Unión Europea y Constitución: ¿cómo nos afecta?

Una encuesta realizada hace unos meses interrogaba a la ciudadanía española sobre su visión de la Constitución y de la ampliación de la Unión Europea. Un 80% se manifestaba de acuerdo con que Europa se dotase de una Constitución, lo que, para muchas y muchos, significa que existe una adhesión al proyecto emanado de la Convención Europea y que, probablemente, será aceptado por los gobiernos sin realizar modificación alguna. El intento de dejar atrás un siglo que hizo de Europa una tierra de trincheras (dos sangrientas guerras mundiales, un telón de acero) y la pérdida de peso frente a potencias políticas y económicas como Estados Unidos pesan mucho a la hora de dar el «sí» a favor de una «Europa unida».

Sin embargo, poco o nada sabemos de la Constitución Europea. De hecho, en la anterior encuesta sólo un 1% de personas supieron decir cuáles eran los objetivos de dicha Constitución. Por tanto, se trata de una gran desconocida. Su apoyo se deriva, no del texto en sí (cuyo contenido no se conoce y que no ha sido difundido), sino de esa idea genérica de una «Europa unida». ¿Representa el proyecto constitucional los anhelos de la ciudadanía de bienestar y de paz?, ¿nos construye una Europa desde y para la ciudadanía?, ¿hay razones fundadas en ese bienestar y en esa paz para decir sí?

Los objetivos de la Constitución Europea (art. 3.1, parte I) hablan de la procura de paz, de bienestar y de afianzamiento de los valores de los pueblos de Europa. ¿Serán estos los principios que se desarrollen en el voluminoso texto? En el mismo artículo, aparecerán ya condicionantes de ese bienestar: la Unión Europea ofrecerá «un mercado único en el que la competencia sea libre y no sea falseada» y «una economía social de mercado altamente competitiva» (art. 3.2 y 3.3, parte I).

La recién ampliada Unión Europea (UE) de la que partimos presenta sus luces, pero también sus sombras: 109 millones de pobres, 32 millones de parados (UE-15), ocho millones de personas que no tienen acceso a «papeles» o una diferencia salarial entre mujeres y hombres del 28% a favor de estos últimos. En 1996 el gasto medio en protección social se situaba en la UE en un 28,4% del PIB para pasar a 27,5% en el 2001.

¿Y qué dice la Constitución europea de los derechos sociales de las personas como educación, acceso a vivienda, pensiones o prestaciones médicas? Estos temas no serán los prioritarios de la Unión Europea, según reza el artículo 12 (parte III), sino «la política monetaria … la política comercial común, la unión aduanera y la conservación de los recursos biológicos». Algunos derechos sociales como la salud o la seguridad en el trabajo se enuncian como objetivos a conseguir, pero siempre que se evite «establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas» (artículo III-104). En cualquier caso, serán los Estados los encargados de establecer y poner en marcha mecanismos para el respeto de esos derechos. Incluso el derecho al trabajo que se reconoce en nuestra Constitución española, queda rebajado en la Unión Europea: las personas no tenemos el derecho a un empleo digno, sino «a trabajar» y a «buscar un empleo» (artículo 15, parte III).

Si la Unión Europea se «desentiende» del bienestar, ¿qué dice y qué impone a los Estados para trabajar por la «paz»? La Constitución europea es clara en este sentido: «Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares. Se creará una Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares» (art. 40.3, parte III); «Los Estados miembros participantes cooperarán estrechamente con la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]» (art. 40.7, parte III). Por último, El artículo III-210 apoya la doctrina de «ataques preventivos» seguida en los últimos años por el gobierno estadounidense en países como Irak o Afganistán al justificar «las misiones de prevención de conflictos» o de «gestión de crisis», y realizar un respaldo genérico a la «lucha contra el terrorismo, incluso mediante el apoyo prestado a terceros Estados para combatirlo en su territorio». Es decir, más que la Europa de la paz, la Constitución nos prepara para la Europa de la guerra.

Por el contrario, los temas económicos sí estarán claros. La independencia del Banco Central Europeo (cuyo objetivo no son el mantenimiento de un bienestar social, sino medidas relativas al establecimiento de una política monetaria «sólida», control de la inflación, del déficit), la apuesta a lo largo de todo el texto por el mantenimiento de un mercado competitivo o la posibilidad de poder privatizar cualquier servicio público, dejan claro que se privilegian los mercados antes que las personas (ver artículos 69 y 70, parte III).

Poco ha intervenido e intervendrá la ciudadanía en la conformación de esta Europa. La Constitución no ha surgido de los parlamentos ni de la sociedad, sino de una convención de notables. No se exige que sea aprobada en referéndums vinculantes. Será, probablemente, aprobada rápidamente, pero su revisión será prácticamente imposible, pues requerirá que los Estados de manera unánime así lo aprueben. El papel del Parlamento europeo es secundario. Serán los jefes de gobierno reunidos en el Consejo Europeo quienes definan las «orientaciones y prioridades políticas de la UE» (art. 20.1, parte I). Y será la Comisión Europea, nombrada a dedo por los gobiernos, quienes con «absoluta independencia» ejecuten el presupuesto y gestionen los programas de la UE (art. 25.1, parte I).

Desde diversos movimientos sociales planteamos que la ciudadanía tiene derecho a conocer y a expresar su opinión sobre un marco jurídico tan trascendental y que afecta sobremanera a nuestros derechos y libertades como es la Constitución europea. Por ello, el 13 de junio, coincidiendo con las elecciones al parlamento europeo, saldremos a la calle para realizar una consulta social sobre la Europa qué queremos (información de la CSE en www.nodo50.org/cse-madrid), preguntando a la ciudadanía sobre qué derechos sociales y políticos debería refrendar la Constitución, si debería reducirse el gasto militar, entre otras.