El Gobierno democristiano holandés es responsable de la muerte de 11 inmigrantes ilegales internados en el centro de detención del aeropuerto de Amsterdam-Schiphol, y que perecieron el pasado 26 de octubre en un incendio. Así lo afirma el informe encargado por las propias autoridades al Consejo para la Seguridad, un organismo independiente que vela por […]
El Gobierno democristiano holandés es responsable de la muerte de 11 inmigrantes ilegales internados en el centro de detención del aeropuerto de Amsterdam-Schiphol, y que perecieron el pasado 26 de octubre en un incendio. Así lo afirma el informe encargado por las propias autoridades al Consejo para la Seguridad, un organismo independiente que vela por el cumplimiento de dichas normas a escala nacional. Aún sin publicar, sus conclusiones acaban de ser desveladas por la televisión estatal.
Según los investigadores, el complejo incumplía todas las reglas de seguridad vigentes y tampoco estaba protegido contra el fuego. La noche de la tragedia, además, en los pabellones siniestrados no había nadie de guardia. En ese momento los ocupaban 43 detenidos en 24 celdas dobles. En el conjunto de la prisión, situada al este de las pistas de aterrizaje, había 350 personas en espera de su deportación. El lugar es utilizado por la policía militar del aeropuerto para recluir a inmigrantes ilegales y a traficantes de droga.
Pieter van Vollenhoven, responsable del Consejo para la Seguridad y cuñado de la reina Beatriz de Holanda, admitió ayer que los datos filtrados eran ciertos. También anunció su deseo de adelantar la fecha oficial de publicación, prevista para finales de septiembre.
El trabajo no escatima críticas para todas las instancias públicas responsables del centro de Schiphol. Así, el departamento de instituciones penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia, dio permiso para utilizar las instalaciones sin comprobar antes que no eran seguras. El personal adscrito a las mismas carecía del entrenamiento necesario para actuar contra el fuego. Y su director, «no estaba a la altura de la tarea».
Fallos en el diseño
En cuanto al Ministerio de Transporte, tampoco se ocupó de garantizar que el recinto cumpliera las normas de funcionamiento impuestas a cualquier otra prisión nacional. El Ayuntamiento de Haarlem, por fin, al que le correspondía dar o prolongar el permiso de obras, lo hizo sin que hubiera mejorado su precario estado.
El informe se queja asimismo del diseño del complejo, que entorpeció el salvamento de los internos. La distancia entre las celdas y la puerta principal de salida, por ejemplo, era demasiada. El hecho de que los cubículos sólo pudieran abrirse manualmente -en lugar de todos a la vez mediante un sistema electrónico- ha sido también denostado. «Errores esenciales como dejar abierta la puerta de la celda donde se desató el fuego son comprensibles ante la falta de preparación del personal y la confusión del momento», señala el trabajo. La atención psicológica recibida por los supervivientes, deficiente y tardía, merece también una mención. Los familiares de las víctimas han mostrado su intención de demandar al Gobierno. La oposición holandesa de izquierda, por su parte, ha pedido un debate parlamentario sobre el particular.