En los últimos años el principal proceso de movilización social progresista ha sido el feminista, dentro de un marco más amplio de cambio social y político-electoral. Se produce en un contexto de agravamiento de la situación de desigualdad y dominación de las mujeres y, específicamente, ante un crecimiento de la conciencia de su injusticia y un deterioro de las mentalidades machistas y conservadoras. Por otro lado, persiste el bloqueo institucional a las mejoras en ese campo, sobre todo por los Gobiernos anteriores del Partido Popular que han perdido legitimidad social. Tras quince años de limitada y contraproducente gestión institucional, centrada en la inacción trasformadora, preventiva y de recursos prácticos, el desvío punitivista y la reacción puritana, se ha percibido la impotencia institucional y de esas políticas para hacer frente a la nueva dimensión de las desventajas de las mujeres, en términos de desigualdad y prepotencia machista, sin suficiente protección pública.