Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.
El reciente encarcelamiento de 130 personas por parte del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que incluyó incluso a ex guerrilleros sandinistas como Dora María Téllez y Hugo Torres, no solo es un episodio de violación de derechos humanos y de concentración del poder político de parte de la pareja presidencial, sino también de un momento que debiera servir para la reflexión profunda de las izquierdas latinoamericanas y del mundo.
Como en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos ha interferido en los asuntos internos de Nicaragua desde hace más de un siglo, con el objetivo de imponer en el país gobiernos sumisos que les proporcionen acceso irrestricto a los recursos de la nación y que también les garantice otro incondicional seguidor en los foros internacionales.
La iniciativa del poder judicial nicaragüense contra Cristiana Chamorro, como era previsible, ha despertado la reacción de malestar de Estados Unidos y sus aliados, que denuncian la investigación del poder judicial como una «operación política destinada a eliminar la candidatura de la señora de las elecciones de noviembre próximo».
Nicaragua, este país metáfora de lo tan violentamente dulce como la describió el fallecido escritor argentino Julio Cortazar, se ha convertido en un objeto de presión abierta por parte de los Estados Unidos y sus aliados regionales coordinados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, que intentan dictar su voluntad al pueblo nicaragüense.
La reforma electoral recientemente aprobada coloca a Nicaragua en la mejor posición posible para celebrar elecciones el 7 de noviembre. Desde el punto de vista político, así como desde el estrictamente normativo, la ley corresponde a los criterios generales utilizados en todas las grandes democracias internacionales y añade, en efecto, elementos de modernidad y de cultura progresista que no deben subestimarse en la valoración global.
Los gobiernos neoliberales (Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños) que se alternaron al poder entre 1990 y 2006 dejaron al país en un estado de miseria, postración y crisis absoluta.
Poderes fácticos se refiere a un sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión, o sea, la autoridad se ejerce al margen de los canales formales y está basado en los hechos, y no en lo teórico o imaginario.
El autoritarismo es el fruto de un proceso histórico, político y social nacional, en el que las élites económicas lograron imponer su cultura política de rapiña.
¿Es posible esperar una mejoría?