Adoptar políticas efectivas y a tiempo para contrarrestar los estragos del COVID-19 en América Latina ha resultado ser un desafío monumental para todos sus países, teniendo en cuenta la debilidad del Estado, la precariedad de la salud pública y la seguridad social y los altos niveles de pobreza e informalidad que prevalecen. Es una radiografía precisa de los estragos de más de tres decenios de políticas neoliberales.
La ofensiva militar de Estados Unidos
Sin embargo, como si esto no fuera suficientemente grave, existen razones adicionales de perturbación y de zozobra para la paz regional. Invocando de nuevo la fracasada y cuestionada cruzada antinarcóticos de su país, hace una semana Donald Trump inició un gigantesco despliegue de destructores navales, barcos de combate y aviones militares en el Caribe, frente a la costa de Venezuela. Pero también se movilizó hacia el Pacífico y anunció que el objetivo inmediato de todo este operativo era frenar a los carteles mexicanos y al gobierno de Maduro que, según supuestos datos de inteligencia militar, estaban empeñados en aprovechar la pandemia para incrementar sus envíos de droga a Estados Unidos.
El renovado e inoportuno ímpetu militar del Presidente se extendió también al viejo continente, hoy tan afligido por la pandemia. Sin tener en cuenta las restricciones impuestas por sus países y las objeciones de algunos de sus mandatarios, la semana pasada, en el marco de la OTAN, Washington envío 30.000 tropas adicionales para participar en el proyecto Defender Europe 20, que se desarrollará entre abril y mayo próximos, junto a 7.000 militares de 17 países. Su objetivo: incrementar la capacidad de despliegue rápido de una gran fuerza de combate.
Pero volvamos a Suramérica y el Caribe. Al tiempo con el operativo naval, desde el territorio colombiano soldados estadounidenses adelantan ejercicios militares conjuntos con el Ejército de este país en la frontera con Venezuela. Los ejercicios cuentan con la anuencia del Presidente Iván Duque, quien hace dos días presentó el operativo del Caribe como la Campaña Naval Internacional de Lucha contra el Narcotráfico Orión 5. Esta incursión constituye una violación flagrante de la Constitución colombiana, que prohíbe de manera expresa el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin la aprobación previa del Congreso y del Consejo de Estado.
Pandemia, elecciones presidenciales y cerco a Venezuela
El escalamiento del ataque contra el país vecino no debe sorprender. De hecho, durante los últimos meses Washington intensificó su arremetida contra los gobiernos alternativos sobrevivientes en la región. El golpe de Estado de Bolivia, consumado en noviembre pasado hizo parte de esta ofensiva.
Sin embargo, en el caso del operativo contra Venezuela, lo que sí llama la atención es el nivel de cinismo y la sangre fría del magnate a pesar de su mente calenturienta, quien pretende exacerbar el conflicto precisamente cuando su propio país se convirtió en el eje de la pandemia global y cuando, según cálculos conservadores de sus mismas autoridades, allí podría haber millones de infectados y cientos de miles de víctimas fatales.
Esta perspectiva tan sombría es precisamente la razón principal de la ofensiva militar que estamos contemplando, como en una película de terror. Después de un manejo cínico, xenófobo y vergonzoso de la crisis sanitaria que pretendió negar hasta hace pocos días y de los pronósticos sobre la crisis del desempleo y la economía que se avecina, Trump busca con desespero que en noviembre el operativo se revierta en apoyo electoral entre los sectores más conservadores del país. Con ese fin, además de culpar a China de la crisis, la ha emprendido más recientemente contra la OMS.
En todo el proceso de agredir a Venezuela la Casa Blanca ha contado con el respaldo decisivo del sector más retardatario del establecimiento republicano y demócrata; los gobiernos de extrema derecha del continente, en especial el de Colombia, reunidos para ello en el Grupo de Lima, bajo la coordinación de Washington; las desacreditadas figuras de la oposición venezolana, en particular el señor Juan Guaidó y, un personaje oscuro y maléfico, Luis Almagro, a quien de manera truculenta acaban de reelegir como Secretario General de la OEA.
De nuevo, el pretexto del narcotráfico
Después de diversos intentos fallidos de sacar a Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos recurrió al viejo expediente de su país. Hace dos semanas, al mejor estilo del viejo oeste, el Fiscal General William Barr acusó al presidente de narcoterrorismo y ofreció recompensa por su cabeza y la de algunos de sus principales funcionarios. También lo hizo con las dos principales figuras de la disidencia de las antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez.
Sin presentar prueba alguna, sindica a todos ellos de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos veinte años. Días después de esa acusación, el emisario del emperador, Mike Pompeo, anunció una propuesta de transición para Venezuela diseñada por ellos, como condición para levantar las criminales sanciones económicas y comerciales que ejerce sobre el país. Como es lógico, fue rechazada por su gobierno y por los sectores democráticos de América Latina y el mundo.
Tanto la acusación como el momento en que se presenta son especialmente graves por varias razones. La primera, en medio de múltiples dificultades económicas y financieras, Venezuela está afrontando el impacto de la pandemia, con un liderazgo que ya quisieran tener los otros países de la región. La segunda, porque, además de sindicar al gobierno de Maduro, involucra también a las antiguas FARC. Con ello, Estados Unidos busca un doble objetivo: legitimar una intervención militar en Venezuela y desvirtuar el acuerdo de paz en Colombia, proporcionándole un nuevo golpe. Se trata de reducirlo a su mínima expresión, tal como ha sido el interés de Duque, de su mentor Álvaro Uribe y, por supuesto, de Trump.
Sin embargo, para los incautos que todavía creen que Donald Trump es el sheriff que lidera la lucha contra la supuesta dictadura de Maduro, hay cosas que no cuadran. De acuerdo con el italiano Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), se trata de una acusación sin ningún fundamento. Señala que en el último informe presentado a finales del año pasado por la DEA se estableció que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia, el 6% de Perú y el 4% de otros países. En este negocio, que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país como primer productor, no aparece Venezuela, como tampoco lo hace en el informe correspondiente de la UNODC (http://revistadefrente.cl/pino-arlacchi-la-acusacion-contra-el-gobierno-de-venezuela-por-narcotrafico-es-una-basura-politica/).
El cerco sobre el gobierno venezolano se fue cerrando a partir de la Cumbre antiterrorista de Bogotá del 20 de enero pasado y con la más reciente visita de Duque a Washington, a comienzos de marzo. La sindicación a la dirigencia bolivariana estuvo precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal acusaron a su gobierno de vínculos con el narcotráfico.
El primero de ellos, quien ahora será testigo estrella en el proceso contra el gobierno venezolano, confesó que, por iniciativa de Juan Guaidó y de un grupo de asesores estadounidenses, transportó desde Barranquilla un cargamento de armas, incautado por el gobierno colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro y “bañar de sangre” a Venezuela. Pero sobre eso como sobre otros asuntos comprometedores, nada dijo el presidente colombiano.
Todos estos juegos de guerra se dan frente a una frontera caliente, la segunda más larga del continente. Es bueno recordar que la tensión en esta zona, marcada por todo tipo de contrabando, se vive desde mucho antes de la llegada del chavismo. En ella actúan ahora diversos grupos armados, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los paramilitares y en particular el grupo de los Rastrojos, quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la frontera para asistir al show para la supuesta ayuda humanitaria, organizado en Cúcuta por los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay y Almagro, bajo las órdenes de la Casablanca.
Como los demás territorios fronterizos del país, la frontera colombo-venezolana ha sido muy golpeada por el conflicto armado y por el abandono histórico por parte del Estado, cuya presencia se ha centrado en la lucha antinarcóticos. Por ello, los indicadores de desarrollo humano de sus municipios están bien por debajo de la media nacional. En una frontera tan irregular, con pocos pasos legales y múltiples trochas sin control, cualquier incidente o provocación podría incendiar la pradera y convertirse en pretexto para desatar la incursión en el territorio del país vecino.
¿Y el gobierno colombiano?
Si de denunciar a los gobiernos aliados con la mafia se tratara, Trump podría mirar hacia el lado colombiano y examinar la trayectoria del uribismo y su vinculación de larga data con los negocios del narcotráfico y el paramilitarismo. Días antes de que estallara la pandemia, el gobierno de Duque/Uribe se encontraba en verdaderos aprietos. Poco a poco se fueron conociendo las evidencias de que un oscuro personaje de la mafia, el Ñeñe Hernández, había movilizado enormes recursos para comprar las elecciones presidenciales de 2018 para el actual mandatario.
A ello se sumaron las declaraciones en el mismo sentido de la ex parlamentaria colombiana Aída Merlano, quien huyó del país y se encuentra detenida en Venezuela. Más recientemente se conocieron las afirmaciones en el mismo sentido del político y paramilitar condenado Lucas Gnecco, y la acusación de un reconocido medio internacional a la vicepresidenta de la República por hacer negocios con el narcotraficante Memo Fantasma.
Mencionemos también otro episodio gangsteril que quedó en suspenso. Hace dos meses se encontró un laboratorio para producir cocaína en la finca en Guasca, en las cercanías de Bogotá, del embajador de Colombia en Uruguay, un personaje de la entraña de Álvaro Uribe Vélez y de Aerocivil, la autoridad estatal que controla el tráfico aéreo, tan comprometida en otorgar licencias a narcotraficantes. Después de quemar parte de la finca para destruir evidencias, el gobierno no dio la menor explicación al respecto y el embajador siguió ocupando su cargo, hasta hace unos días cuando renunció, agradeciéndole al gobierno su confianza y comprensión.
O también podíamos evocar cómo en un país donde asesinan a diario a líderes y lideresas sociales y a excombatientes de las FARC, ante la indiferencia del Gobierno Nacional, hace dos meses el general Eduardo Zapateiro, máximo comandante del Ejército, expresó su pesar por la muerte de “Popeye”, quien fuera el más sanguinario lugarteniente del tristemente célebre Pablo Escobar. Este general ha sido sindicado por su participación en los llamados “falsos positivos” (ejecución de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y obtener beneficios).
Pero también, a propósito de la lucha contra el narcotráfico, la Casa Blanca podría revisar la historia de la DEA y la CIA y de su participación en grandes negocios con las mafias, los militares y la extrema derecha en países como Bolivia, México y Colombia. Sin alejarnos del círculo estrecho del poder de Trump, podría examinar la trayectoria de Elliott Abrams en la operación de apoyo a los contras de Nicaragua, con los recursos del narcotráfico, por allá en los años 80. Hoy es el encargado de “restaurar la democracia” en Venezuela.
No a la guerra, sí a la cooperación
El cerco unilateral impuesto por Washington a Venezuela y las sanciones económicas, financieras y comerciales se han intensificado durante los dos últimos años. Aparte de robarle 5 mil millones de dólares depositados en bancos de 15 países, al gobierno de Caracas no se le permite comprar alimentos ni medicamentos, entre otros productos. Un castigo similar afecta a Cuba e Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia.
Frente a tan grave situación, en Colombia se impone afianzar una amplísima coalición que incluya las organizaciones políticas y sociales de la región fronteriza y del país, los gobernadores y alcaldes de los municipios fronterizos, el Comité del Paro que estalló el 25N, entre otros. Está en juego la vida, la salud y la paz en la región fronteriza y en los dos países.
El gobierno colombiano rechazó la propuesta de Nicolás Maduro de reestablecer relaciones diplomáticas para atender la emergencia de salud. Ante tamaña insensatez, se requiere de inmediato establecer algún tipo de coordinación con las autoridades venezolanas frente a la crisis sanitaria y el regreso masivo de venezolanos a su país, que ahora huyen de la crisis en Colombia y Ecuador.
Por último, frenar la agresión a Venezuela es una causa que corresponde defender a todos los gobiernos y pueblos demócratas de Nuestra América y del mundo entero.
Nota del Editor: El presente artículo forma parte del boletín “Integración regional: Una mirada crítica”, número 8, publicado por el Grupo de Trabajo Integración y Unidad Latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Fuente: https://www.globalizacion.ca/tension-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela-llamado-la-sensatez/