El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, advirtió a los legisladores del riesgo de que el sistema se sobrepueble si la Luc se aprueba tal como ha sido presentada. Al dar a conocer un nuevo informe, que vuelve a exponer las condiciones bárbaras de las cárceles uruguayas, Petit aseguró que un eventual aumento de la tasa de encarcelamiento podría condenar al sistema a una “ineficiencia definitiva”. Propuso integrar al proyecto un artículo que responsabiliza civilmente al Estado de las condiciones de los presos. Nadie recogió el guante.
“Gigantesco”, “inhumano”, “degradante”, “infinanciable”. Estos fueron algunos de los adjetivos que eligió Juan Miguel Petit el martes de mañana, cuando presentó –junto con docentes de la Udelar (Universidad de la República9 – el informe que sintetiza el estado de situación en 2019 de las cárceles en el país.(1) Ese mismo día, de tarde, acudió a la comisión especial de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto de la ley de urgente consideración (Luc). Y, en los mismos términos, previno a los legisladores sobre las nuevas malas noticias del sistema.
Es la primera actualización de información luego de que, meses atrás, naufragara un proyecto de ley presentado en 2018 por el Ministerio del Interior (entonces todavía al mando de Eduardo Bonomi) que proponía “reorganizar” las políticas carcelarias en todo el país. El texto planteaba, entre otras cosas, restituir la rectoría de las políticas carcelarias a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Según académicos y actores del sistema, significaba, más bien, un cambio organizacional que dejaba intacto el paradigma de trabajo. La discusión se diluyó con el fin de la legislatura.
Sin embargo, al haber surgido a instancias de un acuerdo multipartidario, no se descarta que aquella iniciativa regrese en el mediano plazo; por ejemplo, una vez que la ley de urgencia haya sido aprobada. De momento, el proyecto de la Luc plantea cambios que propiciarían –según sus críticos– una inflación penal en el sistema judicial, con muy probables efectos negativos inmediatos en relación con el eventual aumento de la tasa de encarcelamiento.
Similares consideraciones figuran en el documento que el comisionado repartió el martes entre los legisladores: “Entiendo que debe cuidarse, al pensar el resultado final de la acción legislativa, en no impulsar mecanismos que, como artículos o piezas aisladas, pueden ser razonables o atractivos para la preocupación que nos genera el delito, pero que sumados produzcan un sistema penal de enorme magnitud, sobrepoblado, de cerrado funcionamiento y sin alternativas lógicas y cuidadosas a la privación de libertad”.
Malas nuevas
Uruguay sigue siendo uno de los países con más presos del mundo en relación con su población. En América Latina está en la cima del ranking. En América del Sur sólo es superado por Brasil. En lo que va del siglo XXI –según el informe– la población carcelaria uruguaya se triplicó, aunque el país no haya sufrido “guerras o enfrentamientos civiles recientes” y tenga “muy buenos indicadores de desarrollo humano, clara disminución de la pobreza y la indigencia en los últimos años, amplia cobertura institucional en políticas sociales, sin conflictos étnico-raciales, con una cultura relativamente homogénea e instituciones políticas democráticas y estables”. “Algo insólito”, afirma el texto.
A diciembre de 2019 teníamos a 11.574 personas privadas de libertad. Cuando el informe fue editado, en enero, eran 11.732. Hasta este martes eran 12.016. La tasa de prisionalización, que también aumenta, es de 340 personas cada 100 mil habitantes. El aumento de la cantidad de presos tuvo una breve interrupción a fines de 2017 –presumiblemente relacionada con el nuevo Código del Proceso Penal (Cpp)–, pero inmediatamente retomó la curva. Actualmente la cifra está en su máximo histórico: el país nunca tuvo más personas tras las rejas.
El número que parece disminuir es el de personas presas sin condena (la “incertidumbre procesal”). La cifra, todavía alta, ronda el 22 por ciento: históricamente –según el informe– ha sido de alrededor del 70 por ciento del total, un factor que el comisionado también atribuye a la entrada en vigencia del nuevo Cpp. En promedio, el 65 por ciento de las personas que salen de la cárcel reinciden en delitos. El mayor riesgo de reincidencia se concentra en los varones que están presos en las grandes cárceles de la zona metropolitana y tienen entre 30 y 34 años.
La mayoría de los presos son varones. Pero hay 670 mujeres presas (y 21 mujeres trans): la mayoría cometió delitos leves como estrategia de supervivencia extrema. En el sistema hay, además, 46 niños que viven recluidos junto con sus madres y 15 mujeres embarazadas. La mayor parte de los presos son jóvenes: según el Inju (Instituto Nacional de la Juventud) casi uno de cada 100 jóvenes está privado de libertad (0,88 por ciento). Y si tenemos en cuenta sólo a los jóvenes varones, la cifra sube a 1,66 por ciento. Casi la totalidad de la población carcelaria está recluida de manera permanente: apenas el 1 por ciento tiene salidas transitorias.
El 6 por ciento de los varones declaró al Inr (Instituto Nacional de Rehabilitación) no saber leer y el 12 por ciento, hacerlo “con dificultad”. En el caso de la población femenina, esta cifra es del 2 por ciento. Y se eleva al 24 por ciento en el caso de las mujeres trans (“sumadas a las que lo hacen con dificultad, representan el 36 por ciento de la población de su género”, dice el informe). En el total del sistema, el 80 por ciento de las personas que declaran no saber leer, escribir ni calcular tiene entre 18 y 37 años. Sin contar a las cerca de cien personas que cursan carreras terciarias, en promedio, el máximo nivel educativo alcanzado en todo el sistema es el ciclo básico incompleto. La mayoría se quedó en primaria. En cuanto al trabajo, en 2019, del total de las (pocas) personas que desarrollaron algún tipo de actividad laboral, el 78 por ciento no recibió ningún tipo de remuneración, un 12 por ciento recibió un peculio y sólo un 10 por ciento percibió un salario.
Según datos recientes del Inr, casi la mitad de las personas que ingresaron a las cárceles de la zona metropolitana el segundo semestre del año pasado tiene dificultades de salud mental; más de 8 de cada 20 consumen drogas; a más de un 10 por ciento se le diagnosticó algún tipo de discapacidad, y un 7 por ciento corre el riesgo de intentar autoeliminarse. Petit reclama que Asse (Administración de los Servicios de Salud del Estado) asuma la cobertura de la totalidad del sistema (actualmente el 65 por ciento de la población cuenta con la asistencia de salud pública). Argumenta –como dato ilustrativo– que la tasa de tuberculosis es de 28,6 cada 100 mil habitantes, mientras que en las cárceles asciende a 742.
Actualmente se considera que solamente el 27 por ciento de la población cuenta con buenas posibilidades de integración social. Para el resto, el sistema no ofrece garantías claras. Al 26 por ciento el Estado le proporciona condiciones “insuficientes” y la mayoría (un 46 por ciento) directamente se encuentra en condiciones que el derecho internacional califica como “crueles, inhumanas y degradantes”: encierro prolongado, falta de acceso al patio, ausencia de oferta educativa y recreativa, hacinamiento, pésimas condiciones edilicias, altos niveles de violencia y nulo rol educativo de los operadores penitenciarios.
Respecto a la densidad poblacional del sistema, el informe remarca: “Durante 2018 y tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo, a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento (tendencia característica de las últimas décadas) y la densidad se encuentra hoy en día al 100 por ciento. Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular”.
En 2019 murieron 44 personas bajo custodia; en 2018, 37. De esas muertes, 31 fueron violentas (20 homicidios, nueve suicidios y dos fallecimientos por “otras causas”). Desde que existe el registro (2005), la cifra de muertes violentas es de las más altas, solamente superada en 2016, que registró 32 fallecimientos. Al margen de ello, el informe es tajante: toda muerte ocurrida en las cárceles “es sospechosa de criminalidad y de responsabilidad del Estado”, una afirmación más severa que las registradas en informes anteriores.
El comisionado todavía se resiste a adjetivar como “tortura” la situación en la que está sumida buena parte del sistema, en el entendido de que esa definición jurídica no se ajusta específicamente a lo que padece la mayoría de las personas recluidas. Apunta: “Las condiciones generales de reclusión o la situación de una unidad o sector, entendemos, no pueden calificarse como tortura, ya que no son una conjunto de actos determinados por una finalidad, sino por una decadencia estructural de un servicio con vulneración de derechos y generación de penurias. Son, entonces, trato cruel, inhumano o degradante”.
Golpe de gracia
Antes de la comparecencia de Petit en la comisión que estudia la Luc, los legisladores contaban con las 137 páginas del informe y un documento especial de 22 páginas sobre la Luc y sus posibles consecuencias en el sistema. En este último, la Oficina del Comisionado planteaba su discrepancia con 19 artículos del proyecto que, a su entender, pueden “sobrepoblar, colapsar y hacer infinanciable el sistema”. Y afirmaba: “En palabras simples, que no sea peor el remedio que la enfermedad, al generar efectos no deseados, como lo sería un mayor crecimiento del sistema carcelario que lo condenaría a una ineficiencia definitiva o casi terminal”.
Luego de una larga exposición, las intervenciones fueron breves. En cuanto a la oposición, el senador Eduardo Bonomi (Movimiento de Participación Popular) reeditó una discusión con Petit sobre la obligatoriedad del trabajo (que el exministro defiende y el comisionado considera un derecho más que una obligación). El senador Óscar Andrade (Partido Comunista) manifestó tener una “particular preocupación” por los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley y los presos que prefieren trabajar “soportando cualquier cosa” en lugar de estar “23 horas encerrados”. La senadora Amanda della Ventura (Vertiente Artiguista) citó el best seller La inteligencia emocional, del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, porque, argumentó, para discutir del tema es necesario tener una “sensibilidad” que “apueste al ser humano”.
En cuanto al oficialismo, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) recordó “experiencias preciosas con menores infractores en Cerro Largo”: “Más allá del rechazo social que conlleva el hecho de que la sociedad tenga que mantener vagos delincuentes –esa es la expresión más común que encontramos en el decir diario–, si consideramos que el que cometió un delito está enfermo de algo, entonces tiene la obligación de tratarse”. La senadora Graciela Bianchi (Todos) discutió con la senadora Della Ventura, recalcó que en su calidad de legisladora no votó el aumento de penas (“yo voté el No a la Baja”) y le preguntó al comisionado “cómo rompemos este círculo”. “Sé que es una pregunta difícil, pero estoy cansada de escuchar que no tenemos recursos […]. ¿Cómo salimos de esto de una manera rápida?”, cuestionó. El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) fue conciso: preguntó por “el estado material de los establecimientos de detención”, cuya respuesta está detallada en todos los documentos que se ofrecieron como insumo.
El texto presentado por Petit a los legisladores, además de discrepar con gran parte del capítulo 1 de la Luc, propone modificaciones e incluso integrar artículos nuevos al proyecto. Uno de ellos establece que el Estado sea “responsable civilmente de los perjuicios y daños físicos o vitales que sufran esas personas durante la reclusión, como ser muerte, lesiones graves o gravísimas o enfermedades invalidantes como consecuencia de la no atención de las mismas, que sean resultado directo de la omisión pública en asegurar condiciones físicas de reclusión razonables y planes de tratamiento mínimos”. No se discutió.
Nota
- Junto con Petit participaron Rodrigo Arim, rector de la Udelar; Ana Vigna, investigadora del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia, de la Facultad de Ciencias Sociales; Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho; Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, y Gabriela Pasturino, coordinadora del equipo de la Csic que trabaja con estudiantes privados de libertad.