Organizaciones a favor de la libertad de prensa reclaman al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) que desestime el caso contra la periodista francesa Florence Hartmann, acusada de desacato por publicar información confidencial sobre el trabajo de ese organismo con sede en La Haya.
Florence Hartmann ocupó el lunes, en la apertura del juicio, el «mismo lugar que los acusados de crímenes de guerra», dijo uno de sus defensores.
La periodista de 46 años fue acusada en agosto por dos cargos de desacato. Los fiscales alegan que «a sabiendas y de forma deliberada» publicó información clasificada del tribunal creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993 para tratar los crímenes cometidos en las guerras de secesión de la hoy desaparecida Yugoslavia.
«Queremos que el TPIY retire los cargos porque no es normal ni bueno que un tribunal internacional como ése juzgue a una periodista», dijo a IPS Jean-François Julliard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras.
Hartmann fue corresponsal de guerra en la antigua Yugoslavia para el periódico francés Le Monde en los años 90 y más tarde fue contratada como portavoz de la fiscal principal del TPIY, la suiza Carla del Ponte, entre 2000 y 2006.
En 2007, la periodista publicó el libro «Paix et châtiment» («Paz y castigo») donde divulgaba información sobre el proceso al ex presidente Slobodan Milosevic (1941-2006), que falleció en una cárcel del TPIY antes de que concluyera su juicio por crímenes de guerra y genocidio.
Milosevic se sostuvo en el poder entre 1989 y 2000, primero gobernando Serbia y luego al frente de la Federación Yugoslava, hasta su caída a causa de un levantamiento popular. En ese período se libraron las guerras secesionistas de Croacia, Bosnia-Herzegovina y de la entonces provincia serbia de Kosovo.
El libro incluye documentos militares que habían sido entregados por las autoridades serbias al TPIY a fin de contribuir al procesamiento de Milosevic, con la condición de mantener su confidencialidad. Para acceder a ellos, el tribunal ordenó que se prohibiera su publicación.
Si el TPIY no se hubiera impuesto esa limitación, esos documentos habrían pasado a la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya, ante la cual Bosnia-Herzegovina había acusado a Serbia de cometer genocidio en la masacre de Srebrenica, perpetrada en 1995 contra unas 8.000 personas.
Sin haber visto nunca los documentos censurados, la Corte Internacional falló en febrero de 2007 que si bien esa masacre constituyó genocidio, no había pruebas suficientes para concluir que Serbia era culpable del crimen. El fallo absolvió a los serbios de pagar cuantiosas indemnizaciones a las familias de los asesinados bosnios musulmanes.
Poco antes del juicio contra Hartmann, Reporteros Sin Fronteras publicó en su sitio de Internet tres páginas de su libro.
«Los tribunales penales internacionales deben juzgar a criminales de guerra, no a periodistas», reza una declaración de la organización. «La publicación de Hartmann no constituye un desacato al tribunal. Simplemente explica su trabajo y el contenido y el efecto deseado de sus decisiones».
Las tres páginas publicadas por Reporteros Sin Fronteras «muestran cómo los jueces decidieron no revelar pruebas claves como documentos del archivo del Consejo Supremo de Defensa de la Federación Yugoslava (entonces Serbia y Montenegro) que implicaban al gobierno serbio en crímenes de guerra».
Hartmann tenía derecho a divulgar esa información porque es de interés público, arguyó Julliard. Además, el material ya era de dominio público pues había sido publicado en numerosos sitios de Internet antes de que apareciera el libro.
El TPIY no adoptó ninguna acción cuando el mismo tipo de información fue ventilada seis meses antes de la publicación de «Paix et châtiment» dijo el abogado de la periodista, Karim Jan.
Varios miles de personas firmaron peticiones al tribunal para que retire los cargos contra Hartmann. La organización Mères pour la paix (Madres por la paz) gestiona una red virtual de apoyo a la periodista y organiza manifestaciones frente a la sede del tribunal.
«El objetivo del TPIY no es procesar a una periodista que hace su trabajo, sino juzgar a presuntos responsables de graves violaciones al derecho internacional», remarcó esa organización.
Mères pour la paix convocó varias manifestaciones en La Haya con pancartas que reclamaban «condenas contra criminales de guerra, no contra periodistas».
Hartmann puede ser sentenciada a siete años de cárcel y/o a pagar una multa de 100.000 euros (más de 138.000 dólares), pero Reporteros Sin Fronteras cree que el fallo será más bien simbólico.
«No creo que el TPIY retire los cargos, pero la sentencia quizá sea leve y no incluya prisión, sería un escándalo», apuntó Julliard.
El fallo será emitido esta semana, según fue anunciado.