Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La formación de un mercado transatlántico no es como el ALENA, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, una simple creación de un espacio económico. No se trata de un objetivo en sí mismo, sino de una simple etapa de la construcción de un nuevo bloque político transatlántico, de la formación de una nueva forma de Estado común a dos continentes. Esta nueva formación política bajo dirección estadounidense tiene el objetivo de imponer nuevas relaciones de propiedad, a saber, poner los datos personales a disposición de las instituciones públicas y de las empresas privadas.
Una resolución de Parlamento Europeo de mayo de 20081 lleva a cabo una legitimación de un proyecto de creación de un gran mercado trasatlántico para 2015. Prevé tanto la eliminación de las barreras al comercio, de orden aduanero, técnico o reglamentario, como la liberación de los mercados públicos, de la propiedad intelectual y de las inversiones. El acuerdo prevé una armonización progresiva de las reglamentaciones y, sobre todo, el reconocimiento mutuo de las reglas en vigor a ambos lados del Atlántico. En los hechos, lo que se va a aplicar es el derecho estadounidense.
Paralelamente a las negociaciones sobre la existencia de un gran mercado se han desarrollado discretas discusiones para crear un espacio común de control de las poblaciones. Un informe secreto, concebido por expertos de seis Estados miembro, estableció un proyecto de creación de aquí a 2014 de una zona de cooperación trasatlántica en materia «de libertad, de seguridad y de justicia». Se trata de reorganizar los asuntos exteriores y la justicia de los Estados miembro «en relación a las relaciones exteriores de la Unión Europea», es decir, esencialmente en función de las relaciones con Estados Unidos2.
Más aún que la transferencia de los datos personales y la colaboración de los servicios de policía, proceso que ya se lleva a cabo ampliamente, el reto de la creación de semejante espacio consiste en la posibilidad, a largo plazo, de entregar a ciudadanos de la Unión Europea a las autoridades estadounidenses. Recordemos que la Euroorden, que resulta de la creación de un «espacio de libertad, de seguridad y de justicia» entre los Estados miembro, suprime todas las garantías que ofrecía el proceso de extradición. La Euroorden se basa en el principio de reconocimiento mutuo. Considera como inmediatamente conforme a los principios de un Estado de derecho todas las disposiciones jurídicas del Estado demandante. La instalación de semejante zona de cooperación trasatlántica haría que el conjunto del orden de derecho estadounidense fuera reconocido por los 27 [Estados miembro de la UE] y que las demandas estadounidenses de extradición fueran satisfechas automáticamente tras simples controles de procedimiento.
Ahora bien, en Estados Unidos la Military Commissions Act de 20063 permite perseguir o encarcelar indefinidamente a cualquier persona a la que el poder ejecutivo designa como enemigo. Esta ley concierne a cualquier ciudadano de un país con el que EEUU no esté en guerra. Se le persigue como «enemigo combatiente ilegal» no en base a unos elementos de prueba, sino simplemente porque es nombrado como tal por el poder ejecutivo. Esta ley, de alcance internacional, no ha sido cuestionada por ningún gobierno extranjero.
Mercado trasatlántico y control de las poblaciones
El paralelismo entre la liberalización de los intercambios entre los dos continentes y el control estadounidense de las poblaciones europeas ha existido durante los 13 años que ha durado el proceso de negociación. Así, el 3 de diciembre de 1995 en la cumbre EEUU-UE de Madrid se firmaron tanto la «Nueva Agenda Transatlántica», cuyo objetivo era promover un gran mercado transatlántico, como un plan de acción en materia de cooperación policial y judicial.
Aunque las negociaciones en materia de cooperación policial fueron continuas, las discusiones que tenían por objetivo crear un gran mercado conocieron un parón. Se abandonarán en 1998. Habrá que esperar hasta 2005 para que el proyecto sea reactivado por una declaración económica adoptada durante la cumbre EEUU-UE de junio de 2005.
Los progresos en la creación de un mercado trasatlántico se deben a la acción de un instituto euro-estadounidense, el Transatlantic Policy Network. Fundado en 1992, reúne a parlamentarios europeos, miembros del Congreso estadounidense y empresas privada, y llama a la creación de un bloque euro-estadounidense a nivel político, económico y militar. Lo apoyan muchos think tanks como Aspen Institute, European-American Business Council, Council on Foreign Relations, German Marshall Fund o Brookings Institution. Financieramente es alimentado por multinacionales estadounidenses y europeas como Boeing, Ford, Michelin, IBM, Microsoft, Daimler Chrysler, Pechiney, Michelin, Siemens, BASF, Deutsche Bank, Bertelsmann.
Está camino de lograrse un elemento importante de este «espacio de libertad, de seguridad y de justicia», la transferencia general de datos personales. Un informe interno escrito conjuntamente por negociadores pertenecientes al ministerio de Justicia y al departamento de Seguridad Interna en la parte estadounidense y por el Coreper, un grupo de representantes permanentes, por parte de la Unión Europea anuncia para 2009 un acuerdo en este sentido para 20094.
Se trata de favorecer la entrega de datos de orden administrativo y judicial, pero también relativos a la «defensa del territorio». Los negociadores ya se han puesto de acuerdo sobre 12 puntos principales. De hecho, se trata de entregar de forma permanete a las autoridades estadounidenses una serie de informaciones privadas, como el número de la tarjeta de crédito, los detalles de las cuentas bancarias, las inversiones realizadas, los itinerarios de viaje o las conexiones a internet, al igual que informaciones relacionadas con la persona como la raza, las opiniones públicas, las costumbres, la religión …
Los estadounidenses inscriben sus exigencias en el contexto económico. Para ellos, este acuerdo se presenta como «un importante negocio, porque va a disminuir la totalidad de los costes que le suponen al gobierno estadounidense la obtención de informaciones de la Unión Europea».
El reto no es poder transmitir estos datos a las autoridades estadounidenses, lo que ya se hace sobradamente, sino poder entregárselos legalmente al sector privado. Se trata de suprimir todo obstáculo legal a la difusión de las informaciones y de garantizar los costes más bajos posibles. Ante todo hay que asegurar la rentabilidad del mercado.
Primacía del derecho estadounidense
Los negociadores europeos han abandonado su propia legalidad en lo que concierne a la necesidad de un control independiente y han aceptado los criterios estadounidenses. Considerando que el sistema de control interno del gobierno estadounidense ofrece garantías suficientes, admiten que el poder ejecutivo se vigila él mismo. Han aceptado que los datos concernientes a la «raza», la religión, las opiniones políticas, la salud y la vida sexual sean utilizados por un gobierno a condición de «que las leyes internas proporcionen protecciones apropiadas». Cada gobierno podría decidir si acepta o no esta obligación.
El proceso que lleva a la instalación de un gran mercado trasatlántico es el inverso del de la construcción de la Unión Europea. El Mercado Común Europeo es en primer lugar una estructura económica basada en la liberalización de los intercambios de mercancías. El gran mercado trasatlántica se basa en la primacía del derecho estadounidense. Es en primer lugar una construcción política, incluso se evoca la creación de una Asamblea Trasatlántica. El ejercicio de la soberanía de las autoridades estadounidenses sobre las poblaciones europeas y la legitimación de este poder por parte de la Unión Europea son las condiciones del establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y de intercambio: transformar los datos personales en mercancías y liberar este gran mercado de toda traba.
Jean-Claude Paye es sociólogo, autor de El final del Estado de derecho, Hiru, Hondarribi, 2008.