponerle remedio. El paro, sumado el oficial y el encubierto, supera el 10% y Suecia se esta convirtiendo en un país de precios bajos con todo lo que esto indica sobre el poder adquisitivo de la población. El deterioro del nivel de vida no se achaca a la pertenencia a la UE pero si alimenta la añoranza por la Suecia «insular» de los años 60 y 70. Al sueco de a pie no le gusta Europa, como mostró en el referéndum sobre la entrada en el euro en el 2003. Lo curioso de esa votación fue que en la campaña previa, el peso del debate no recayó sobre las ventajas o los inconvenientes de adoptar la moneda única europea sino en la misma pertenencia a la UE y es este el tema que subyace la polémica entre quienes quieren que la aceptación de la constitución europea se decida en un referéndum y quienes desde el gobierno y los partidos de derechas de la oposición se niegan a ello. ¿Aprovechará la izquierda sueca la oportunidad que Francia ofrece de centrar el debate sobre la constitución en la posibilidad de oponer una Europa de los trabajadores a la de la neoliberal de las multinacionales? Es altamente improbable, lo que con claridad muestra que hoy, y desde hace mucho tiempo, no hay una fuerza política en Suecia que merezca el calificativo de «izquierda».