La guerra civil que asoló Guatemala entre 1960 y 1996 recaló ahora en el ámbito judicial de la mano de familiares de exmilitares y empresarios, mientras exguerrilleros y defensores de los derechos humanos cuestionan la ofensiva. «Estudié dos de las presentaciones de exmilitares y tienen muy poco fundamento. Se ve que hay una intención de […]
La guerra civil que asoló Guatemala entre 1960 y 1996 recaló ahora en el ámbito judicial de la mano de familiares de exmilitares y empresarios, mientras exguerrilleros y defensores de los derechos humanos cuestionan la ofensiva.
«Estudié dos de las presentaciones de exmilitares y tienen muy poco fundamento. Se ve que hay una intención de los demandantes de pasar de victimarios a víctimas», dijo a IPS el representante de la no gubernamental Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.
Este abogado añadió que, «por otro lado, están buscando criminalizar a varios profesionales por la función que cumplen como periodistas, defensores de los derechos humanos y que hoy en día están trabajando en aras de la paz».
El conflicto armado interno entre las fueras de seguridad de Guatemala y la guerrilla izquierdista dejó 250.000 personas muertas y desaparecidas, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de 93 por ciento de esos crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Pero la batalla continúa, ahora por la vía legal.
En vísperas de que se conmemore este 29 de diciembre el 15 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado, los tribunales de justicia recibieron tres demandas contra exguerrilleros y activistas de derechos humanos.
Una de ellas fue presentada el 2 de noviembre por el empresario Ricardo Méndez Valdez contra 26 ex miembros de los extintos Ejército Guerrillero de los Pobres y Partido Guatemalteco del Trabajo, a quienes acusa de haberlo secuestrado y torturado hace 29 años.
Un mes después fue Estela de Mata, presidenta de la Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala, la que denunció a 32 exintegrantes de ambas facciones guerrilleras «por haber cometido actos terroristas».
La tercera instancia es la demanda judicial presentada el 12 de este mes por el empresario estadounidense Theodore Plocharski contra 52 exintegrantes de la insurgencia por presuntos actos de secuestro, tortura y asesinato contra diplomáticos, entre ellos el de John Gordon Main, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, acaecido en 1968.
Entre los denunciados se encuentra Yolanda Colom, hermana del actual presidente de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, y Margarita y Laura Hurtado Paz, familiares de la fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, precisamente la encargada de la persecución penal.
También aparece es objeto de demanda la activista a favor de los derechos humanos Iduvina Hernández y la periodista Marielos Monzón, quienes se pusieron a disposición del Ministerio Público para aclarar su situación.
«Sabiendo perfectamente que nunca pertenecí a ninguna organización política o guerrillera y que nunca cometí delito alguno, se me acusa de ello para que la duda pese sobre mí y así intentar inhabilitarme para seguir ejerciendo la profesión y publicando artículos de opinión», dijo Monzón, quien ha defendido el acceso a la justicia.
Para Magdalena Sarat, de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, la ofensiva legal planteada por allegados a los militares es parte de una estrategia «para acallar a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno para que no sigan denunciando los abusos cometidos por el ejército».
«Se trata de una venganza», porque «hoy por hoy algunos casos de genocidio y de militares que son responsables de las masacres han sido procesados gracias al trabajo de la fiscal general», señaló la activista a IPS.
Es que el Ministerio Público, coordinador de la persecución criminal, ha logrado capturas y condenas de varios militares, a quienes responsabiliza de haber cometido delitos como genocidio, desaparición forzada y demás abusos contra civiles durante la guerra.
En 2010, dos exagentes de la Policía Nacional fueron condenados a 40 años de prisión como responsables de la desaparición forzada del estudiante universitario y sindicalista Fernando García, registrada el 18 de febrero de 1984.
Este año fue arrestado el general retirado Héctor López, sindicado de cometer el delito de genocidio al matar a más de 300 personas entre 1978 y 1985, así como al exdirector de la policía Héctor Bol, por la desaparición de García, entre otros casos de militares procesados.
Sin embargo, a juicio de Sarat, «los militares de más alto rango responsables de las masacres contra la población indígena siguen libres, como el general golpista Efraín Ríos Montt» (1982-1983), a quien acusan de haber ejecutado la política de tierra arrasada durante la guerra.
«Ahí lo vemos libre y con toda tranquilidad después de que dejaron miles de viudas y huérfanos», dijo.
Sarat también reconoció que se debe aclarar la responsabilidad de la guerrilla en el conflicto, sin olvidar que al ejército se le atribuye 93 por ciento de las violaciones perpetradas en la guerra, mientras que a la guerrilla se le imputa tres por ciento, según la CEH.
Héctor Nuila, diputado de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la coalición que aglutinó a los movimientos guerrilleros durante la guerra, dijo a IPS que las demandas planteadas contra exinsurgentes, periodistas y activistas «tienen un fondo político».
Según el parlamentario, parte de la estrategia es buscar la remoción de la fiscal general Paz y Paz, quien ha logrado la captura y condena de varios militares por excesos cometidos durante el conflicto.
«Esto se refleja porque los demandantes han dicho públicamente que está a prueba la idoneidad de la fiscal. Además, le adjudican delitos a personas que ni siquiera habían nacido cuando se cometieron o a personas que casualmente han trabajado mucho en el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia», señaló.
Por el otro lado, la posición sigue firme. «Espero que la fiscal general no represente sólo a un grupo. Ellos (los guerrilleros) eran terroristas que ponían bombas, volaban puentes y mataban gente inocente y empresarios. Espero que la fiscal investigue a sus familiares», dijo De Mata.
«Miembros del ejército afrontan distintas causas judiciales acusados de delitos de guerra. Ahora que el Ministerio Público investigue los hechos delictivos que cometió la guerrilla», declaró Plocharsky a los medios de comunicación.