Por si acaso, no estamos hablando del clima ni lanzando una campaña promocional para hoteles en las hermosas -y ojala mejor cuidadas- playas de nuestra costa norte. Estamos hablando de los conflictos sociales en torno a la minería en regiones como Lambayeque y Cajamarca. Hasta fines del 2012, la cosa parecía más o menos en […]
Por si acaso, no estamos hablando del clima ni lanzando una campaña promocional para hoteles en las hermosas -y ojala mejor cuidadas- playas de nuestra costa norte. Estamos hablando de los conflictos sociales en torno a la minería en regiones como Lambayeque y Cajamarca.
Hasta fines del 2012, la cosa parecía más o menos en calma. En Lambayeque, departamento con ninguna actividad petrolera y casi nula actividad minera, no había experiencia de este tipo de conflictos que abundan a todo lo largo y ancho del país. Mientras que en Cajamarca, desde que a mediados del año pasado el Presidente de la Empresa Newmont de visita en el Perú y el recientemente estrenado Premier Juan Jiménez coincidían en el anuncio de la suspensión de la proyecto Conga y que mientras mejoraban las condiciones para desarrollarlo, se limitarían a avanzar en las obras hídricas ofrecidas a la población.
Claro, en Cajamarca todo mundo sabía y sabe que esa es una gran mentira pues esas obras hídricas son parte vital del proyecto, el que siempre estuvo diseñado para comenzar precisamente con ellas. O sea, eso de suspensión nadie se lo tragó allá y la resistencia continuó con vigilias en las lagunas y otro tipo de actividades menos vistosas.
Pero, de todas maneras, el conflicto parecía haber amainado y en Lambayeque no había señales visibles de mal tiempo.
Sin embargo, temprano en enero, declaraciones del Ministro Jorge Merino en el sentido de que en este año los proyectos Conga y Tía María (en Tambo, Arequipa, paralizado por la población con costo de muertos y heridos a fines del 2010) salían adelante de todas maneras.
Estas declaraciones encendieron las alarmas y las dirigencias ronderas han reaccionado ante lo que leen como una provocación. En respuesta, en una reciente reunión del Comando Unitario de Lucha han decidido convocar a una consulta popular en las provincias de Celendin y Hualgayoy. Y este fin de mes se reunirán las organizaciones sociales de la provincia de Cajamarca para ver si se suman a dicha consulta.
Vemos pues que en torno a Conga, la cosa se calienta nuevamente. Pero, no se trata solamente de Conga. En días recientes, dos otras noticias relacionadas con la minería han impactado Cajamarca, y en esta oportunidad sobre todo en la población urbana.
Por un lado, el diario El Comercio de Lima recoge denuncias de las autoridades del Distrito de Baños del Inca, en la provincia de Cajamarca, sobre cómo las operaciones de la empresa Yanacocha en sus proyectos Carachucho y Chaquicocha atentan contra el acuífero de la Shacsha, no respetan las áreas protegidas declaradas como tales desde el 2006 por Ordenanza Municipal, y amenazan con secar las fuentes de agua que abastecen a los Baños del Inca. La población y las autoridades locales del distrito han puesto el grito en el cielo y han anunciado su oposición frontal a ese proyecto mientras que en la ciudad de Cajamarca en general se teme un daño irreparable a un símbolo de la ciudad y uno de los capitales turísticos más importantes de la región.
Al mismo tiempo, una investigación periodística de Ideele Reporteros destapa las presiones de la misma empresa Yanacocha sobre la Autoridad Nacional del Agua para lograr su opinión favorable a dos ampliaciones de sus operaciones, esta vez justo al borde del Río Grande a 18 kms de la ciudad de Cajamarca. El problema es que -de acuerdo a documentos
oficiales- Yanacocha solamente ha levantado 13 de las 17 observaciones que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha hecho al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa para este nuevo tajo. El tema central es Yanacocha quiere descargar al Río Grande (que provee la mayor parte del agua que se consume en la ciudad de Cajamarca) aguas tratadas de Calidad Ambiental 3, que son solamente aptas para consumo de ganado y cultivos de tallo alto, pero no para la gente. En esta propuesta contenida en su EIA, Yanacocha ignora que desde el año
2008 la legislación sobre la materia prohíbe descargar en cursos de agua para consumo humano aguas tratadas que son de Calidad Ambiental 3 y busca acogerse a regulaciones posteriores que daban a operaciones ya en curso -no a operaciones nuevas como esta- plazo hasta el 2014 para adecuarse. Peor aún, sus propuestas dicen que culminarán su adecuación el 2018, fecha para cuando las actividades en estos nuevos tajos ya habrán terminado!
Nuevamente, la población urbana de Cajamarca se siente amenazada por una actividad minera sobre el cauce mismo del Río Grande que la abastece de agua y que el Ministro Merino quiere sacar adelante contra la opinión de las autoridades de la ANA.
Me da la impresión de que en Cajamarca en esta oportunidad se va a combinar una amplia movilización rural en las provincias de Celendín y Hualgayoc para sacar adelante la consulta sobre Conga mientras que la ciudad se puede mover contra estas dos nuevas iniciativas de Yanacocha, tal como se movió años atrás -de manera exitosa- para paralizar el ingreso de Yanacocha al Cerro Quilish, acuífero de la ciudad.
Y mientras la temperatura iba subiendo en Cajamarca, en Lambayeque estalló el conflicto entre la Comunidad de San Juan de Kañaris y la empresa minera canadiense Candente Cooper, en torno al proyecto Cañariaco.
A estas alturas del partido, se trata de un guión ya conocido: la empresa obtiene una concesión de la cual las poblaciones y autoridades locales no saben nada; prepara y presenta y logra la aprobación de un Certificado Ambiental para iniciar actividades de exploración que incluye una consulta comunal con 700 votos a favor; logra el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas (cuando no!) e inicia las actividades de exploración.
Pero la comunidad hace su propia consulta, participa el doble de gente y registra un voto abrumadoramente contrario al proyecto, y se lanza a protestar con movilizaciones que rodean la empresa y bloqueos de caminos. Hay enfrentamiento con la policía, rumores de fallecidos que felizmente no resultan ser ciertos, pero un lamentable saldo de heridos graves. Se instalan Mesas de Diálogo pero no hay acuerdos, pues la población local exige que se toque el tema Cañariaco y se saque a Candente Cooper de la zona para poder comenzar a dialogar sobre el desarrollo del distrito.
En este caso, el tema se complejiza porque hasta el diario El Comercio de Lima, insospechable de posiciones antimineras, denuncia que el procedimiento seguido para aprobar la «consulta» hecha por la empresa ha sido irregular, mientras que la Defensoría del Pueblo le recuerda al gobierno que San Juan de Kañaris es un pueblo indígena y que, por tanto, es necesario aplicar la nueva Ley de Consulta.
No sé si habrá Fenémeno de El Niño este año, pero de hecho ya estamos -en el Norte- en un verano caliente.
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* Carlos Monge, dirigente del Movimiento Tierra y Libertad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.