Casi podríamos decir que el Perú habló por primera vez en su historia en las Naciones Unidas. Lo que hubo antes fue una suerte de parodia en la que mandatarios de turno representaron una pantomima poco convincente y nada calificada, que no cumplió más función que el ritual de protocolo que se admite en esa […]
Casi podríamos decir que el Perú habló por primera vez en su historia en las Naciones Unidas. Lo que hubo antes fue una suerte de parodia en la que mandatarios de turno representaron una pantomima poco convincente y nada calificada, que no cumplió más función que el ritual de protocolo que se admite en esa alta tribuna de naciones.
En la tarde del jueves 22 de septiembre Ollanta Humala se dirigió a todos con un discurso trasparente, y razonado. En apenas 20 minutos expuso la posición peruana ante los más agobiantes problemas de nuestro tiempo: la crisis económica, el cambio climático, el terrorismo y el narcotráfico, la situación de la población migrante en los países desarrollados, la inclusión social, la unidad latinoamericana, el problema Palestino y el bloqueo a Cuba, añadiendo a eso los lineamientos principales de su gestión gubernativa.
El texto, aunque breve, fue cálidamente acogido por la concurrencia y considerado por todos como la expresión responsable de un gobernante que tiene la intención de perfilar una política más racional y sensata en función de los intereses de su pueblo. Y se presentó en una circunstancia en la que se agrava la crisis mundial por efecto de la política provocadora del Imperio, empeñado como está en llevar un mensaje de guerra y muerte a las más diversas latitudes del planeta. Los acontecimientos de Libia, ocurridos recientemente, y la nueva ofensiva norteamericana sobre Irak e Irán, en el centro de Asia, no son sino expresiones de una voluntad guerrerista que busca abrirse paso, violentando groseramente la soberanía de los Estados.
«Las pasadas centurias vivieron bajo el falso y presuntuoso signo de la llamada voluntad del poder. Hoy la humanidad no sólo anhela, sino que necesita vivir bajo el signo de la voluntad de la justicia», aseveró el mandatario peruano urgiendo un nuevo consenso internacional en el que los problemas de los pueblos y las demandas ciudadanas sean colocadas en el centro de las preocupaciones de los gobiernos. Se trata -añadió- «de lograr que el dinero se convierta en calidad de vida». Fórmula ésta que, extendida a los diversos escenarios de nuestro tiempo, permitiría esbozar un nuevo rumbo en las relaciones internacionales y abrir camino a trasformaciones de fondo en procura del bienestar de las mayorías.
Exponiendo los temas de nuestro país, Humala Tasso aseguró que el crecimiento económico sólo tiene sentido con inclusión social para que todos se sientan parte de la democracia. Será esa la única manera -dijo- de «democratizar la democracia».
Y es que, en efecto, en el Perú, a lo largo de la historia republicana se ha incubado la idea de que la democracia consiste en «elegir a los gobernantes», sin tomar para nada en cuenta su gestión gubernativa, y sin poder asegurar -por parte de sus representantes- el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus pueblos. Democracia falsa, farisea en extremo, y de un claro contenido de clase, ajena a los intereses de las grandes mayorías nacionales.
Debido a ella se marcó una distancia clara entre gobernantes y gobernados. Los primeros, optaron proteger los intereses de las empresas multinacionales defraudando las expectativas de sus propios electores; en tanto que los segundos -los pueblos- procuraron hacer oír su voz en las condiciones más adversas. Ese, sin duda, ha sido el rasgo principal que ha adquirido la lucha de clases en nuestro continente y, en general, en los así llamados «países en vías de desarrollo».
Abordar temas acuciantes, como la lucha por el reconocimiento de un Estado Palestino de pleno derecho y condenar sin miramientos el criminal bloqueo a Cuba impuesto ilegalmente por el gobierno de los Estados Unidos desde hace más de cincuenta años; marcó por cierto la diferencia con las exposiciones hechas antes en nombre del Perú, en esta alta tribuna mundial. Y en ambos casos, el Presidente peruano hizo bien en considerar estos temas como consustanciales a una política internacional de paz y reconciliación.
En nuestro país el mensaje presidencial no pasó desapercibido. Los sectores más avanzados de la sociedad lo consideraron un claro paso adelante en la afirmación de una política exterior independiente y soberana, compatible con los lineamientos que -en este orden de cosas- esbozara el propio Humala en el marco de la campaña electora que culminara recientemente ungiéndolo como Jefe del Estado Peruano. La oposición, sin embargo, se sintió frustrada y defraudada. Esperaba un discurso tradicional, atildado, en el fondo, subordinado al dictado del Imperio, en el que no hubiera alusiones a «los temas en conflicto» a fin de «no deteriorar el marco de nuestras relaciones internacionales». Por lo menos, lo han subrayado así los analistas políticos más conservadores.
Otros más agresivos, sin embargo -particularmente los voceros de la Mafia en sus mas variadas expresiones -desde Cecilia Valenzuela hasta Lourdes Alcorta, pasando ciertamente por Martha Chávez- se han mostrado más bien pequeños y aldeanos. Con inusitada mezquindad, han censurado la presencia de la esposa del mandatario, Nadie Heredia y el hecho que el Presidente -sin gastar un centavo adicional y haciendo uso del avión presidencial- haya viajado acompañado de sus hijas, dos niñas de pocos años. Y han hecho mofa malcriada y descortés de los integrantes de la comitiva del mandatario, pretendiendo descalificar incluso la función del canciller Rafael Roncagliolo.
En realidad lo que hacen -quienes así actúan- es poner en evidencia su escasa capacidad para entender el fenómeno peruano, que Humala busca afirmar a partir de una sólida relación familiar que sirva de aliciente a todos, sin menoscabar en lo absoluto las fuentes oficiales.
En el Congreso de la República, parlamentarios fujimoristas y apristas han buscado sistemáticas confrontaciones a partir de hechos puntuales: la muerte de tres niños en el caserío Redondos, cerca de la ciudad cajamarquina de Cajabamba provocada por manipulación inadecuada de recientes previamente usados para albergar pesticidas; una confrontación violente entre efectivos policiales y comuneros en el sur del país; los viajes de Susana Baca, la ministra de Cultura; la errática entrevista de Jorge Ramos, de Univisión, y ciertas quejas de funcionarios diplomáticos de Torre Tagle afectados por medidas universales referidas a la edad de jubilación de sus servicios oficiales; han sido todos temas de uso cotidiano contra la política oficial. A ellas, se sumó una tempestad en un vaso de agua creado a partir de la inventada «voluntad reeleccionista» del Presidente Humala o del interés de Nadie Heredia por sucederlo… ¡en el 2016! Nada de esto sirvió para agriar el escenario ni restar brillo a la presencia peruana en las Naciones Unidas.
A contrapelo, sin embargo, resulta preocupante la aprobación parlamentaria de tres leyes tributarias referidas a la minería: a) Crear un impuesto especial a la minería, b) Modificar la Ley de Regalías Mineras y c) Implementar el Gravamen Especial a la minería. Como secuela de estas disposiciones, el Perú podría recaudar no ya tres mil millones de soles provenientes del sector, sino solo 1,500 millones. Esto fue considerado como favorable a las empresas mineras con convenios de estabilidad jurídica, razón por la que el congresista Diez Canseco pidió que el Presidente Humala observe la ley y la devuelva al Congreso para un mayor análisis de tan delicado tema.
Y el hecho ocurrió en el marco de agudos conflictos laborales en los que los trabajadores de grandes empresas mineras demandan aumentos salariales y respeto a la negociación colectiva. La solución de estas exigencias podrá a prueba la voluntad de las nuevas autoridades del sector, que hoy están en la mira de los trabajadores de Toquepala, Cerro Verde y Marcona, yacimientos explotados por Souhtern, Buenaventura y el consorcio chino Shougan.
Si bien la presentación del Perú en las Naciones Unidas constituye un paso adelante en la lucha por afirmar un modelo de desarrollo compatible con los intereses del país, la complejidad de la situación interna exige una clara definición de políticas, y una acción más resuelta que ponga la prioridad en «los de abajo». Ese es el tema.
Gustavo Espizona M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
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