En estos días, Martín Vizcarra Cornejo, el Jefe de Estado peruano cumplió su primer aniversario en el gobierno. Fue, en efecto, hace doce meses que, presionado por las circunstancias, Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a dimitir, lo que abrió paso a una sucesión constitucional, que es la que vive hoy el Perú. El acontecimiento, […]
En estos días, Martín Vizcarra Cornejo, el Jefe de Estado peruano cumplió su primer aniversario en el gobierno. Fue, en efecto, hace doce meses que, presionado por las circunstancias, Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a dimitir, lo que abrió paso a una sucesión constitucional, que es la que vive hoy el Perú. El acontecimiento, coincidió con un hecho adicional: celebraba el Mandatario, su propio cumpleaños, con lo que bien podría haber hecho una doble fiesta.
Quizá, en esta circunstancia, habría esperado un saludo encomiástico y un beneplácito ciudadano más o menos tangible; pero la vida lo colocó ante un hecho infausto: recibió un regalo teñido de sangre: la de los comuneros de Fuerapampa, localidad ubicada en la región de las Bambas, en Apurímac, una de las zonas más deprimidas, y olvidadas del país.
Las noticias, nos hablan ya, en efecto, de la muerte de cuatro comuneros como consecuencia de balas policiales. Fue ese el resultado de una serie sucesiva de enfrentamientos, a todas luces desigual. Mientras dos mil policías actuaban con todo el apoyo del Estado, los comuneros indefensos defendían sus tierras con la fuerza de sus puños. Hasta hoy se han inmolado Beto Chahuallo Huilca, de 24 años; Alberto Cárdenas Chalco, de 23, Exaltacion Huamaní, de 30 y Ezequiel Mamani, de 40 años. Todos, pobladores de la zona empeñados en una verdadera lucha por su propia subsistencia, y por la vida misma de su comunidad campesina. Hubo, además, 21 comuneros detenidos, 2 abogados encarcelados y varios dirigentes intervenidos, lo que completa la secuela de la represión.
A decir verdad, no es la primera vez que la tragedia se ensaña con estos pobladores. En octubre del 2016, hubo una confrontación similar de resultas de la cual pereció un comunero -Eventino Cereceda Huilca- quien cayó abatido por las balas policiales empeñadas en hacer viable el proyecto minero las Bambas, en poder de la empresa MMG.
En esa ocasión, la sangre impidió que el Estado concretara su propósito, y las Comunidades Campesinas de Cotabamba, Tambobamba y otras; pudieron proteger sus sembríos y sus propias viviendas. Esta vez¸ las cosas fueron a mayores como consecuencia de la voluntad del Gobierno Central empeñado -como lo dijera el propio Vizcarra- de «hacer valer el principio de autoridad». Como en el pasado dramático de nuestro pueblo, ahora éste «principio» valió más que la causa del pueblo. Y ya dejó una dolorosa estela de muerte; y que quedará como un legado para nuestra propia historia y como testimonio de una verdadera tragedia.
En el fondo, lo que está planteado en el Perú ahora -y una vez más- es el tema de la explotación minera. Los grandes consorcios, y la oligarquía criolla, sostienen perversamente que el Perú «es un país minero», y que la salida a la crisis que agobia la vida nacional, se habrá de resolver a partir de la explotación de la ingente riqueza minera que cobija nuestro suelo.
Las Comunidades Campesinas, por su parte, se aferran a la tierra, a sus cosechas y a sus cultivos, a su vida milenaria y a sus costumbres comunales; atacadas y acosadas constantemente por la República burguesa; pero vivas, en lo más intimo del espíritu nacional.
Para las autoridades de turno, el tema es simple: se trata de otorgar facilidades a los grandes consorcios mineros para que faciliten la extracción de ricos minerales de nuestro suelo y dejen, a cambio, determinados beneficios en provecho de las poblaciones. Nunca se ha cumplido nada de eso.
Si la minería fuera -como ellos dicen- «fuente de riqueza», las zonas más ricas del país serían precisamente las mineras. Las poblaciones allí ubicadas, tendrían a su disposición ingentes recursos, gozarían de bienestar, obtendrían beneficios más extendidos, y dinero en abundancia. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que nada de eso es cierto. Las zonas mineras de nuestro país -Cerro de Pasco, Huancavelica, Apurímac, Moquegua, y aún Cajamarca- son las regiones más pobres. En ellas, se concentran los más altos indicadores de atraso y de pobreza.
El suelo mismo, en esas regiones, confirma tal realidad. Cerro de Pasco, por ejemplo, no es propiamente una ciudad. Es un conjunto de huecos abiertos en la tierra, en cuya cercanías se levantan construcciones paupérrimas, cuando no viviendas miserables. La gente, allí, no vive. Sobrevive, en condiciones infrahumanas. Nadie que haya visitado la zona, se atrevería a negarlo.
¿Se extrae riqueza del subsuelo? Claro que sí. Pero ella, va a parar a las arcas de los poderosos, a las manos de las empresas y consorcios que se benefician con la explotación minera; y nunca quedan en poder de las poblaciones que viven en esos predios andinos en condiciones simplemente miserables. Es cuestión, de mirar los indicadores de pobreza para darse cuenta que, en Cerro de Pasco, por ejemplo, el 97% de los niños menores de 11 años, tiene los pulmones atravesados por plomo; que la desnutrición infantil supera el 86% de la población registrada; que las enfermedades bronco pulmonares, afectan severamente a más del 60% de la población adulta.
Pero más allá de los temas referidos a la incidencia de la minería en la vida humana, está planteado otro asunto de gran trascendencia: el de su relación con el medio ambiente. Y es que se ha comprobado de manera inequívoca que los relaves mineros afectan severamente la biodiversidad. Las aguas contaminadas, y los relaves mineros contaminan las aguas, destruyen los cultivos y envenenan al ganado, y a las personas que se valen de ellas con uno u otro propósito. Eso explica la resistencia de las comunidades, a la explotación minera.
Por eso se dice, y con razón, que el tema de Bambas, es complejo y que tiene diversas aristas. Hay que hablar de la extracción del mineral, de las facultades de las empresas, la afectación de los suelos, las tierras comunales, las vías de comunicación, la defensa del medio ambiente, la protección de la biodiversidad; y otros asuntos de singular relieve. Todo eso, hay que tratarlo de manera clara y franca a través de un diálogo productivo y patriótico, que responda a las necesidades del país y a los requerimientos de las poblaciones. No «pateando el tablero», ni haciendo uso de la violencia y la muerte.
Hay quienes buscan esa vía, Roque Benavides, dirigente de la CONFIEP, el más rico minero del país, y connotado militante del APRA, exige del gobierno el «uso de la fuerza para imponer la ley». Lo secundan -claro está- el APRA, el Fujimorismo, los grandes empresarios, los políticos al servicio del capital y la «Prensa Grande» Todos, quieren sangre. Y, sobre todo, quieren ver al gobierno de Vizcarra, envuelto en sangre para justificar su campaña de «vacancia presidencial», que tanto anhelan para «tapar» la corrupción a cualquier precio. ¿Será consciente MVC de esto?
Por lo demás, ¿Existe un conflicto de intereses en el tema de Las Bambas? Claro que si. Hace unos días César Hildebrandt difundió documentos que señalan que Pedro Pablo Kuczysnki sigue teniendo intereses en la empresa Servosa, a través de la española inversiones Devon Iberia, propietaria del 44,3% de sus acciones. PPK aparece hasta la fecha como apoderado de la firma española, mientras que Servosa es la empresa que le brinda servicios de transporte de mineral y abastece de gas a los principales proyectos mineros del país, entre ellos Las Bambas. Y es verdad.
Hay que tomar en cuenta que los pobladores no se oponen a la minería por capricho. Lo hacen por un claro instinto de conservación y supervivencia; y porque son plenamente conscientes que la minería habrá de traerles, no progreso; sino muerte.
Hechos luctuosos, como los ocurridos en la zona de Las Bambas, no pueden pasarse por alto, ni repetirse más. Merecen el rechazo más resuelto de la ciudadanía. La muerte nunca es el camino. Y la confrontación armada del Estado con el pueblo, es repudiable. La sangre de los peruanos no puede ser derramada inútilmente. Y un gobierno que se precie de representar la voluntad ciudadana, no puede actuar como una gavilla de asesinos al servicio del capital.
Es hora de preguntarse entonces, ¿hasta cuándo será posible tolerar la muerte de los pobres a cambio del oro de los ricos? No se puede tolerar este nuevo hecho ignominioso. La protesta ciudadana, se impone.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera (nuestrabandera.pe)
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