Consuelo Ahumada

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Hace cuatro años, en noviembre 24, la firma definitiva del Acuerdo de paz provocó alivio y entusiasmo en Colombia y el mundo entero. Parecía ser el comienzo del fin de la guerra. En los meses siguientes hubo avances importantes en el Congreso y la Corte Constitucional para lograr la anhelada implementación. Pero sin duda lo más importante fue la desmovilización de los excombatientes y la dejación de sus armas, bajo monitoreo y con la certificación de la ONU.

La masacre de San Mateo se conoció dos meses después de que ocurriera porque las madres de los presos fueron amenazadas de muerte. La respuesta del gobierno fue la previsible.

Adoptar políticas efectivas y a tiempo para contrarrestar los estragos del COVID-19 en América Latina ha resultado ser un desafío monumental para todos sus países, teniendo en cuenta la debilidad del Estado, la precariedad de la salud pública y la seguridad social y los altos niveles de pobreza e informalidad que prevalecen. Es una radiografía precisa de los estragos de más de tres decenios de políticas neoliberales.