Vivimos una sociedad amansada. Pero nos está meciendo un viento de resistencia a tanto despojo hasta ahora impune.
Con el paso del tiempo, la presión de diversos inversionistas ha crecido en nuestro país, pero ya no somos tan inocentes o cómplices.
La forestación y el agua parecen ser dos atractores fundamentales.
El papel de productores de celulosa asignado en los diseños globales al Uruguay hoy está no sólo a la vista sino reconfigurando toda nuestra realidad territorial, económica y productiva: UPM-exBotnia en el río Uruguay, Montes del Plata en Conchillas sobre el Plata, UPM en Pueblo Centenario sobre el río Negro, ya construidas y en funcionamiento, y con intenciones de establecerse otra planta en Laguna Merim, al este de nuestro país y hasta se habla de una quinta en el litoral atlántico, al sureste. Con lo cual convertirían al Uruguay en el atendedor del P.H. de buena parte del mundo…
La escala es relevante y la gran escala deshace a las economías medianas y pequeñas.
Desde 1984, el accionar de las multinacionales no ha hecho sino acentuarse. Con el auspicio de la ideología progresista, empeñada en confundir el progreso tecnológico y capitalista con el despliegue saludable de las potencialidades humanas, los consorcios transnacionales tuvieron el campo de acción más despojado, si cabe.
Más allá del optimismo inicial por “las grandes inversiones multinacionales”, la total indefensión del país, recubierta de optimismo gracias a un “excelente grado inversor”, con los años, las décadas, vamos viendo el revés de esa trama. No se protege al país, se protege a los inversores y emprendimientos que esas mismas corporaciones transnacionales establecen en el país.
Hay aspectos valiosos también en esas inversiones, como el desarrollo de energía eólica (en un país, el nuestro, que cuenta desde hace un siglo con otra energía renovable de enorme valor ambiental; la hidroeléctrica). Pero el costo de inversión de estas energías renovables, de baja toxicidad, no le ha permitido al país poner a disposición de sus habitantes energía a bajo precio.
La crisis del agua, la acumulación de residuos y su escasa recuperación, el deterioro de la infraestructura vial (que también, a la vez, ha mejorado en los últimos años), constituyen diversos gravámenes a nuestra calidad de vida.
Que de un tren que le ha costado al país miles de millones de dólares, solo veamos la impecable vía nueva que traslada celulosa y productos químicos tóxicos que eventualmente se irán desperdigando por nuestras tierras y suelos, es un dato adverso. Porque en el país se asientan tecnologías nuevas −favorables o desfavorables− pero entre nosotros, su población, aumenta la cantidad de los “sin casa” o sin techo.
Ha aumentado la tasa nacional de mortalidad, y aunque ni las estadísticas ni los analistas alcancen a discernir las causas, es evidente que ése es un signo de deterioro humano y de que no vivimos mejor.
Lo mismo tenemos que decir ante las progresivamente menguadas tasas de natalidad.
Solo los animales en cautiverio, las especies en peligro de extinción, la fauna afectada por diversas zoonosis, presentan disminución poblacional.
Y nosotros, sociedad humana, ¿somos tan distintos?
Llegamos al siglo xxi y nos acosan propuestas, todas ellas “tentadoras” y “formidables” de enormes beneficios… para sus inversores. Refrigeración de archivos-e, elaboración de metanol, hidrógeno verde (una estimación para este último producto habla del insumo de 4400 m3 de agua por día para su plan de producción estimado en 84 000 toneladas de combustible anual). ¿Podemos permitírnoslo? Segunda pregunta: ¿desde el acuífero Guaraní?
La pandemia Covid nos dejó un sabor amargo con la obligatoriedad de hecho de vacunas que eran expresamente voluntarias, y para colmo, ingresadas al país como material secreto (comercial), como si los dividendos fueran más importantes que la salud.
Conceder la administración del puerto de Montevideo (el principal por no decir único del país) por más de medio siglo a una empresa belga. 60 años. 12 presidencias. Constituye un abandono de soberanía…
O el “regalo” del país (no elegido por el país) de más de 120 millones de litros diarios a UPM (12000 m3 de agua por día) en el río Negro. Agua que devuelven “enriquecida” con un número innegable de sustancias tóxicas.
Si se hace una compulsa, estoy seguro que mucha gente no va a aplaudir a los agricultores hipermodernos que implantaran en 2021 trigos transgénicos en Uruguay (y en Argentina), únicos países del mundo que han optado por tales granos.
Y en este panorama, cuando más población advierte la jugada de esa UTE., unión transitoria de empresas, compuesta por SACEEM, Berkes, CIEMSA y Fast, de haberse “inventado” una gran tarea, un gran negocio, de muchos cientos de millones de dólares, a la vista de la crisis de agua corriente que ha ido carcomiendo a OSE, a sus cañerías mal mantenidas y a la confianza excesiva en las bondades de nuestra agua potable, al novel presidente Yamandú Orsi sólo se le ocurre apelar al valor de la palabra empeñada por el estado uruguayo. Una palabra dada por un presidente, Lacalle Pou, que ha mostrado las más de las veces afinidad con los titulares de la sartén “y del mango también”.
Orsi acaba de concurrir al Latin Annual Meeting, de Punta del Este, para señalar que así “se demostró la certeza jurídica de Uruguay”.
¿Qué es la tan invocada certeza? Es aquella consigna que cuando alguien consigue, “por la razón o la fuerza”, por contactos y fuera de toda evaluación objetiva, algo, “arranco un pelito y lo tiro al campito” y ese negoción queda prendido como garrapata. No importa que, consultados quienes saben, sean todos ellos escépticos o críticos.
Con esa alusión, Orsi le acaba de decir a quienes pergeniaron el proyecto Neptuno o Poseidón, que está en pie, en orden. Que podríamos llegar a cambiar en algunos km la distancia de la toma, o del pólder. Pero que la ideota de extraer agua para potabilizar del Río de la Plata, por más salobre o contaminada que esté, quedará en pie. Ya habrá segundas etapas donde, agregando costos, se podrá depurar mejor o desalinizar (ya tenemos empresas en ristre esperando tales momentos).
Orsi tendría que explicar qué es lo errado del partido tomado hasta ahora de considerar al Santa Lucía, la mejor opción.
Claro que la cuenca del Santa Lucía no pudo aguantar la combinación de sequía y varios cientos de suministros a agroindustriales que ahorraban costos recibiendo agua de OSE en lugar de forjar sus propias fuentes de suministro (todo eso, legalizado por la dudosa Ley de Riego de 2017).
El presidente Orsi estuvo en el encuentro anual latino, en rigor denominado Latin Annual Meeting, con sede en Punta del Este.
Aunque nos resulte arduo saber encuentro de qué. Porque reunirse por ser latinos y comunicarse en inglés, no resulta del todo… ¿no? Un Latin Annual Meeting, que por los videos que han dejado traslucir −con bailes, juvenilia y casamiento por iglesia− parece muy festivo, no me resulta el ámbito más adecuado para encarar y valorar decisiones, como el suministro de agua potable a la población de todo un país, nada menos.
Orsi aparece flanqueado por los expresidentes Julio M. Sanguinetti y Vicente Fox. Al perfil ideológico del Latin Annual Meeting parece quedarle a la derecha, sólo la pared.
¡Quién te ha visto y quién te ve! ¿A qué responde tamaña conversión ideológica?
En ese encuentro, Orsi resaltó el recurso a la palabra empeñada… por otros. Como si el poder ejecutivo de un país fuera un continuum.
“La palabra vale y los compromisos que el Estado[sic] asume se cumplen”, dijo.
¿Cómo entender que la palabra de un Sanguinetti, de un Lacalle Pou, de un Orsi son todas continuas y por lo tanto intercambiables?
En otros tiempos, la palabra de alguien tenía que ser coherente en primer lugar consigo mismo, en segundo lugar con sus compañeros, pero no necesariemente con quien ocupara el mismo lugar, digamos el presidencial. Se podía coincidir, o no. Si se coincidía, se seguía la misma política. Si no se coincidía, se trataba de instrumentar otra.
El pasado otorga muchas lecciones. Con mucha precisión, Adriana Cabrera Esteve nos recuerda que el plebiscito de 2004 estableció que el servicio de agua potable a la población del Uruguay debía ser público y que eso obligó a cancelar las concesiones a empresas privadas en Maldonado. Que ya estaban concedidas. ¡Que ya estaban “con certeza jurídica”! usando la expresión del actual presidente.
Con lógica impecable, Cabrera se pregunta por qué si Vázquez lo hizo no debería hacerlo Orsi.
La idea del ‘hilo jurídico intocable’ no es sino una humorada de mal gusto para cubrir con presunta legalidad aspectos cruciales que, como tales, deberían ser discutibles.
El actual presidente convoca, para encarar el proyecto de la UTE., a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a los ministerios de Ambiente y Economía y Finanzas y a OSE. No convoca a los diversos organismos, universitarios, por ejemplo, o redes sociales de cuidado ambiental que justamente conocen del tema y (pero) se han opuesto al proyecto.
Orsi inclina deliberadamente la cancha a favor de la UTE encabezada por el ing. Alejandro Ruibal. El gobierno opta así contra el conocimiento y por el interés crematístico.
Cierta insistencia en reclamar cambios renegociando el contrato firmado primariamentre por el gobierno anterior, para modificar, por ejemplo, el sitio de la toma sobre el río, resultan cambios cosméticos a los cuales los empresarios de la UTE se avendrán con regocijo.
Pero, ¿qué significaría rescindir un contrato tan peculiarmente firmado, como se dice habitualmente, entre gallos y medianoche?
No soy jurista pero entiendo que se trata de un contrato apenas firmado (aunque la UTE ha procurado acumular hechos consumados para afianzar el compromiso). Una rescisión sería prácticamente ab ovo; no se afectarán grandes obras ni, consiguientemente grandes inversiones. Pondrá apenas sobre el tapete la inconducta del gobierno anterior, que tiró la piedra y escondió la mano. Sabemos que los proyectistas frustrados podrán llevar el asunto al ámbito internacional; un juez del país podría laudar la anulación de tan peculiar resolución tomada por un gobierno que ya no “gobernaba”. Pero aun en el ámbito internacional podrá haber factores políticos en juego no todos a favor del proyecto Ruibal.
Como bien remata Hoenir Sarthou una nota sobre este mismo tema: “Una parte [cada vez más] importante de la población empieza a percibir la gravedad de esos contratos, que entregan nuestra agua, nuestra tierra, nuestros puertos, nuestra salud, nuestro dinero.”
Y Adriana Cabrera Esteves remata su nota advirtiendo “sobre qué tipo de desarrollo apostamos. Uno que jerarquice las inversiones extranjeras [o privadas] a costa de nuestra soberanía para mantener los equilibrios macroeconomicos, o un desarrollo que asegure la sustentabilidad.”
Romper entonces el cerco que estos diferentes actores trasnsnacionales nos han estado tendiendo, deliberada o espontáneamente, achicándonos lenta pero sostenidamente: con las zonas francas, con la extracción “graciosa” de agua, con contratos secretos e inapelables. Con la dictadura del capital, en suma.
¿Seguimos “cinco siglos igual”?
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