CEAR denuncia que las personas que llegan a Grecia son acogidas en un «centro de detención» bajo control militar donde «no tienen libertad de movimiento». Para pedir asilo tienen que pedir cita por un servicio a través de Skype que está activo una hora al día. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) documenta […]
CEAR denuncia que las personas que llegan a Grecia son acogidas en un «centro de detención» bajo control militar donde «no tienen libertad de movimiento». Para pedir asilo tienen que pedir cita por un servicio a través de Skype que está activo una hora al día.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) documenta en un informe presentado este miércoles en Madrid la «vulneración sistemática» del derecho al asilo en Grecia tras la entrada en vigor del acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía que prevé sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés de migrantes y refugiados. El informe [consultar en PDF, aquí] fue elaborado tras una misión de observación del equipo de la ONG, que estuvo del 17 al 23 de marzo en la isla de Lesbos, actualmente, el punto de recepción de refugiados más importante; y en Atenas, donde hay instalados campos de refugiados en el puerto de El Pireo y en el complejo olímpico de Ellinikó.
Desde el 20 de marzo -fecha de entrada en vigor del acuerdo- todas las personas que llegan a Grecia son acogidas en Moria en un campo de refugiados que, según CEAR, se ha convertido en un «centro de detención» donde estas personas «no tienen libertad ambulatoria ni de movimiento» y están bajo control policial y militar. Allí se las registra, se les identifica con una pulsera con un número de registro y se les entrega un documento por el que se les comunica que están detenidas por haber entrado de forma ilegal en Grecia.
En el «centro de detención» de Moria no hay ninguna oficina para pedir asilo. La única opción que tienen las personas que quieren solicitar protección internacional es pedir una cita a través de una llamada por Skype, aunque el servicio sólo está activo durante hora al día, lo cual hace «inaccesible» la posibilidad de tener una cita para la mayoría de las personas que lo han intentado, según documenta el informe.
La ONG cree que esas detenciones «atentan íntegramente contra el derecho de asilo más fundamental y los principios de la Convención de Ginebra que todos los Estados europeos han ratificado» porque actualmente no existe ninguna vía segura de entrada a la UE con el objetivo de solicitar asilo que no sea esta, calificada de ilegal. Antes de la entrada en vigor del acuerdo, tras el pertinente registro, estas personas recibían un documento mediante el que se les autorizaba permanecer en Grecia por un periodo de seis meses que era renovable.
Sin asistencia legal
Por otro lado, la ONG señala que el desconocimiento del mecanismo de reubicación es total por parte de los refugiados, los voluntarios y la mayoría de las ONG. Y denuncia que no hay constancia de que se ofrezca asistencia legal a estas personas, ya sea para solicitar protección internacional, para acogerse al programa de reubicación, para solicitar reagrupación o para los procesos de expulsión. La ONG muestra su preocupación por el hecho de que en la isla de Lesbos no estén actuando organizaciones especializadas en derecho de asilo o en asistencia legal.
El informe también califica de «especialmente preocupante» la situación de los menores no acompañados, que proceden principalmente de Irak, Afganistán, Paquistán y Marruecos. Los menores sirios suelen ir acompañados por familiares, si bien el informe sí documenta casos de niños de esa nacionalidad que han perdido a sus padres y familiares en los naufragios. La ONG subraya que, desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía, 170 niños se encuentran retenidos en el centro de Moria y se desconoce cuál va a ser su futuro.
CEAR también cuestiona la definición de Turquía como país «seguro». Y recuerda que Amnistía Internacional ha documentado expulsiones a gran escala de refugiados a Siria desde la provincia de Hatay, confirmando que es una práctica habitual aplicada tanto a adultos como a niños y mujeres embarazadas. Subraya, además, que apenas un 10% de los cerca de tres millones de refugiados que están actualmente en Turquía viven en alguno de los 22 campos de refugiados existentes. El resto, asegura el informe, se encuentran en entornos urbanos «en situación de desamparo y desprotección».
Asimismo, critican que el programa de reubicación sólo se ofrezca a personas de Siria, Eritrea, Irak y Somalia. Aquellos procedentes de otros países, incluido Afganistán, quedan excluidos. Según CEAR, esta discriminación supone una vulneración del artículo tres de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente la discriminación por país de origen. Por otro lado, las personas que no pueden acceder al proceso de reubicación debido a su nacionalidad, tienen como única opción solicitar asilo en Grecia.
En este sentido, la ONG recuerda que a día de hoy Grecia cuenta con 51.601 refugiados en su territorio, ya sea en campos o en tránsito, por lo que no puede hacer frente sola a esta realidad. A esto se suma que desde el año 2011 se han considerado que Grecia no cumple con los estándares mínimos del procedimiento de asilo en materia de acogida, tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El camino hacia Europa
Antes de llegar a Europa, los refugiados han tenido que pasar una dura travesía. La labor de las mafias turcas se inicia en la plaza Taksin de Estambul, donde los refugiados contactan con los traficantes. Los que tienen más posibilidades económicas compran pasaportes falsos e intentan llegar a Europa por avión desde América Latina -principalmente vía Brasil- si bien esta vía es extremadamente cara y ha descendido «considerablemente» desde el primer trimestre de 2015, según documenta CEAR. Necesitan llegar con pasaporte falso porque España, ante las primeras llegadas de familias sirias tras el comienzo del conflicto, introdujo en septiembre de 2011 la exigencia del visado de tránsito para las personas de esa nacionalidad.
Como esta vía es muy cara, la mayoría ha venido optando por la ruta del mar Egeo, que es la que ahora se pretende sellar con el acuerdo UE-Turquía. Los refugiados que toman esta opción viajan desde Estambul hasta la ciudad costera de Izmir donde se alojan en hostales -en una de las calles principales de esta ciudad la ONG ha contado hasta 25 establecimientos dedicados a este negocio- donde suelen esperar un par de semanas hasta el día en que se organiza su partida.
Ante la falta de vías legales y seguras para llegar a Europa CEAR lamenta que las personas que buscan refugio acaben pagando a las mafias en torno a 2.000 euros por atravesar en pequeños botes los nueve kilómetros que separan la ciudad turca de Ayvalik con el norte de la isla griega de Lesbos. Los chalecos salvavidas se consideran un extra y por tanto tienen un precio aparte.
El ferry oficial que hace ese mismo trayecto y que los refugiados, al estar en una situación administrativa irregular no pueden coger, cuesta cinco euros. La ONG alerta de que para evitar los dispositivos de vigilancia de Frontex que bloquean esta ruta por el norte, actualmente la mayoría de entradas se están produciendo por el sureste de la isla. Y eso a pesar de que el recorrido, que es de 21 kilómetros, entraña un mayor riesgo de que se puedan ir a la deriva por estar más expuestas a mar abierto y a corrientes más peligrosas.
El trabajo de las ONG
En su informe, CEAR pone en valor el trabajo de ONG españolas como Proemaid, Proactiva Open Arms y Bomberos en Acción -también de otras irlandesas, holandesas o griegas- que estaban cubriendo las necesidades de salvamento de emergencia más cercanas a la costa de Lesbos que se llevan produciendo en la isla desde que empezaron las llegadas más intensas. Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia en Fronteras, sólo hace labores de salvamento en situaciones de «máxima urgencia». Esa tarea la están realizando los guardacostas griegos -que cuentan con varias fragatas y patrulleros- y las ONG.
La ONG denuncia que desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía los voluntarios ya no tienen acceso a las personas cuando llegan a las costas. Lo habitual es que se persone la policía en la playa y que el traslado al centro de detención de Moria se haga de forma inmediata, sin permitir a las ONG ofrecer un cambio de ropa, secado o avituallamiento mínimo, como venía haciéndose habitualmente hasta antes del acuerdo.
Entre tanto, las cifras oficiales siguen poniendo de manifiesto el fracaso del mecanismo de reparto en la acogida de personas refugiadas que se encuentran en Grecia y en Italia donde se produjeron más del 95% de las llegadas por mar (844.000 a Grecia y más de 152.000 a Italia). En el caso de España, han sido únicamente 18 personas las reubicadas de las cerca de 16.000 comprometidas sin haberse puesto en marcha, hasta el momento, ningún otro nuevo contingente para su acogida a pesar de que a principios de marzo, el Ministro del Interior en funciones, anunciaba que España arrancaba uno nuevo conformado por 150 personas desde Grecia, 32 desde Italia completando el grupo inicial de diciembre que quedó incompleto y 285 reasentados desde Turquía.