El debate electoral con vistas a los comicios del 25 de mayo se queda en la superficie, raya la banalidad, pues no penetra en asuntos capitales que tengan que ver con la esencia y funcionamiento de la Unión Europea. El pago de la deuda (un oneroso fardo para los países del Sur), el debate sobre […]
El debate electoral con vistas a los comicios del 25 de mayo se queda en la superficie, raya la banalidad, pues no penetra en asuntos capitales que tengan que ver con la esencia y funcionamiento de la Unión Europea. El pago de la deuda (un oneroso fardo para los países del Sur), el debate sobre la moneda única o el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP) no figuran en la agenda. Se han hurtado al debate público. Ayer, PP, PSOE, CIU y UPyD rechazaron una propuesta de Izquierda Unida, que pedía al Gobierno que sometiera a referéndum el futuro acuerdo entre los bloques europeo y estadounidense.
Prolifera, sin embargo, la información que alerta sobre los efectos que tendría el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones. Tal vez por ello, el secretismo, la ocultación y las discusiones fuera de cámara presiden las negociaciones. El documento «El Acuerdo Transatlántico de libre comercio: El ascenso al poder ilimitado de las multinacionales», elaborado por la red internacional Seattle to Brussels Network (y traducido por Verónica Gómez Calvo, de ATTAC España) ofrece una síntesis de los impactos que podría tener el tratado. Y que se ocultan a la opinión pública.
La Comisión Europea señala, en un estudio sobre el TTIP, que el incremento de los intercambios comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea provocaría un «shock» inicial y posibles reestructuraciones en sectores donde la economía norteamericana es más competitiva, como en los productores de carne, fertilizantes, bioetanol y azúcar. También se produciría un declive en el sector europeo del metal y los equipos de transporte, madera y productos de papel. El TTIP no incorpora medidas preventivas, ni la Comisión Europea pone el énfasis en que se adopten, alerta el informe de la red Seattle to Brussels Network.
Los derechos laborales y sindicales, que vienen ya sufriendo una flagrante merma en los países de la Unión Europea, podrían verse aún más erosionados con el TTIP, al producirse una «armonización» de normas y regulaciones con Estados Unidos. Este país «no ha ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales», apunta la red. Además, Estados Unidos cuenta con una ley «anti-sindical», llamada del «derecho a trabajar», «que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación de los trabajadores». Por último, según la Federación del Trabajo de Estados Unidos, en este país se produce una competencia entre estados por establecer a la baja salarios y criterios de salud y seguridad en el trabajo.
Las consecuencias del tratado también implicarían al medio ambiente. Sobre todo, al producirse una «armonización» y «reconocimiento mutuo» de criterios, que -según Seattle to Brussels Network- debilitaría ampliamente el Principio de Precaución europeo. Explica la red que en 2013 la cumbre European Business, que agrupa a algunas de las mayores corporaciones europeas, responsabilizó a las regulaciones ambientales de las desventajas competitivas respecto a las transnacionales de Estados Unidos y China. Las regulaciones afectan asimismo a las compañías norteamericanas. A pesar de sus fallas, la Directiva europea de Energías Renovables requiere (al menos, en un principio) que las materias primas para producir energía cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad; el etanol americano se obtiene a partir del maíz y la soja modificados genéticamente, por lo que no se ajusta a estas condiciones.
En el capítulo de daños ambientales, el «fracking» (extracción de gas natural mediante fracturación de la roca) ocupa un lugar preeminente. La regulación en Estados Unidos, donde esta técnica resulta habitual (se abren cada año más de 11.400 pozos para extraer gas natural, según Seattle to Brussels), es más débil que en la UE. Añade la Red que las compañías americanas han puesto la mira en las reservas de gas europeas, sobre todo las de Polonia, Dinamarca y Francia. «Se utilizaría el TTIP para romper con las prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica». Además, el hecho de que el gas natural americano resulte mucho más barato podría estimular el «fracking» para un incremento de las exportaciones a la UE.
La «armonización de normas y estándares» y la limitación del Principio de Precaución europeo afectaría asimismo a la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Según el informe «El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio: el poder ilimitado de las multinacionales», «nos llevaría a tener que aceptar en la UE los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo desinfectado con cloro, que se usa para eliminar los microbios en la producción de carne de pollo».
Cuestión no menor es la batalla por el etiquetado de los productos modificados genéticamente, donde exhiben su imperio gigantes como Monsanto, DuPont o Dow Chemical. Pero la eliminación de aranceles y otras barreras también podría castigar a los agricultores europeos (por su menor competitividad) ya que, según el informe, la granja media estadounidense es 13 veces más grande y en este país es mayor la concentración de la propiedad (2 millones de granjas americanas, frente a 13 millones de granjas europeas, que además están sometidas a regulaciones más estrictas).
Grandes corporaciones de Hollywood y Silicon Valley esperan que el TTIP refuerce los derechos de propiedad intelectual, pues la lucha contra la «piratería» generaría «innovación» y «progreso». Peo Seattle to Brussels advierte, por ejemplo, de los riesgos para el derecho a la privacidad que esconden los acuerdos, pues se pretende que las grandes empresas tengan un mayor acceso a información de los ciudadanos (en Estados Unidos las compañías pueden usar datos de los clientes casi sin restricciones).
El capítulo quinto del informe no se pierde en dubitaciones: «La salud: el becerro de oro para los inversores internacionales; envenenando a los ciudadanos y denegando el acceso asequible a servicios de salud y medicinas». Recuerda que el reglamento REACH permite a la Agencia Europea de Químicos imponer restricciones a cómo se producen, son vendidas y utilizadas estas sustancias. En Estados Unidos, por el contrario, la legislación es más laxa (señala el informe que unas 30.000 sustancias químicas asociadas al incremento del cáncer mamario y testicular, la infertilidad masculina, la diabetes y la obesidad todavía se comercializan en este país). Además, «el acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores transatlánticos, también quiere reforzar los Derechos de Propiedad Intelectual». Al alargarse la duración de las patentes, se reduciría el derecho a adquirir medicinas a un precio razonable (por ejemplo, los genéricos). Apoyándose en el NAFTA (acuerdo de libre comercio entre EEUU, Canadá y México), en 2012 la farmacéutica estadounidense Eli Lilly presentó una demanda legal por compensación de 100 millones de dólares contra Canadá (en relación con el sistema de patentes).
La idea de liberalizar y desregular los servicios incluyen al sector financiero, pese a que ésta fuera una de las causas principales de la crisis. «El TTIP podría convertirse en el instrumento legal de los grandes bancos para evitar o debilitar las regulaciones nacionales», y conseguir la liberalización de los grandes flujos de capital. Pero los límites al control de los estados se aprecia sobre todo en la «cláusula de resolución de conflictos» entre inversores y gobiernos, que permite llevar a estos ante tribunales de arbitraje internacionales si las grandes corporaciones consideran que se lesionan sus intereses. El asunto puede traer consecuencias decisivas. «Al amparo del NAFTA y otros acuerdos comerciales bilaterales, critica Seattle to Brussels, leyes diseñadas para proteger a los consumidores y el medio ambiente han sido amenazadas por las demandas millonarias (por compensación) de compañías privadas».
La casuística es muy amplia. En 2012, la multinacional sueca Vattenfall llevó a juicio al gobierno alemán para compensar la pérdida de beneficios que ocasionaría el cierre de sus dos plantas nucleares, que el ejecutivo pretendía cerrar tras la catástrofe de Fukushima. Otro ejemplo es la demanda de la compañía Lone Pine Resources Inc. al gobierno de Canadá (191 millones de dólares de compensación), ya que la provincia de Quebec impuso una moratoria al «fracking». Tras la crisis de 2000, Argentina acumuló más de un billón de dólares en demandas (a finales de 2008). «Estados Unidos y la Unión Europea han desatado un boom sin precedentes de demandas legales a estados durante las dos últimas décadas», resume el informe. ¿Qué es el TTIP? Un acuerdo entre gigantes económicos: «la UE y Estados Unidos dan representan la mitad del PIB mundial y un tercio de todos los intercambios comerciales globales». Se trata, más aún, como concluye el informe, de «la última utopía corporativa».
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