Las tensiones desatadas dentro de la coalición de gobierno en Grecia se producen en el marco de un profundo deterioro de las relaciones entre el partido del primer ministro, Nueva Democracia, y los dos socios menores del pacto, Pasok e Izquierda Democrática (Dimar). Esta ha sido, al menos en los grandes medios de prensa, la […]
Las tensiones desatadas dentro de la coalición de gobierno en Grecia se producen en el marco de un profundo deterioro de las relaciones entre el partido del primer ministro, Nueva Democracia, y los dos socios menores del pacto, Pasok e Izquierda Democrática (Dimar).
Esta ha sido, al menos en los grandes medios de prensa, la visión dominante sobre un conflicto que estalló cuando el pasado 11 de junio el ejecutivo de Antonis Samarás decidió cerrar de manera fulminante la Radio Televisión de Grecia (ERT) y dejar, en apenas seis horas, a dos mil 700 trabajadores en la calle.
La sorpresiva medida de fuerza se produjo poco después del desencuentro dentro de la coalición a propósito del proyecto de ley contra el racismo, tras varios sonados fracasos en el plan de privatizaciones y a pocos días de que venciera el plazo para reducir en dos mil el número de empleados públicos exigido por los acreedores internacionales.
Samarás se convirtió de ese modo, en opinión de quienes defienden los programas de austeridad, en un gestor enérgico que vino a poner fin al clima de corrupción y despilfarro reinante en la cadena pública y a la que ningún otro gobierno se había atrevido a incomodar.
De un solo plumazo solucionó el problema de los despidos en la administración, pero a cambio se encontró con una férrea oposición por parte de los trabajadores de la ERT y de una amplia mayoría de ciudadanos que vieron el cierre de la cadena como un atentado al derecho a la información y contrario a la pluralidad democrática de los medios de comunicación.
Las críticas también llegaron desde Europa, donde 55 dirigentes de cadenas públicas de radio y televisión enviaron una carta en la que calificaban el decreto de cierre como una medida «antidemocrática y poco profesional», y pedían la reapertura del ente audiovisual.
A todo ello vino a sumarse la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal en materia administrativa del país, en la cual dictaminaba que las emisiones de la ERT debían reanudarse en el menor plazo posible y continuar hasta la creación de la nueva cadena anunciada por el ejecutivo.
En la misma línea se posicionaron tanto Pasok como Dimar, asumiendo que el debate en el seno de la coalición sobre la creación de la nueva cadena debía de llevarse a cabo una vez se hubiese restablecido la programación de los canales públicos.
En medio de esa continua profusión de gestos, declaraciones y denuncias, los trabajadores siguieron emitiendo ininterrumpidamente desde la noche del cierre, con el apoyo de partidos políticos de izquierda, sindicatos y miles de personas que ocuparon el recinto de los estudios centrales para mostrar su apoyo y solidaridad.
Los trabajadores pusieron en evidencia no solo el autoritarismo de Samarás, quien gobierna por decreto de espaldas al Parlamento, sino también sus mentiras al publicar la lista de altos cargos de la ERT, colocados a dedo por el ejecutivo, con sueldos millonarios y responsables del despilfarro de recursos cuyos beneficiarios eran familiares y amigos.
El plan del gobierno fue retrasar hasta el límite el restablecimiento de la señal y aprovecharse de la ambigua sentencia del Consejo de Estado para proceder a despedir a más de la mitad de la plantilla, imponiendo a sus socios de gobierno la política de hechos consumados de que «la ERT ya no existe».
Muchos analistas y gran parte de los medios de comunicación presentaron los problemas de la coalición como un detonante que podría ocasionar la ruptura de la mayoría parlamentaria sustentadora del gobierno y un futuro de incertidumbre para el país con la convocatoria de elecciones anticipadas.
Otras opiniones difieren de esta perspectiva, así Kostas Isijós, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido opositor (Syriza), explicó a Prensa Latina que las discusiones entre los tres partidos «son un teatro, ninguno de ellos quiere ir a unas elecciones»; todos tienen mucho que perder y muy poco que ganar.
«Ese enfrentamiento político no tiene nada que ver con la democracia», añadió, «la democracia muere día a día» mientras ellos se pelean por no aparecer ante la opinión pública como responsables de unas medidas que están profundizando la crisis del país.
En la misma línea se expresó Babis Kokosis, periodista de la ERT, quien defendió la utilidad social de la cadena y aseguró que «tanto Pasok como Dimar evitan comprometerse con la defensa de los trabajadores y adoptan, cada día que pasa, una postura más cercana a Samarás, para quien ya no existimos como entidad».
Antonio Cuesta es corresponsal de Prensa Latina en Grecia.
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