El Gobierno español, que aspira a liderar un giro solidario en Europa tras salir al rescate del buque de Médicos Sin fronteras y SOS Mediterranée, se enfrenta a una UE escorada a la derecha y sin ánimo de avanzar en la política migratoria europea
Los migrantes se sientan en la cubierta del ‘MV Aquarius’, el barco de búsqueda y rescate de Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranee en el Mediterráneo. REUTERS
Europa mira a España. La decisión del Gobierno de dar un paso al frente y acoger a las 629 personas rescatadas por Médicos Sin fronteras y SOS Mediterranée en el Aquarius, tras ser rechazadas por Malta e Italia, ha sido ampliamente aplaudida. Sin embargo, los planes de Pedro Sánchez de pasar de una reacción de emergencia, necesaria pero insuficiente, a una política de solidaridad en la gestión migratoria, no parecen haber encontrado eco en Bruselas.
Ni el naufragio en el que más de 700 personas perdieron la vida en el canal de Sicilia, ni la dolorosa imagen de Aylan ahogado en la costa turca, ni que el Mediterráneo sea la ruta migratoria más mortífera del mundo han sido suficientes para movilizar los recursos europeos para poner en marcha operaciones exclusivamente de rescate. Las tres operaciones que siguieron a la italiana Mare Nostrum, que sí llevaba a cabo labores de salvamento, fueron Tritón y Poseidón y luego Sophia. Las tres tenían como principal objetivo la vigilancia, no los rescates.
Hasta ahora, eran las organizaciones no gubernamentales las que asumían el peso de las labores de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Pero el vicepresidente y ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ya ha advertido de que no permitirá a ningún barco de rescate con bandera extranjera atracar en sus puertos. La mayor parte de los buques que trabajan en la zona, con la excepción precisamente de la marina italiana, son extranjeros. Así, Bruselas califica lo ocurrido con el Aquarius de «incidente».
Pero ese «incidente» sienta un peligroso precedente. La resolución de Salvini, y la falta de respuesta de los socios europeos -a excepción de España- , es una violación flagrante del derecho internacional que ha puesto en peligro la vida de más de 600 personas. Y no sólo le ha salido gratis sino que, al asumir España la responsabilidad, Salvini lo ha celebrado como una «victoria». Lo que para muchos es una reacción a una emergencia humanitaria, para el ministro de Interior italiano es un éxito político.
Sin rumbo en la política migratoria
La acción del gobierno español, su valor humanitario y su importancia política son notables. Pero los aplausos a España resonaron en un incómodo silencio en Bruselas. Europa necesita gestos pero sobre todo, una solución a medio y largo plazo y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no va a encontrar demasiados aliados en el próximo Consejo Europeo de junio.
Iratxe García, eurodiputada socialista, considera que la decisión de España de abrir las puertas al Aquarius «representa los mejores valores de la Unión Europea» y que con ella, Sánchez se «ha ganado la autoridad moral para poder encabezar, en el marco del Consejo, a aquellos países que exijan avanzar en políticas comunes en materia de migración y asilo». El presidente se enfrenta así as su primera cumbre como jefe del ejecutivo con una agenda ambiciosa.
Sánchez ya ha iniciado una ronda de contactos con las capitales europeas que se acelerará en las próximas semanas, de cara al Consejo de los días 28 y 29 de este mes. «Este es un gobierno europeísta y por lo tanto, va a defender una Europa más fuerte. Y una Europa más fuerte tiene que ser capaz de gestionar estas situaciones», defiende García en declaraciones a Público.
La Izquierda confía en que la posición de Sánchez no quede en gestos sino que se traduzca en posiciones políticas concretas. El gobierno socialista, apunta Miguel Urbán, portavoz de Podemos en la Eurocámara, «tiene la oportunidad de cambiar un sistema de asilo injusto que no funciona para las personas refugiadas para plantear vías seguras y un mecanismo vinculante para garantizar que todos los países de la UE acojan a su parte justa de personas que huyen de la violencia y la persecución».
También Marina Albiol, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, espera que la apertura del puerto de Valencia al Aquarius sea el inicio de «un vuelco total de las políticas migratorias», incluidas las del Estado español.
La responsabilidad es grande, el objetivo, justo, pero es más que probable que Sánchez predique en el desierto.
La extrema derecha, pilar de la Europa fortaleza
La extrema derecha gobierna en coalición en Austria, también con un discurso marcadamente racista, Bélgica cuenta con un secretario de Estado para el Asilo y la Migración que no oculta su xenofobia y países como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia se han negado a acoger refugiados casi desde el inicio de la crisis. Además, otros Estados miembros, sobre el papel progresistas, como Países Bajos ceden ante los discursos más radicales. Y los halcones del este, el norte, y ahora también el sur, han hecho de la política migratoria su principal objetivo. Matteo Salvini no está solo, y lo sabe.
El sistema de reubicación que la Comisión puso en marcha en 2015 para aliviar la presión sobre Grecia e Italia mientras esa reforma se llevaba a cabo, fracasó estrepitosamente. Casi ningún estado miembro cumplió con las cuotas y los procesos de infracción lanzados por el Ejecutivo europeo, que podían llevar eventualmente a multas, están paralizados.
El Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2017 una propuesta para reformar el sistema de Dublín. La Eurocámara propone un sistema de reubicación obligatorio, que no sean necesariamente los países de llegada quienes deban hacerse cargo de las demandas de asilo – y así evitar la saturación en países fronterizos como España, Grecia o Italia-, y sanciones contra los Estados que no cumplan con sus obligaciones. «La buena voluntad no puede ser la respuesta ante un reto como el que tenemos en este momentos,» apunta la eurodiputada Iratxe García.
Sin embargo, los Estados miembros llevan meses frenando esa reforma. La pasada semana, tras una reunión del Consejo de ministros de Interior de la UE, el titular de asilo y migración belga, Theo Francken, calificó la reforma de «muerta». Otro reto para Pedro Sánchez en la cumbre de junio.
Gran parte de los Estados miembros llevan torpedeando sistemáticamente las políticas que iban hacia una gestión europea de los flujos migratorios, a no ser que el objetivo fuera reducirlos. Los únicos «éxitos» de la política migratoria europea son el acuerdo con Turquía, un comunicado firmado por 28 Estados miembros para evitar las consecuencias legales; el cierre de la ruta de los Balcanes, la suspensión de Schengen mediante, y el refuerzo de la seguridad en las fronteras terrestres y marinas; además de la formación a guardacostas libios para externalizar una vez más las fronteras.
Y aquí, en el fortalecimiento de los sistemas de control y defensa, la militarización definitiva de la que ya es conocida como «la Europa fortaleza», Salvini y sus los colegas en el este y el norte de Europa sí están de acuerdo. La Comisión Europea ha recogido el guante e incluye la cuestión entre las prioridades a financiar en el próximo presupuesto plurianual de la UE.
El silencio en Bruselas, París y Berlín
El flamante presidente del Gobierno español tiene la oportunidad de hacerse con el liderazgo en una política, la migratoria, que se ha quedado huérfana y sin rumbo, más allá del control de fronteras.
Defensora de la política de puertas abiertas -aunque ya hace tiempo que Alemania echó el cierre-, el desplome de Angela Merkel en las pasadas elecciones ha dejado mermado su liderazgo en Europa. Y su primera crisis grave de gobierno es consecuencia precisamente de las diferencias con su ministro de Interior, Horst Seehofer, en la reforma de su propio sistema de acogida.
Particularmente criticada fue la desaparición de Emmanuel Macron en plena crisis en el Mediterráneo. El presidente ha reaccionado, dos días después, calificando la decisión del gobierno italiano de «cínica» e «irresponsable». Macron, que ha llamado al respeto al derecho internacional, no ha explicado sin embargo por qué Francia no ofreció sus puertos, pero ha celebrado la decisión de España.
Los aplausos internacionales a España, y las duras críticas a Malta e Italia, resonaron en un ruidoso silencio en Bruselas. La Comisión Europea se puso de nuevo el lunes de perfil ante una violación flagrante el derecho internacional de dos de sus Estados miembros y una muestra más de la falta de coherencia en la política migratoria europea.
Se limitó a pedir una pronta solución y apenas reaccionó a la decisión del gobierno español a través de un tuit del Comisario Europeo para la Migración, el griego Dimitris Avramopoulos. «Esto es solidaridad real puesta en práctica con personas desesperadas y vulnerables y con otros Estados miembros,» dijo Avramopoulos.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, «sigue de cerca la situación» y mantendrá contactos con los Estados miembros de cara a la cumbre de junio, según explican a Público fuentes europeas. Tusk, además, se desplazará a Roma en los próximos días para reunirse con el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Por el momento, los ministros de Interior de la UE tampoco prevén una reunión de urgencia para tratar la cuestión.
El peso de la responsabilidad siempre es menor cuando es compartido. Pero no es sólo Bruselas, es París, Berlín, Madrid y también Roma, Varsovia, Budapest o Viena quienes tienen la llave para una política de asilo europea respetuosa y justa con el derecho internacional. Porque esto, aunque a veces no lo parezca, no es una cuestión de solidaridad, sino de derechos.