En las últimas semanas la dictadura Ortega Murillo ha protagonizado una ola de represión política sin precedentes en Nicaragua.
El régimen encarceló, sin mediar garantías procesales, a los precandidatos Cristiana Chamorro, hija del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta Violeta Barrios; Arturo Cruz, profesor del INCAE, nombrado embajador de Nicaragua en Washington por el gobierno de Ortega 2007; Félix Maradiaga, ex presidente de la clausurada ONG Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP); y a Juan Sebastián Chamorro, ex Presidente de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social (FUNIDES), adscrita al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Los nombrados están inscritos en unas primarias para escoger al candidato a la presidencia por la oposición, en la única casilla disponible que quedaba como opción –luego de que el régimen cancelara abruptamente la personería jurídica del partido en la Coalición Nacional-, para tratar de juntar los votos antidictatoriales de la mayoría de los nicaragüenses.
Pocos días después, la Policía capturó a los dirigentes opositores José Pallais y Violeta Granera, y a casi toda la dirigencia del partido UNAMOS, compuesta principalmente de dos generaciones del sandinismo crítico: Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Tamara Dávila, feministas e hijas de antiguos dirigentes, y a los comandantes guerrilleros Hugo Torres y Dora María Téllez, reconocidos por sus heroicas participaciones en la lucha anti somocista, así como a Víctor Hugo Tinoco, ex Vicecanciller en la década revolucionaria.
También fueron capturados el expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, y el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (BANPRO) Luis Rivas. Las 16 detenciones arbitrarias capturas se completan con dos funcionarios administrativos de las organizaciones civiles investigadas, detenciones acompañadas de congelamiento de cuentas de altos directivos y otras medidas.
Recientemente el régimen anunció también la orden de levantar el sigilo bancario, el congelamiento de cuentas y la emisión de ordenes de restricción migratoria a 13 exdirectivos del centro de pensamiento FUNIDES, incluyendo a varios grandes capitales del país.
A todos se les acusa de lavado de dinero, por recibir fondos de los Estados Unidos, a través de sus agencias; terrorismoy traición a la patria por realizar supuestas actividades en contra de la soberanía nacional, como promover o aplaudir la aplicación de sanciones a miembros del círculo de poder del gobernante.
Esta ola de exterminio político contra opositores se ha fundamentado en leyes aprobadas en diciembre del 2020 por el parlamento controlado por Ortega. Estas leyes vulneran derechos fundamentales y son marcadamente inconstitucionales, y su implementación se realiza sin ninguna independencia de los demás órganos del Estado, totalmente dóciles al dictador.
Todas estas personas opositoras detenidas se encuentran incomunicadas y en cárceles de investigación, excepto Cristiana Chamorro a quien le dieron su domicilio por cárcel. Sus audiencias se realizan sin sus abogados particulares, pese a la reclamación de sus familiares. Todas las capturas se ejecutaron mediante avasalladores operativos policiales, allanamiento de moradas extendidos por horas- buena parte de ellos durante las noches- robos de celulares, computadoras, memorias electrónicas, cámaras, y excesos de fuerza contra personas que no oponían ninguna resistencia, ni estaban armados. A la comandante Dora María Téllez la golpearon en el estómago, a Ana Margarita y Violeta en la cara, según relatos de testigos difundidos por familiares.
Además, bajo el supuesto que se están realizando las diligencias investigativas a la mayor parte se les dictó detención de 90 días, antes de pasarlos a un juez, acorde con una reciente y brutal reforma del código procesal penal creada precisamente para reprimir a opositores. Para las investigaciones se ha citado a personalidades como Sergio Ramirez, Fabio Gadea Mantilla y a más de 20 periodistas nacional e internacionalmente reconocidos, dueños de medios y plataformas digitales independientes. A estos se les interroga sobre su línea informativa o lo que dicen en sus notas periodísticas, y se les amenaza con la aplicación de Ley de Ciberdelitos, otra reciente joya represiva.
Estas recientes capturas elevan a más de 130 el número de presos y presas de conciencia en Nicaragua. Algunos llevan más de 24 meses detenidos, desde el estallido social de 2018. Otro caso es el de Marvin Vargas, el primer preso político de la dictadura, que en 2021 cumplió 10 largos años de secuestro arbitrario en celda de máxima seguridad.
A escasos cinco meses de las elecciones generales de noviembre 2021, esta es una escalada implacable y brutal que no tiene racionalidad alguna, de no ser el demencial propósito de amedrentar al pueblo de Nicaragua con prácticas sistemáticas de terrorismo de estado. El objetivo es inhibir acciones de resistencia civil, en un ambiente de estado de sitio y ley marcial de facto que se vive de manera cotidiana en Nicaragua desde la sublevación popular del 2018.
En mayo pasado, cuando se aprobó la contra reforma de la Ley Electoral y se eligió un Consejo Electoral totalmente subordinado a Ortega, sectores opositores advirtieron que “el fraude ya empezó” y que este año se verá una continuidad de los fraudes perpetrados por el régimen en elecciones anteriores. Ortega y su círculo están aferrados al poder y no están dispuesto a entregarlo por los votos, resguardándose en el aparato policial y paramilitar desplegado desde hace muchos años.
Por otra parte, las capturas a los opositores han sido explicadas por algunos voceros del régimen, pues como es habitual Ortega se ha mantenido en total mutismo. La justificación la encuentran en una supuesta guerra contra la intervención del imperialismo. Así, a la ola de detenciones le han denominado “Operación Danto 2021”, para recordar a sus bases un operativo (Danto 88) del Ejército Popular Sandinista (EPS) realizado en 1988 frente a las unidades de la Contra, operación que incluyó ataques a sus bases en Honduras, y que implicó el uso masivo de soldados y de recursos bélicos por parte del EPS. El régimen coloca pues este episodio de detenciones arbitrarias como una operación de guerra, cuando del otro lado existe una rebelión cívica y no violenta de la ciudadanía. Con estos relatos también pretenden agitar y mantener unida a una cada vez más reducida base orteguista.
Estos mismos voceros adelantan que Ortega estaría dispuesto a negociar, pero directamente con los Estados Unidos pues hay que hablar “con el dueño del circo y no con los payasos”. El objetivo de capturar a estas figuras opositoras sería usarlos también como rehenes en una eventual negociación, ofreciendo su libertad a cambio de suspensión de sanciones.
El peor escenario que hemos augurado, de abierto frauda electoral y continuidad del régimen, se desplegaría con la complacencia de un sector del gran empresariado, al cual no le importa la institucionalidad democrática. Este sector se conforma con un parapeto democrático de sufragios vacíos y negociaciones para una estabilidad y gobernanza que beneficie sus intereses particulares, que desde hace algunos años son los mismo de Ortega, convertido ahora en uno de los hombres más adinerados del país.
Pero la juventud, el campesinado, las mujeres, los movimientos sociales y todos los sectores populares, que somos la mayoría, seguimos apostando a un cambio verdadero que incluya libertad para todas las presas y presos políticos, así como justicia por los asesinados y las víctimas de la brutal represión del 2018. Ello acompañado de elecciones verdaderamente limpias y participativas, en donde se respete la voluntad popular.
La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión del 2018, han sido forzados al exilio, están en la cárcel, escondidos o muertos. Ello explica que el régimen haya conseguido – por la vía de la violencia y el terror – mantener el control en barrios y comunidades. Pero sabemos que la represión no es eficaz todo el tiempo y que la ciudadanía guarda en su memoria las huellas de luchas y resistencias pasadas, esperando el momento más oportuno para erguirse nuevamente, seguro que solo el pueblo salva al pueblo.
Mónica Baltodano. Comandante guerrillera de la Revolución Popular Sandinista de 1979. Cientista social e historiadora. Participante de las luchas contra el poder opresor, el patriarcado y el capital.
Fuente: https://desinformemonos.org/nicaragua-exterminio-politico-de-opositores/