Este título no es casual, a la luz de la experiencia histórica es claro que la democracia y el proceso de construcción europea (UE) constituyen términos y procesos antagónicos.Desde su nacimiento formal como una confluencia entre «iguales» (Unión Aduanera) de seis Estados en 1957 (Tratado de Roma) hasta ahora, la UE se ha ido configurando […]
Este título no es casual, a la luz de la experiencia histórica es claro que la democracia y el proceso de construcción europea (UE) constituyen términos y procesos antagónicos.
Desde su nacimiento formal como una confluencia entre «iguales» (Unión Aduanera) de seis Estados en 1957 (Tratado de Roma) hasta ahora, la UE se ha ido configurando como un ente burocrático, impulsor del control de las multinacionales y oligopolios sobre el mercado y de la confluencia monetaria (euro), pero siempre a costa de la cesión de soberanía de los estados- nación a instituciones, como en particular el Banco Central Europeo o la OTAN, sin control democrático alguno y con plena capacidad para imponerles sus directrices (déficit cero, pacto de estabilidad, regionalización económica…). La «construcción europea» siempre ha sido -en definitiva- un proyecto de las elites económicas y financieras europeas, desarrollado bajo los ritmos y condiciones que, dentro de cada coyuntura, el capital ha podido imponer frente a los trabajadores y a los pueblos. Un proyecto, igualmente, edificado sin o en contra de los mínimos requisitos de cualquier proceso constituyente: el reconocimiento expreso de la soberanía popular y unas formas e instituciones democráticas que la sustancien.
Por eso, por ejemplo, no cabe hablar de un supuesto «déficit democrático» europeo, abonando la falsa impresión de que con reformas y buenas intenciones podría corregirse esta trayectoria secular, del mismo modo que también resulta equívoco el recurrido eslogan de «otra Europea es posible», bajo el actual sistema capitalista internacional y orden imperialista.
Por eso, frente a la manida retórica de una UE amante de la paz y del derecho internacional, defensora de un capitalismo de rostro humano, fomentadora del desarrollo equilibrado de los pueblos o comprometida con la justicia internacional y los derechos humanos, durante las últimas décadas se viene afianzando una muy distinta percepción social sobre el verdadero significado de esta «construcción europea». De hecho, aunque buena parte de las fuerzas políticas y sociales y la totalidad de los poderes económicos, financieros y mediáticos no han cesado de promover con todo tipo de medios este «unión-europeismo», cada vez es más amplia la percepción de la UE, sus instituciones y políticas, como un engendro que se alimenta y refuerza a costa del desmontaje de las conquistas sociales de los trabajadores y la desregulación del mercado laboral, a costa de disolver el tejido productivo e inmiscuirse cada vez más en la vida diaria de sus ciudadanos.
Hablar de UE y democracia obliga, por tanto, en primer término, a resaltar este antagonismo entre dos proyectos y dos aspiraciones que hoy conforma el sustrato principal de la lucha de clases en nuestro continente. Por un lado, el proyecto en curso de una Europa de las multinacionales y los poderes oligárquicos, del capital y la guerra. Por el otro, el de las necesidades y exigencias de los trabajadores y de la juventud europea, de democracia y libertades plenas, de paz y fraternidad entre los pueblos.
En nuestro país, desde la entrada en la CEE el año 86, la conciencia de este antagonismo no cesa de crecer a medida que, bajo gobiernos de distinto signo, los trabajadores y la gran mayoría de la población vienen sufriendo una incesante escalada de recortes de derechos y garantías sociales, desregulación laboral, paro y precarización del empleo, así como el desmantelamiento de ramas y sectores productivos enteros, como es el caso de la agricultura, la industria o los servicios públicos.
Por ello, después de la movilización que en marzo pasado condujo al partido socialista al gobierno, las próximas elecciones europeas del 13 J, así como la perspectiva de una pronta «aprobación» del «tratado constitucional» europeo sólo pueden conducir a un escenario de disyuntiva. Zapatero y el conjunto de fuerzas políticas y sociales que dicen hablar en nombre de los trabajadores y defender los intereses de los pueblos de España tienen ante si la responsabilidad de cumplir los compromisos contraídos, o bien sumarse a la cohorte de gobiernos, partidos europeos y corporaciones sindicales como la CES que sólo aspiran a acompañar la destrucción en curso de las conquistas históricas de la clase trabajadora, incluyendo sus propias organizaciones de lucha y de resistencia.
Antes incluso de estas elecciones europeas ya han comenzado a plantearse en toda su crudeza estas disyuntivas: no se puede retirar las tropas de Irak en nombre de la paz y la fraternidad entre los pueblos mientras, por otra parte, se incrementan los contingentes militares en Afganistán. No se pueden defender las libertades o un diálogo sin exclusiones en el País Vasco y, al tiempo, refundar un pacto antiterrorista con el PP y volver a aplicar la ley de partidos para prohibir la candidatura europea de HZ. No se pueden acatar las directrices de Bruselas sobre la PAC, el cierre de los astilleros o más privatizaciones del sector público y a la vez mantener la confianza del electorado en las actuales instituciones.
Frente a las intensas presiones de los franquistas y de la UE, el gobierno Zapatero está emplazado a defender los intereses y aspiraciones de quienes lo alzaron al poder. La articulación de un movimiento de trabajadores y jóvenes en defensa de la democracia y las libertades, independiente de las actuales instituciones y partidos electorales, es la mejor forma de ayudar a este propósito.
Pero esta estrategia de «frente único», de movilización y agrupamiento en un terreno independiente y de clase, para presionar al poder y para desarrollar un verdadero referente político de los trabajadores, tiene muy poco que ver con las maniobras que hoy se siguen orquestando dentro de los partidos políticos del régimen e intentan capitalizar sus dirigentes, quizás convencidos de que la única posibilidad de pervivencia es entorpecer la unidad de los trabajadores y sus organizaciones de base, ahogar toda salida a cualquier alternativa real de cambio de nuestra sociedad y de las instituciones bajo las que ahora se cobijan.
Las campañas en curso sobre las próximas elecciones europeas del 13 J vuelven a resultar ilustrativas en este sentido. Por ejemplo, dentro de lo que se autocalifica como «izquierda radical», resulta curiosa tanta (justificadísima) insistencia contra un borrador de un proyecto de «tratado constitucional europeo» que se aprobará después de las elecciones y, en cambio, tan escasas alusiones a lo que representan la UE, sus instituciones y políticas, ni siquiera controlables por los parlamentos europeo o nacionales de una u otra legislatura.
Ciertamente, limitar la diferenciación entre las distintas opciones políticas electorales a sus posturas sobre el borrador constitucional, igual que embarcarse en eslóganes puramente posibilistas, nada más que sirve para soslayar, ocultar o ignorar la lucha de clases realmente existente y un antagonismo entre dos proyectos y dos sujetos sociales que, como acabamos de ver, no admite medias tintas.
Frente a la claudicación y las encerronas a que pueden conducirnos tanta ambición en ocupar unos sillones europeos con limitadísima capacidad de influencia sobre las políticas que luego se aplican, por cierto, lo que sigue faltando son opciones independientes y claras, capaces de identificar que es lo que realmente nos jugamos los trabajadores y los pueblos en el inmediato futuro europeo y de defender un proyecto alternativo de sociedad y de civilización.
Los trabajadores y los pueblos del continente necesitamos la democracia y las libertades que la UE y sus instituciones quieren impedir por todos los medios. Aprovechemos las próximas elecciones europeas del 13 J (para conformar un parlamento de «papel mojado») para difundir estas cuestiones y para organizarnos.