Traducción de Susana Arbizu y Henri Belin
No vamos a andarnos con rodeos: ¡la movilización contra el CPE es una movilización blanca! Políticamente blanca. Desde luego, no podemos sino alegrarnos ante la magnitud de la respuesta dirigida contra una ley ultraliberal que acrecienta considerablemente la precariedad social y económica del conjunto de los jóvenes de este país. La gigantesca movilización de las últimas semanas ha tenido el mérito incontestable de reunir, en un mismo frente, a trabajadores, estudiantes y alumnos de instituto para hacer retroceder al gobierno. Esta respuesta surge como resultado de las grandes luchas del año pasado: la movilización estudiantil contra la Ley Fillon, la del No a la constitución europea y la revuelta de los barrios populares. Se puede incluso considerar que la politización y la voluntad de lucha de la juventud estudiantil, no hubiera cobrado la misma dimensión sin este acontecimiento mayor, expresión de una profunda crisis social y política.
Lo que demuestra el CPE es que el planteamiento según el cual se puede ser negro, árabe o musulmán, y al mismo tiempo, de derecha, y contra el racismo y las discriminaciones, es una aberración sin fundamento. La aplastante mayoría de negros, árabes o musulmanes, son y serán las primeras víctimas de las políticas de la derecha. Y las fuentes de resistencia a estas políticas se encuentran en la izquierda. Pero lo que muestra también la movilización contra el CPE, es que nuestro compromiso del lado de la izquierda no resulta siempre evidente. Los negros, los árabes y los musulmanes no son solamente seres «sociales» y «universales» como nos lo repiten hasta la saciedad. Indiscutiblemente afectados por el CPE, no es sólo por ser «jóvenes» o por formar parte en su mayoría de las «categorías más pobres» de la población, por lo que sufren precariedad y discriminaciones, sino también porque son negros, árabes o musulmanes. La izquierda contribuirá a reproducir esta realidad mientras no la reconozca y la convergencia contra el neo-liberalismo y contra el racismo post-colonial no podrá realizarse.
En efecto, uno no puede sino quedarse con cierto sabor amargo en la boca. Las movilizaciones de estas últimas semanas, aunque generosas, se han caracterizado desgraciadamente por la ocultación casi generalizada de los otros artículos de la Ley sobre la Igualdad de oportunidades, a pesar de ser tan escandalosos como el CPE. Es verdad que algunas de las críticas formuladas por los partidos de izquierda, los sindicatos y los diferentes colectivos que se constituyeron en el marco de esa movilización formularon críticas a veces virulentas, sobre diferentes aspectos de esta Ley, llegando hasta exigir su retirada total. El Partido Socialista (lo cual no es nada sorprendente), la CGT, el Partido Comunista, la mayoría de las formaciones de extrema-izquierda, la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia, socialistas y comunistas) y otras organizaciones de estudiantes, la evocaron solamente de pasada y a veces ni siquiera eso, en sus pasquines y demás declaraciones. En cambio, otros movimientos y colectivos de lucha, han sido mucho más claros al respecto: los sindicatos SUD, la CNT y algunas coordinadoras de estudiantes. Con todo, estas posiciones han sido muy minoritarias y no han tenido efecto alguno sobre la verdadera dinámica de las luchas.
Sobre todo que, aún habiéndose denunciado el conjunto de la Ley, la crítica que de ella se ha hecho, se ha limitado a poner en evidencia su carácter ultra-liberal, olvidándose una de sus dimensiones fundamentales, a saber, su inscripción en el marco de una ofensiva específica contra las poblaciones procedentes de la inmigración post-colonial y de la política de estigmatización que éstas sufren y que se desarrolla de manera alarmante. La Ley de Igualdad de Oportunidades, de la que no hay que olvidar que fue presentada como respuesta a las revueltas de los arrabales, contiene medidas de desescolarización que evidentemente, amenazan a todos los adolescentes, independientemente de sus orígenes ¿Pero cómo obviar su relación con los múltiples discursos sobre la incapacidad específica de los niños procedentes de la inmigración para seguir una escolaridad normal?
El Título III de la Ley que prevé sancionar a los padres quitándoles las ayudas familiares, no habría existido de no haberse orquestrado toda una amplia campaña que subrayaba la pretendida incompetencia de los padres -a menudo denunciados como polígamos- y de las madres -empeñadas en hablar árabe- para ocuparse de sus hijos. Y a qué vienen las disposiciones del Título IV sobre la «lucha contra las incivilidades» en una Ley dedicada a la «Igualdad de las Oportunidades», sino a rematar la lógica de esta Ley con medidas de seguridad cuyo blanco no es otro que negros, árabes y musulmanes. Se podría decir lo mismo del Título V que instaura un «servicio civil voluntario» para ¡»formar a los jóvenes en los valores cívicos»! ¿Quiénes son esos jóvenes, continuamente denunciados en discursos y artículos por su falta de valores cívicos, más que aquellos procedentes de la inmigración post-colonial? ¿Cómo obviar la dinámica común entre estas decisiones y las que condicionan la expedición de una tarjeta de residencia al respeto de los «valores de la República»?
Tampoco se ha puesto de manifiesto la relación con toda una sarta de leyes en preparación que evidencia la estrecha conjunción entre la ofensiva liberal y la política racista y de seguridad. Lo mismo ocurre con la circular del 21 de febrero de 2006 sobre las condiciones de interpelación de los extranjeros en situación irregular o con la Ley sobre la inmigración (CESEDA) que complica considerablemente las condiciones de entrada y de estancia en Francia, ya de por sí severas, que merma el derecho al reagrupamiento familiar, que hace imposible la regularización de los sin-papeles y que selecciona a los candidatos a la inmigración en función de su utilidad para la economía o la «proyección internacional» de Francia. Pese a todo, un principio de movilización contra este último proyecto había empezado; los sin papeles habían tomado iniciativas, retomadas por numerosas organizaciones de solidaridad. Algunas formaciones de izquierda también se implicaron en esta batalla. Sin embargo, la campaña contra el CPE ha relegado a la periferia de sus preocupaciones, la naciente movilización contra la «inmigración desechable». El gran concierto del domingo dos de abril organizado en la plaza de la República en París, fue ciertamente una buena iniciativa cuyo éxito quedó patente; aún así, se desperdició la ocasión de integrar la lucha contra el CESEDA en las movilizaciones de los últimos meses, donde no hubiera estado de más subrayar la clara relación entre las políticas racistas y las medidas liberales que cada día se hacen más evidentes.
No deja de ser preocupante tamaño «olvido» cuando semanas antes del principio de las movilizaciones contra el CPE, los barrios populares se sublevaban. No parece que se haya aprendido nada de aquella revuelta. Se escucharon algunos lloriqueos lamentando la ruptura entre la juventud de las afueras y la izquierda, pero se evitó cuidadosamente la verdadera pregunta sobre la causas de esta ruptura. O más bien, la opinión se contentó con aplicar esquemas de análisis económicos que prefirieron no ver allí, más que una revuelta de «jóvenes», hartos de la degradación de sus condiciones sociales, sin tomar en cuenta las dimensiones anti-racistas y anti-segregacionistas. Pero la crisis de las afueras no puede verse limitada a simples causas sociales; también es el resultado de las relaciones post-coloniales y de las políticas racistas. La Ley de Igualdad de Oportunidades ha sido percibida a través de ese prisma reductor que subraya la polarización de clases (o, en una versión más consensual, las oposiciones «derecha/izquierda») para ocultar el carácter post-colonial de la sociedad francesa.
La izquierda francesa aparece de este modo, incapaz de superar el pseudo-universalismo que pretende que en Francia no hay más que individuos o clases, únicamente determinados por sus posiciones sociales y no por sus orígenes, sus colores o sus culturas. Las lecturas de un punto de vista económico (más sindicalistas que políticas) de los conflictos y de las ilusiones republicanas se complementan, -incluso en «la izquierda de la izquierda»-, para enmascarar la fractura post-colonial.
La lucha contra el CPE ha permitido así, volver la página de esta embarazosa revuelta de las afueras. Por fin volvemos a un terreno familiar donde uno puede reconocerse: alumnos de instituto, estudiantes, jóvenes trabajadores, todos movilizados sin distinción de origen contra el ultra liberalismo y el ataque al modelo social. La fractura aquí es clara, clásica, sin sorpresa, reconfortante: izquierda contra derecha, sindicatos contra patronal. Ahora bien, no podemos sino constatar que esta recobrada unidad tiene un precio: concentrar las movilizaciones en torno a un lema y no más: «!no al CPE!» Dicho de otro modo, para lograr una movilización tan amplia había que empezar reduciendo su alcance, dejando de lado las afueras, excluyendo a los hijos de la emigración y a los nuevos inmigrantes, o sea a los indígenas. Hubo quien expresó aquí y allá la voluntad de crear una convergencia con la juventud de las afueras e incluso con los movimientos de la inmigración. Pero fueron raros y pocos.
Es más que probable, por otro lado, que de no haber integrado brutalmente el CPE a la Ley de Igualdad de oportunidades, ésta no hubiera suscitado más que una escasa movilización. Pocos blancos se hubieran dado por aludidos. Habrá quien diga, que centrándose únicamente en el CPE era más factible la victoria; que para construir la mayor movilización posible, había que definir un objetivo claro y único, que reuniera a la mayor cantidad de sectores posibles. Pero ¿cómo explicar la casualidad según la cual siempre hay que dejar de lado las reivindicaciones de las poblaciones procedentes de la inmigración para ganar en eficacia?
Hacerse esa pregunta supondría querer comprender las causas de la ruptura entre esta parte de la población y la izquierda. En otras palabras, la movilización contra el CPE confirma, una vez más, la existencia de un campo político blanco. La lógica de las luchas en un contexto postcolonial (donde los post-colonizados representan una fracción minoritaria de la población) hace que su convergencia no parezca realizable más que a condición de relativizar o negar la situación particular de los post-colonizados y así excluirlos, de hecho, del campo político.
Esta lógica continuará mientras las poblaciones procedentes de la inmigración post-colonial no se constituyan como una potencia política autónoma, capaz de tener un peso en las relaciones de fuerza a escala nacional. Es en esta perspectiva en la que se integra el Movimiento de los Indígenas de la República. La marcha del 8 de mayo constituyó así un momento fuerte para afirmar el imperativo de una política autónoma y para interpelar a los de izquierdas que son sinceramente anti-racistas.
* Sadri Khiari es miembro del Movimiento de los Indígenas de la República. Autor del libro «Para una política de la chusma: inmigrantes, indígenas y jóvenes de banlieue», Ed. Textuel