La UE diseña un mecanismo para salvar a la banca al precio de mayor regresión social e involución antidemocrática
Con una mirada superficial a indicadores tan manidos como la prima de riesgo podríamos decir que el efecto anuncio de ciertas políticas -la promesa del BCE de intervenir en los mercados secundarios de la deuda- ha surtido un efecto temporal que amainó la tempestad -hasta que los sobresaltos, como el de Berlusconi, vuelven a sucederse-. Es tan inestable la arquitectura del sistema euro que cualquier vaivén lo tambalea todo. Debido a la arquitectura de la UE, en la crisis capitalista que nos envuelve, la tragedia es inexorable, especialmente para la periferia y el conjunto de la clase trabajadora europea.
Pero no son estas las preocupaciones de la burocracia de Bruselas, siempre atenta a los lobbies de presión industriales y financieros. La suya no es otra que tratar de estabilizar el sistema financiero privado en un contexto de zozobra que pone en entredicho el sistema euro.
Es por esto que un equipo coordinado por Van Rompuy ha pergeñado un plan. Un plan impensable hace pocos años pero, aún así, insuficiente ante la envergadura del monstruo. Más allá de una unión fiscal, también insuficiente, o la persecución de una economía más competitiva (basada en el ajuste social y laboral permanente), o una indefinida (e inverosímil, dadas las lecciones de la historia reciente) profundización democrática, la unión bancaria es la propuesta estrella de la Comisión.
En los últimos días se ha acordado en Bruselas un esquema general de lo que será la unión bancaria. Hay numerosos claroscuros al no haberse perfilado más que las líneas maestras. Al final el BCE será el supervisor bancario principal (y no el único), aproximadamente en dos años, y tendrá potestad de regular a unas 200 entidades bancarias de las 6.000 existentes en la UE. Se centrará sobre todo en aquellas nacionalizadas y las que generen riesgo sistémico mayor, con lo que se excluyen las cajas alemanas (en claro riesgo de insolvencia), algo que reclamaba Merkel para que siga siendo el Bundesbank el que las supervise. Mientras tanto los bancos centrales nacionales supervisarán al resto de entidades (el Banco de España apenas lo hará a un 10% de nuestro sistema bancario).
El acuerdo no habla de construir un fondo de garantía de depósitos europeo, sólo de homologarlos, lo que sigue representando un riesgo para los depositantes. El propósito central de la unión bancaria es recapitalizar bancos en crisis, contando con el medio billón de euros máximo que dispone el MEDE.
Ahora bien, el retraso en el funcionamiento de la unión bancaria retrasará el rescate a la deuda soberana y el gobierno de Rajoy tendrá que seguir imputando el rescate bancario a las cuentas públicas, y eso supone muchos más recortes (pensiones, desempleo, etc…). Pero el día que llegue el rescate total, porque llegará si no hay oposición, todavía será peor la condicionalidad que se impondrá.
El proyecto de unión bancaria aspira a tratar de desligar el riesgo bancario del riesgo de la deuda soberana y lograr una mayor integración y estabilidad del sistema financiero privado. Se pretende configurar un fondo común europeo de resolución bancaria con el objeto de recapitalizar bancos, pero, como hemos señalado, por el camino se ha caído esa función tan necesaria que es la de garantizar los depósitos.
La crisis global, agudizada en el caso europeo por el diseño del sistema euro (arquitectura fundada en diversos tratados de estabilidad, presupuesto público irrisorio, ausencia de transferencias de rentas internas, libertad plena de movimiento de capitales, objetivos y gestión del BCE y las consecuencias de esta unión monetaria), repercute en todos los órdenes económicos y sociales. Pero lo único que preocupa es blindar los privilegios de la banca privada, ansiosa de aliviar sus maltrechos ratios de solvencia y aprovechar las condiciones para la mayor concentración bancaria de la historia, quedándose unos pocos con todos, y que los rescates se hagan con toda seguridad de devolución de los préstamos para los bancos acreedores -fundamentalmente centroeuropeos-.
Las oligarquías financieras son conscientes de que el sistema bancario está en grave peligro, que los bancos centrales nacionales son incapaces de responder a crisis bancarias sistémicas, y que una supervisión bancaria única a escala europea puede dar respuesta.
Hasta la fecha, la política de los gobiernos responde con procesos de conversión masiva de endeudamiento financiero privado en deuda pública, vía desfiscalización de las rentas del capital -fraude, paraísos fiscales, fugas de capitales y bajos tipos impositivos- y vía rescates bancarios sucesivos (el equivalente al 13% del PIB entre 2008 y 2011 en Europa). La deuda soberana de algunos países ya resulta muy elevada debido a esta operación. Con la constitucionalización de la prioridad, a toda costa, para los Estados del pago de la deuda, asistimos al mayor desguace de los sistemas públicos de bienestar que se ha conocido.
Pero siendo una unión bancaria europea capaz de abordar focos de crisis bancaria, empleando al tiempo fondos privados y, con gran probabilidad, sobre todo del MEDE -y por tanto con aportaciones públicas en función del peso de cada economía nacional-, abordar así la crisis bancaria, de naturaleza sistémica, entraña un riesgo civilizatorio.
La monumental tensión causada por la dictadura de los acreedores -que paradójicamente son el grupo más apalancado de todos- conlleva una involución antidemocrática. El grado de endeudamiento y la pérdida de soberanía económica de las sociedades periféricas anticipan un escenario muy regresivo para las clases populares.
Esa pérdida de soberanía tiene dos vectores: la supervisión de los presupuestos nacionales para los países «incumplidores» y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del futuro BCE (los fondos sólo se aportarán a cada Estado en función de la cesión de su soberanía en la regulación bancaria) condenaría cualquier alternativa. Por supuesto, del diseño y aplicación concreta del MUS, aún por definir, depende el futuro rescate a la deuda soberana de España e Irlanda.
En suma, la unión bancaria puede, transitoriamente abordar crisis particulares del sistema bancario, merced a mecanismos de socialización de las deudas privadas, pero no será capaz de atajar la contradicción principal -la asimetría y envergadura del proceso de desapalancamiento-, y por otro lado contiene un proyecto autoritario liderado por el capital rentista, a riesgo de empujar al abismo a las clases populares a décadas de retroceso material y falta de libertades.