Al querido compañero Carlos Rezzano, alias El Potrillo, in memoriam. Los medios de difusión informan estos días que es segura la declaración como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia del ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales). Se impone hacer un poquito de historia… A fines del año 1967 el entonces […]
Los medios de difusión informan estos días que es segura la declaración como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia del ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales). Se impone hacer un poquito de historia…
A fines del año 1967 el entonces Presidente Jorge Pacheco Areco promulgaba la rendición de cuentas de ese año. En la misma se creaba el Impuesto a la Producción Mínima Exigible que gravaba con tasas progresivas, de acuerdo al valor monetario de la producción presunta, los predios agropecuarios. (1)
Véase: Impuesto a la «producción mínima exigible». No a la «propiedad de la tierra». No a la «concentración de la tierra».
El artículo 297, parte del capítulo X de la Constitución de la República dice:
«Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1°) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental…»
Más claro echarle agua: la Constitución limita severamente las posibilidades de gravar «la propiedad inmueble rural». Los terratenientes de este país siempre tuvieron mucho poder. Y se previnieron en la mismísima Constitución de posibles intenciones fiscalistas de algún gobierno nacional sobre sus propiedades.
El Gobierno de Pacheco (recordemos, acababa de asumir después de la muerte del General Oscar Gestido) promulga así una ley que había sido creada antes, bajo los auspicios del trabajo de la Comisión de Investigación y Desarrollo (CIDE) mientras el contador Luis Faroppa era Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ni se nos pasa por la cabeza imaginar que Pacheco estaba al tanto del contenido de la ley que estaba firmando. Sus preocupaciones del momento eran obviamente comprimir al máximo los salarios y reprimir sin asco al creciente movimiento sindical y popular. Se comenzaban a sentir en el país aires pre-dictatoriales. Contradicciones de la historia; un Presidente que integra en la memoria histórica lo peor del uso de la violencia en defensa del interés oligárquico firma una ley consagrando un impuesto profundamente progresista.
Parece que además de estudiar profundamente los temas vinculados a la entonces (al igual que ahora), estancada producción agropecuaria*, los autores de este impuesto se habían tomado el trabajo de estudiar la Constitución de la República. Por dicha razón no crearon un «impuesto a la propiedad inmueble rural» sino un impuesto a la «producción mínima exigible» que gravaba no sólo a los propietarios sino a los explotadores a cualquier título. Hemos estudiado tan concienzudamente como hemos podido todo lo referente al IMPROME. No encontramos evidencia alguna de que en la época éste hubiera sido impugnado como inconstitucional. Estuvo vigente entre 1967 y 1976 año en que fue sustituido por el Impuesto a la Actividad Agropecuaria (IMAGRO) que incorporaba elementos de gravamen a las ganancias de las empresas agropecuarias.
El IMPROME era un impuesto en serio. No hemos estimado rigurosamente su recaudación potencial de estar vigente hoy. Pero nos atrevemos a afirmar sin ninguna clase de duda que ésta no bajaría de los 1.000 millones de dólares anuales. Como comparación se afirma que el ICIR, la payasada creada por el Gobierno Mujica, recauda 60 millones de dólares anuales. Que, además se vuelcan a mantener y mejorar la caminería rural. O sea, van a beneficiar a los mismos estancieros que lo pagan.
Resulta difícil de creer que los técnicos de toda laya y pelaje, pero siempre muy bien remunerados, que pululan por las oficinas de la Torre Ejecutiva, el Palacio Legislativo, el Ministerio de Economía, etc., no hayan sido capaces de preveer que este modestísimo, más bien simbólico, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales iba a ser impugnado con éxito desde el punto de vista constitucional.
¿Qué pasó en realidad?
¿Acto de sabotaje desde los equipos técnicos?
¿Maniobra maquiavélica (pobre Maquiavelo, que mal liga habitualmente) desde el mismísimo Poder Ejecutivo?
¿Burda ineficacia?
De aquí el título. Lo ignoro y prefiero no sacar conclusiones sin base fáctica.
De lo que no hay duda es de que el Gobierno ha «quedado pagando». Resulta muy penoso que a pocos meses de instalada una medida que tanta charlatanería originó, ésta resulte, previsiblemente, impugnada de esta forma.
El Presidente siente (o finge vaya uno a saber) gran indignación con el asunto. Y amenaza con una reforma constitucional.
Gran cosa sería ésta eliminando la parte marcada en negrita del maldito inciso 1 del artículo 297 y abriendo camino para una verdadera imposición progresiva sobre la propiedad de la tierra que no necesitara llevar otro nombre.
Lamentablemente los antecedentes recientes del accionar presidencial nos hacen ser totalmente pesimistas. No habrá tal reforma constitucional.
Es posible que se busque alguna solución técnica para reflotar el impuesto. Las intendencias cuentan con su recaudación para emprender obras de caminería rural.
También es posible que simplemente que no se haga nada para sustituirlo y el ICIR pase a la historia e integre algún día el museo a la incapacidad nacional. El Gobierno se haría cargo en este caso del financiamiento para las intendencias del interior.
Utilizando, faltaba más, recursos provenientes, en un 80% de los impuestos indirectos como el IVA, que pagan predominantemente los trabajadores.
*Decir que hoy la producción agropecuaria está estancada resulta sorprendente para mucha gente. La propaganda oficial (incluyendo referentes del gobierno pero también y sobre todo analistas, economistas agrarios y gente vinculada al sector) no para de alabar el «formidable desarrollo de la agropecuaria». Sin embargo la cruda realidad que reflejan las Cuentas Nacionales informa otra cosa. La gráfica que construimos (utilizando tal cual viene la información del BCU) es ilustrativa. De ella se desprende sin lugar a dudas que entre 1997 y 2011 el crecimiento de la producción agropecuaria es ínfimo; un 15%. O lo que es lo mismo: un 1% anual. Que conste: este se da en un contexto de precios de los productos de exportación agropecuarios (tal cual documentamos en un trabajo anterior reciente) excepcionalmente altos. Y se da también cuando los precios de la tierra se han más que decuplicado en los últimos 10 años. Señalamos, por último que no hemos elegido el año base para elaborar la gráfica. 1997 es el origen de los datos que se pueden encontrar en la página del BCU que exponen las cuentas nacionales.
1) la lectora interesada en profundizar en el tema encontrará bastante material en: www.resonandoenfenix.blogspot.com
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